El sector textil argentino atraviesa su peor crisis en décadas, empujado por la apertura de importaciones y el cambio de modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo describe un informe publicado por el diario El País de España, que retrata un derrumbe productivo sin precedentes: fábricas operando por debajo del 30% de su capacidad, suspensiones de personal y cierres de pymes en toda la cadena. 

La historia de Amesud funciona como radiografía del sector. Con capacidad para producir 700 toneladas mensuales de tela, hoy apenas llega a 150. En los últimos dos años, coincidentes con el giro económico del actual gobierno, la empresa redujo 40% su plantilla y se prepara para aplicar suspensiones y jornadas laborales reducidas. "Este sector donde fabricábamos poliéster ya no existe por la importación", explica Kim, rodeado de máquinas silenciosas y cubiertas de polvo. El caso no es aislado: según datos oficiales citados por El País, la industria manufacturera cayó 8,2% interanual y el rubro textil es el más golpeado, con una utilización promedio de apenas 29% de la capacidad instalada.

El informe detalla que la crisis se explica por una combinación de factores: apertura comercial abrupta, aumento del 71% de las importaciones en 2025, caída del consumo interno y un tipo de cambio que encarece la producción local frente a bienes extranjeros. Priscila Makari, directora de la Fundación ProTejer, señala que el mercado pasó de un esquema 50% nacional y 50% importado a otro donde el 70% de la ropa es del exterior, sin contar el boom de compras online vía plataformas como Shein o Temu. En ese contexto, las ventas de muchas fábricas se desplomaron hasta 60% en apenas dos años.

Mientras los empresarios textiles hablan de "agonía", desde el Gobierno la lectura es muy distinta. Este lunes, el ministro de Economía Luis Caputo volvió a defender la apertura y fue particularmente duro con el sector: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que viajamos compramos afuera", afirmó. 

Para Caputo, el cierre de empresas y la pérdida de empleos forman parte de un proceso "normal" de reacomodamiento. "Cierran y abren. El problema no es que alguien pierda el trabajo, sino que pueda encontrar otra cosa", sostuvo, al tiempo que insistió en que el nuevo modelo generará inversiones y empleo en otros sectores.

🔴CAPUTO: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que viajamos compramos afuera" pic.twitter.com/qhSPujQFyi

El contraste entre ambas miradas es el corazón del conflicto. Mientras el Ejecutivo plantea que la competencia abarata precios y libera recursos para otros consumos, en el sector textil advierten que la reconversión no es inmediata ni automática. 

"Si el Gobierno pretende que compitamos con Asia, al menos debería bajarnos los impuestos", reclama Kim, que también cuestiona las asimetrías laborales y ambientales con los países asiáticos. El impacto social es significativo: la industria textil emplea a unas 540.000 personas y en provincias como Catamarca o La Rioja representa hasta el 40% del empleo industrial privado. Entre fines de 2023 y 2025 se perdieron al menos 18.000 puestos formales y cerraron más de 500 pymes.

Consultores como Dante Sica interpretan el proceso como un "cambio de régimen" con ganadores y perdedores, similar a una inundación que, al bajar el agua, deja empresas en pie y otras destruidas. Pero incluso desde esa mirada advierten que la transición es más costosa en la Argentina por la falta de financiamiento y previsibilidad. En ese escenario, y frente a un Gobierno que ya avisó que no habrá rescates, la estrategia de los textiles es resistir: achicarse, consumir ahorros y esperar que, cuando pase la tormenta, todavía quede un lugar para ellos en el nuevo mapa productivo.