El ministro de Economía, Luis Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, presentaron la Ley de Inocencia Fiscal II, una propuesta que busca subsanar los problemas que tiene el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El objetivo, tal como reconoció Caputo, es lograr captar los "dólares del colchón" que, según las estimaciones realizadas por el Banco Central (BCRA), estarían en el orden de los US$ 170.000 millones.

Recordemos que, desde la promulgación y la publicación de la reglamentación, muchos asesores impositivos detectaron puntos que generaban dudas sobre la solvencia de los beneficios que otorgaba la ley.

En este marco, Caputo encabezó dos reuniones con un grupo de tributaristas -que fueron los que le transmitieron estas inquietudes- que derivó en un nuevo texto que se presentará en el Congreso este jueves.

A la hora de explicar cuáles son las principales modificaciones, Ibarzábal aseguró que pueden resumirse en cuatro puntos:

Por último, la Secretaria de Legal y Técnica remarcó que "estos cuatros cambios sustanciales apuntan a lo mismo: a robustecer la seguridad jurídica del régimen y a brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar".

Por su parte, Caputo aseguró que "el objetivo de esta conferencia es que todas las personas que están escuchando se vayan convencidos de que si no depositan los dólares del colchón en el banco es porque no están muy mal asesorados".

Y, para despejar las dudas, el funcionario le dio la palabra a Liban Kusa (Bruchou & Funes de Rioja), Sonia Becherman y Ricardo Paolina (Lisicki, Litvin & Abelovich), que estuvieron presentes en las reuniones.

Una de las dudas que surgieron es qué sucede con el tapón fiscal ahora que fue desdoblado la fecha de pago de la de la presentación de la declaración jurada de Ganancias.

El problema surge porque la misma norma aclara que los beneficios empiezan a correr cuando los contribuyentes presentan y pagan la declaración jurada por el método simplificado.

Kusa sostuvo que "para que se consagre el principio del efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud se tiene que presentar la declaración jurada y el pago, por lo cual, el pago que se va a realizar lunes, ARCA no puede hacer nada hasta que no se presente la declaración jurada".

Dado que la presentación va a vencer el 27 de agosto, "recién ahí se configura la situación jurídica por la cual ARCA podría preguntar si entiende que hay alguna discrepancia al respecto", aclaró y remarcó que "mientras tanto el contribuyente goza de la presunción de exactitud y no puede ser sometido a fiscalización alguna".

Por su parte, Becherman aclaró qué pasa en el caso de que exista una diferencia entre el pago y lo que arroje la declaración jurada. Es que muchos contribuyentes temen que pueda ser considerada como una discrepancia que haga caer el tapón fiscal.

Señaló: "Entendemos que un pago diferente del valor que se haga el lunes con respecto a la presentación de la declaración jurada no daría ningún tipo de posibilidad de que se caiga el beneficio de la presunción de exactitud".

"Este desdoblamiento no está previsto en la ley, sino que es un caso muy particular del año 2025", añadió la especialista y aseguró que ninguna de las partes quiere que caiga el tapón fiscal. Por eso, manifestó que "seguramente el decreto y las resoluciones de ARCA estarán alineadas en este sentido".

A la hora de responder sobre los requerimientos de los bancos, que en algunos casos los contribuyentes consideraban que estaban por encima de lo que decía la ley, Kusa aseguró que todos los que puedan demostrar que el dinero proviene de su trabajo, no deberían tener problemas.

Incluso, fue un poco más allá del caso de los que quieren usar los dólares del colchón al afirmar que "desde el punto de vista jurídico, todos los contribuyentes deberían adherir al régimen simplificado, por un tema de simplificación tributaria".

A su turno, Paolina sostuvo que hay que saber diferenciar el dinero sucio (que es el que proviene de una actividad ilegal) del dinero negro (cuyo origen está relacionado a una actividad empresarial) para entender el alcance de los controles que puede haber por lavado de dinero.

El especialista explicó que la Unidad de Información Financiera (UIF) no pierde ninguna de sus facultades para investigar los casos en los que sospeche que el dinero es "sucio" y que la propuesta prevé que la adhesión al régimen simplificado debe ser considerado por la UIF como un antecedente favorable.

A la hora de presentar la propuesta, Caputo dejó varias frases sobre el objetivo de la medida, la intención del Gobierno de bajar impuestos y de mejorar la competitividad sin devaluar.

Por último, el funcionario aseguró que el Gobierno nacional está enfocado en tres grandes objetivos, que son: disminuir la carga tributaria, reducir las regulaciones y mejorar la infraestructura.

"Los resultados nos dan la razón: hoy, habiendo generado los incentivos correctos, en las industrias en las que la Argentina tiene claramente valor agregado, estamos en récord de exportaciones y en récord de superávit comercial", sostuvo.

Luego, añadió que "hoy cualquiera puede comprar dólares libremente, las empresas pueden importar libremente, se pueden repatriar libremente y, así y todo, el Banco Central está comprando a razón de US$ 100 millones por día en promedio" y remató: "Este es el camino que nosotros estamos buscando profundizar".