Las negociaciones por la ley de presupuesto 2025 se estancaron este mediodía en un punto muerto. El ministro de Economía, Luis Caputo, le avisó a los negociadores de Pro –aliados del oficialismo– que no está dispuesto a ceder al petitorio de cinco puntos que elevaron los mandatarios provinciales de Pro y la UCR, situación que caldea los ánimos con vistas a la reunión de urgencia convocada para esta tarde por los 24 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La intransigencia del ministro Caputo cayó como una pésima noticia en el bloque de diputados de Pro y de la UCR, los dos bloques dialoguistas que venían negociando con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la letra fina del proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso. Ante la renuencia del Gobierno a ceder a modificaciones, los opositores dialoguistas acordaron no apurar el dictamen en la Comisión de Presupuesto y esperar a que los gobernadores –en el encuentro en el CFI– definan qué postura tomar.

Los diez gobernadores de la UCR y Pro reclaman que la Nación coparticipe aquellos recursos tributarios que actualmente no reparte y que, enfatizan, corresponden a las provincias. Apuntan, por caso, al impuesto a los combustibles, que el año próximo tendrá una recaudación récord: los mandatarios proponen eliminar las afectaciones específicas cuya recaudación está destinada a obras viales y de transporte, pero que el Gobierno subejecuta. Solicitan que esos recursos mantengan ese destino, pero que sean administrados por las provincias.

Asimismo, piden acordar un mecanismo que garantice el financiamiento de las cajas provinciales previsionales no transferidas, que este año no recibieron un peso de la Anses por las demoras en la realización de las auditorías correspondientes que la propia Casa Rosada puso como condición para realizar los pagos. El Gobierno, sin embargo, no se mueve de los $254 millones asignados en el proyecto de presupuesto, un monto que, a juicio de los mandatarios, debería triplicarse.

Además, reclaman el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.

“Si coparticipamos todos estos fondos, [el gobernador de Buenos Aires, Axel] Kicillof se va a llevar una montaña de recursos el año próximo”, es el argumento que esgrimen desde el Palacio de Hacienda, desde donde avisaron que no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con la Nación.

Los mandatarios provinciales, sobre todo los enrolados en Pro y la UCR –cercanos al Gobierno– están acorralados por los tiempos. Para ellos es imperioso que el Congreso sancione antes de fin de año una ley de presupuesto que les dé certezas sobre las transferencias corrientes y de capital (obras públicas) que recibirán el año próximo. Una nueva prórroga –la segunda consecutiva de un presupuesto, una medida inédita en los anales parlamentarios– los dejaría a merced de la discrecionalidad del Gobierno en el manejo del gasto, como sucedió este año.

El panorama se complica porque restan apenas dos semanas para el final del año parlamentario; si no hay dictamen ni sesión la semana próxima por falta de acuerdo, los legisladores se quedan sin tiempo material para poder emplazar al oficialismo a discutirlo en el recinto.

Una de las pocas herramientas de presión que podrían blandir los gobernadores es la amenaza de rechazar en el Congreso el decreto 846/2024, que le permite al ministro Caputo realizar canje de deuda en moneda extranjera sin las ataduras que fija la ley de administración financiera y sin necesidad de aprobación del Congreso. Se trata de una herramienta clave en la estrategia de Caputo frente a los vencimientos del año próximo.

Frustrado el primer intento por dejarlo sin efecto el martes pasado –por la presión feroz que ejerció el oficialismo sobre varios gobernadores–, la oposición más dura quiere volver a la carga con una nueva sesión la semana próxima. Habrá que ver si los mandatarios provinciales se atreven esta vez a llevar la pulseada a todo o nada.