La inversión bruta cae un 11,4% interanual en febrero, cuatro meses consecutivos en rojo, mientras el debate entre anti-inflación y reactivación fractura la ortodoxia liberal. Los datos señalan una economía que estabiliza precios destruyendo capacidad productiva futura.

Los números de febrero no admiten lectura benévola: la inversión bruta interna cayó 11,4% interanual en volumen físico, acumulando cuatro meses consecutivos de contracción —noviembre (-3,4%), diciembre (-1,3%), enero (-6,6%) y febrero (-11,4%)— con un nivel de apenas US$ 6.519 millones en el segundo mes del año, el segundo registro más bajo en 15 meses. El dato no es coyuntural. Es estructural. Y revela la contradicción central del programa de estabilización en curso: se está ganando la batalla de la inflación sacrificando la base reproductiva de la economía real.

La consultora Orlando Ferreres & Asociados desagregó el deterioro con precisión quirúrgica. Maquinaria y Equipos retrocedió 18,3%, con bienes de capital importados derrumbándose 23,9% interanual. Los bienes de capital de origen nacional cedieron 9,2%. La construcción, por su parte, anotó una contracción del 2,3%, aunque su menor ritmo de caída en la serie reciente fue presentado como dato alentador —señal de cuán bajo está el umbral de expectativas.

La heterogeneidad sectorial es elocuente desde una perspectiva desarrollista: los sectores extractivos vinculados a energía, minería y agroindustria mantienen dinamismo inversor, mientras las ramas orientadas al mercado interno —manufactura, construcción, bienes de capital nacionales— operan en zona de contracción. Es la estructura dual del rentismo aplicada a la formación de capital: los sectores de renta diferencial invierten; los sectores que generan empleo y complejidad productiva, no.

Se está ganando la batalla de la inflación sacrificando la base reproductiva de la economía real.

El debate conceptual que irrumpió esta semana en la agenda económica no es académico: es político y distributivo. La tensión entre priorizar la desinflación acelerada versus sostener la actividad reproduce, en versión criolla, el dilema que recorrió todas las estabilizaciones latinoamericanas exitosas y fallidas.

La evidencia comparada —analizada recientemente por Barclays en su informe de junio 2025— es contundente: en los planes de estabilización exitosos, la mediana del deterioro de cuenta corriente fue de 6 puntos del PBI en dos años, asociada a una explosión importadora de demanda reprimida. Argentina ya exhibe ese patrón: importaciones creciendo 34% interanual, autos importados +114%, bienes de capital +70%. El problema es que ese boom importador no vino acompañado de inversión productiva doméstica —vino acompañado de consumo suntuario y turismo emisivo +140% interanual.

La diferencia no es menor: en las estabilizaciones que terminaron bien, la demanda reprimida se canalizó hacia formación de capital. En Argentina, se está canalizando hacia importaciones de consumo y dolarización de portafolios.

La incorporación de un economista académico de trayectoria regional al equipo asesor del gobierno encendió señales de un posible giro de énfasis. Su diagnóstico —basado en la experiencia de estabilización uruguaya de los años '90— es que fijar como objetivo una desinflación acelerada a un dígito anual, usando el ancla cambiaria y tasas elevadas como instrumentos, genera daño irreversible sobre la economía real. La alternativa que propone: reducir tasas, sostener actividad, y aceptar una desinflación gradual. Lo denomina "paciencia estratégica".

Desde el estructuralismo desarrollista, ese diagnóstico es parcialmente correcto pero insuficiente. La paciencia estratégica sin política industrial activa es simplemente gradualismo sin brújula. No alcanza con bajar tasas si el tipo de cambio real permanece apreciado en torno al 88 frente a su promedio histórico de 120, destruyendo competitividad manufacturera. No alcanza con tolerar inflación si los salarios reales del sector estatal cayeron 9,4% real en 2025 y la masa de consumo interno sigue deprimida.

Ocho meses consecutivos de caída en la recaudación real deberían ser suficientes para cerrar el debate sobre si el alivio fiscal equivalente al 2,5% del PBI está generando el efecto expansivo prometido. No lo está generando. La industria opera en torno al 53-54% de su capacidad instalada. Más de 22.000 empresas cerraron desde finales de 2023. Y la recaudación cae mientras los empresarios industriales denuncian desventaja competitiva no por ineficiencia propia, sino por la combinación letal de tipo de cambio apreciado e impuestos elevados.

Eso no es un problema de expectativas. Es un problema de precios relativos estructuralmente adversos para la producción transable no extractiva.

El cuadro emergente es el de una economía atrapada en una estabilización de primera fase exitosa —inflación bajando, superávit fiscal sostenido, riesgo país en descenso— pero que no logra activar la segunda fase: la reindustrialización, la complejización productiva, el crecimiento del empleo formal de calidad.

Los indicadores clave para monitorear en el segundo trimestre de 2026:

La estabilización sin desarrollo no es una victoria incompleta. Es una derrota diferida. Y los datos de inversión de febrero —cuatro meses consecutivos en rojo, bienes de capital importados desplomados casi 24%— indican que el reloj de esa derrota está corriendo.