¿Javier Milei va a seguir gobernando con un presupuesto elaborado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? En un giro inesperado, el oficialismo decidió este martes suspender la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que estaba prevista para las 15, y que tenía una misión muy importante: emitir los dictámenes para tratar el proyecto, el primer presupuesto del presidente anarcocapitalista, este miércoles, en el recinto, con el fin de darle media sanción. Hasta ahora, todo parecía encaminado hacia ese desenlace. Pero no.

La cancelación, avisada a último momento por el presidente de la comisión, el diputado José Luis Espert, al resto de los integrantes de la comisión, es una muestra más de la debilidad del oficialismo y de su incapacidad para llevar las negociaciones a buen puerto.

Este movimiento, que sorprendió incluso a sectores aliados de La Libertad Avanza, es un indicador de que todavía no está nada acordada la letra e hizo que volvieran los fantasmas del fracaso de la ley ómnibus, que terminó siendo aprobada con la mitad de los artículos con que había sido originalmente redactada por la Casa Rosada y en seis meses: ni la Convención Constituyente de 1994 demoró tanto tiempo en redactar la carta magna; lo hizo en tres meses.

Este miércoles vence por reglamento el plazo para que se puedan emitir dictámenes de comisiones, es decir que las posibilidades de avanzar hacia un consenso se desvanecen, dejando al Ejecutivo frente a la posibilidad de prorrogar el presupuesto actual —es decir el Presupuesto 2023, que elaboró Sergio Massa en 2022 en carácter de ministro de Economía— por segundo año consecutivo, lo que no ha ocurrido jamás en la historia institucional argentina.

Esto, por un lado, le permitiría al gobierno de Milei una aún mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, sería una pésima señal hacia los inversores, que aún dudan de la estabilidad política del gobierno libertario, de sus propuestas y de si estas podrán llevarse a cabo en la situación de hiperminoridad de su joven partido político. Milei necesita que a la Argentina ingresen dólares e inversiones, pero para eso los inversores necesitan confianza. ¿Qué señal les deja la imposibilidad de aprobar su presupuesto, que no por nada en la Argentina es llamado en la jerga política como “ley de leyes”? Un presupuesto que, dicho sea de paso, no ha sido defendido por el ministro de Economía, Luis Caputo, pese a que los diputados reclamaron insistentemente su presencia en el Congreso.

Sin embargo, Milei podría convocar a sesiones extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2025 en el temario, para que el Congreso pueda tratarlo a partir de diciembre, ya que el sábado 30 vence el período ordinario de sesiones del Congreso.

La irresolución de un texto de consenso sobre el Presupuesto 2025 se centra en las demandas de los gobernadores provinciales, quienes exigen mayores recursos y la atención de deudas históricas. Entre los puntos críticos se encuentran la coparticipación de impuestos, la distribución del excedente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el pago de deudas relacionadas con cajas previsionales no transferidas a la Anses. Estas cuestiones generaron fricciones con el Gobierno, que se muestra reticente a introducir modificaciones al proyecto original.  

El jueves pasado, las conversaciones con los gobernadores aliados llegaron a un punto muerto cuando el ministro Caputo rechazó propuestas presentadas por los representantes de PRO y la UCR. A esto se sumó el descontento de los mandatarios provinciales, quienes en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) expresaron su frustración por la falta de respuestas desde Casa Rosada.  

Los gobernadores exigen, entre otras cosas, la devolución de un 1,9% de la coparticipación que financiaba a la ex-AFIP, ahora ARCA, así como la inclusión de recursos del impuesto a los combustibles y compensaciones relacionadas con el Pacto Fiscal de 2017. Estos reclamos buscan asegurar recursos críticos para las provincias en un contexto de creciente presión fiscal.  

La suspensión de la reunión también golpea a los bloques de PRO y la UCR, quienes venían trabajando en un dictamen propio que contemplara las demandas de los gobernadores. Según trascendió, estos sectores confiaban en avanzar hacia una propuesta alternativa que equilibrara intereses, pero la maniobra oficialista los dejó sin margen de acción.  

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, habían mantenido encuentros con legisladores opositores para explorar puntos de acuerdo. Sin embargo, la decisión unilateral del oficialismo de cancelar la reunión dejó a estos actores en alerta. José Luis Espert, presidente de la comisión, anunciará los motivos de la suspensión en una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.  

Si el Ejecutivo no convoca a extraordinarias en diciembre, el Congreso cerrará sus puertas el 30 de noviembre. Este contexto abre la puerta a una nueva prórroga del presupuesto vigente, lo que permitiría al presidente Javier manejar el gasto público mediante decretos de necesidad y urgencia.

El correo que notificó la suspensión tomó por sorpresa a los diputados, incluyendo a bloques aliados que no estaban al tanto de la jugada. La falta de comunicación y la ausencia de voluntad para negociar profundizaron el desencanto de los mandatarios provinciales, quienes consideran que sus reclamos fueron ignorados sistemáticamente. 

JJD