El Gobierno nacional anunció la publicación de los pliegos para avanzar con la venta del 90% de las acciones de AySA que hoy están bajo control estatal. La medida fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el objetivo es incorporar un operador privado con capacidad técnica, financiera y operativa para expandir y mejorar el servicio de agua potable y saneamiento. Los documentos licitatorios serán publicados este viernes en el Boletín Oficial.

La iniciativa contempla el traspaso de la mayoría accionaria de AySA a manos privadas, mientras que el sindicato conservaría un 10% de participación. Desde el Gobierno sostienen que la medida forma parte de la estrategia para reducir la presencia estatal en empresas públicas que, según la visión oficial, eran utilizadas como "cajas políticas".

Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. De acuerdo con datos de la compañía, a mediados de 2025 la cobertura superaba el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

En el Ministerio de Economía estiman que la privatización podría aportar alrededor de US$500 millones, fondos que serían utilizados para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera durante los próximos meses. Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso admitieron que los tiempos no alcanzarían para cubrir el compromiso de julio, que ronda los US$4.200 millones.

El cronograma prevé que el proceso licitatorio se extienda durante unos tres meses, por lo que recién en el segundo semestre podría definirse qué empresa quedará al frente de la concesión.

Uno de los principales interrogantes pasa por el esquema tarifario que tendrá AySA bajo gestión privada. Actualmente, las facturas tienen un tope de aumento del 3% mensual entre mayo y agosto, una medida impulsada para colaborar con la desaceleración de la inflación.

Desde abril de 2024, la empresa aplica una fórmula polinómica que ajusta las tarifas según salarios, precios mayoristas e inflación. No obstante, durante 2025 el Ministerio de Economía limitó los incrementos al 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario estimado en 21% hacia fines de ese año.

Más tarde, una nueva resolución habilitó subas de hasta el 4% mensual entre enero y abril de 2026, aunque el desfase no logró recuperarse. En paralelo, la empresa informó un déficit proyectado de $205.000 millones y advirtió sobre la necesidad de avanzar en una convergencia tarifaria para sostener las operaciones y futuras inversiones.