El Gobierno consiguió este jueves una de las leyes económicas que había colocado entre sus prioridades: el Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, una reforma que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los dólares y otros ahorros que permanecen fuera del circuito formal. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales.

La nueva norma modifica el régimen vigente desde fines de 2025 y apunta a despejar algunas de las dudas que, según especialistas tributarios, habían frenado la exteriorización de fondos. Entre los cambios más importantes aparecen la eliminación de límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, nuevas reglas para las fiscalizaciones de ARCA y mayores garantías para quienes adhieran.

Hasta ahora, el régimen excluía a contribuyentes que hubieran superado determinados niveles de ingresos o patrimonio. La reforma elimina esas restricciones cuantitativas y amplía así el universo de personas que podrán ingresar al sistema simplificado.

La ley, sin embargo, establece restricciones específicas para funcionarios públicos. Legisladores, jueces, ministros y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del régimen, una limitación que también alcanza a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.

Otro punto central es la redefinición de la denominada "discrepancia significativa", utilizada para determinar cuándo ARCA puede cuestionar una declaración presentada bajo el régimen simplificado. La legislación establece nuevos parámetros para evitar que diferencias menores deriven automáticamente en una impugnación.

La reforma contempla un umbral porcentual del 15% y suma un monto mínimo vinculado al Monto Objetivo de Punibilidad (MOP) del Régimen Penal Tributario. Según el análisis del tributarista Sebastián Domínguez, este cambio busca impedir que diferencias de escasa magnitud puedan hacer caer los beneficios del régimen.

La nueva legislación incorpora otra protección para los contribuyentes. Si ARCA notifica una liquidación administrativa o una determinación de oficio, habrá 15 días hábiles para presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar o regularizar la diferencia detectada sin que esa corrección sea considerada automáticamente una discrepancia significativa.

También se restringe hasta el 31 de diciembre de 2027 el uso de determinadas presunciones por parte del organismo recaudador. Algunos indicios no podrán utilizarse por sí solos para cuestionar al contribuyente y deberán ser contrastados con la información declarada o disponible en los sistemas de ARCA.

Además, la carga de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre ARCA. El organismo deberá basarse en la información presentada por el contribuyente, la que ya posea en sus sistemas o aquella aportada por terceros. Una disposición similar estaba contemplada en la reglamentación y ahora adquiere rango legal.

La ley también introduce una modificación relevante para Bienes Personales: los fondos utilizados se considerarán incorporados al patrimonio del contribuyente el mismo día en que se realice la operación.

El cambio busca evitar que ARCA pueda reclamar Bienes Personales sobre esos fondos imputándolos automáticamente a períodos anteriores, una de las incertidumbres que había generado la primera versión del régimen.

Domínguez consideró que las modificaciones acercan el esquema a su objetivo de "captar ahorro informal y mejorar el cumplimiento voluntario", aunque señaló que todavía existen cuestiones que deberán ser aclaradas mediante la reglamentación.

Durante el debate, Patricia Bullrich sostuvo que la desconfianza en el Estado llevó durante años a los argentinos a sacar sus ahorros del circuito financiero. Según afirmó, mecanismos como la inflación, la hiperinflación y el cepo llevaron a muchos ahorristas a buscar formas alternativas de proteger su dinero.

Desde el peronismo cuestionaron duramente la iniciativa. José Mayans calificó la reforma como "un desastre" y sostuvo que favorece a evasores, mientras otros senadores opositores reclamaron ampliar las restricciones para alcanzar a todas las personas políticamente expuestas.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consigue avanzar con su estrategia para atraer al sistema financiero los llamados "dólares del colchón". Sin embargo, varios aspectos operativos todavía dependerán de la reglamentación, que será clave para determinar cómo funcionará en la práctica el nuevo esquema.