Por Sofía Mora Paolini y Lorenzo Sigaut Gravina Economistas de Equilibra

Este miércoles el Gobierno oficializó la reducción gradual de derechos de exportación para el agro y la industria. La ejecución escalonada no fue casual: el propio ministro Luis Caputo reconoció que “en el 2026, esencialmente por un tema de caja, no teníamos espacio presupuestario”. 

El diagnóstico es consistente con los datos: alivio tributario y ancla fiscal se vuelven incompatibles ante la debilidad de los ingresos tributarios -la caída real interanual de 9 meses consecutivos se revirtió en mayo por vencimientos de Ganancias de firmas del ejercicio 2025- y hay poco margen para seguir recortando el gasto público. 

El año pasado las erogaciones primarias del sector público Nacional cerraron en 14,6% del PIB -la menor participación en el Producto desde 2006- y el Presupuesto 2026 estipula que baje este año a 14,1% del PIB. Las principales partidas muestran una marcada tendencia descendente a partir de 2024, que ya se encuentra en niveles mínimos en los últimos 10 años. Al comparar el gasto primario del primer cuatrimestre 2026 -acumulado 12 meses sobre PBI- nos encontraríamos 5 puntos porcentuales (p.p.) del PIB debajo del promedio de la última década, explicados mayormente por recortes en: jubilaciones y pensiones contributivas (-1 p.p.); gastos de capital (-0,9 p.p.); subsidios a la energía (-0,7 p.p.); salarios públicos (-0,6 p.p., principalmente por licuación); y, transferencias corrientes a provincias (-0,4 p.p.). 

Profundizar el ajuste del gasto público encuentra cada vez más resistencia, y así lo expresó el propio ministro de Economía: “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil…”. 

Cabe destacar además que la mitad de las erogaciones primarias están indexadas a la inflación- jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y asignaciones familiares y por hijo- con cierto rezago, por lo que si el deseable proceso de desinflación se reanuda, dichos gastos crecerían en términos reales. Además, en lo que resta del año se espera el impacto de las nuevas alícuotas para las retenciones (US$ 32 millones para el agro y US$ 25 millones para la industria) y la implementación del FAL a partir de noviembre, que implicará una pérdida de recursos de Anses de 0,05% del PBI. 

Ante este escenario, se abren dos caminos para preservar el equilibrio fiscal: compensar con nuevos recortes de gasto en los demás rubros o ampliar ingresos.

Compartimos la visión del ministro sobre las dificultades de la primera alternativa: el ajuste a universidades, salud y/o discapacitados han generado protestas sociales; producto del fuerte incremento de la energía a nivel internacional, los subsidios al transporte y la energía vienen creciendo en términos reales, pese a que el boleto y las tarifas que pagan los ciudadanos trepan por encima de la inflación; y, el gasto de capital del sector público Nacional ya se ha reducido a su mínima expresión.

La segunda alternativa luce más plausible, pero requiere que la actividad económica crezca en la mayoría de los sectores (no sólo en minería, energía y agropecuario). Caso contrario la única forma de apuntalar ingresos es vía privatizaciones o una mayor tributación. En lo que va del año los ingresos extraordinarios han lograron sostener buena parte del superávit primario, pero la mayoría de las privatizaciones programadas todavía se encuentran a la espera de la presentación de ofertas, salvo Transener, cuya liquidación de US$ 356 millones se reflejaría en el resultado fiscal de mayo.

Ante la imposibilidad de seguir ajustando el gasto primario y comprendiendo que los procesos de privatizaciones llevan su tiempo, la estrategia para apuntalar ingresos sin subir alícuotas en el corto plazo es mejorar la recaudación como consecuencia de la formalización y/o el crecimiento económico. Pero el PIB excluyendo los sectores primarios mostró estancamiento en los últimos 12 meses y en el mejor de los casos esperamos una lenta reactivación. Asimismo, notamos que los tributos vinculados a la actividad quedaron por debajo de dicha trayectoria, lo que puede ser señal de mayor informalidad y/o elusión fiscal (contrabando, problemas de fiscalización, etc.) 

El FMI instó a presentar un plan de reforma tributaria -con impacto fiscal neutro para no comprometer el equilibrio fiscal y transversal a todos los niveles de gobierno- que promueva un mayor nivel de actividad e inversión. La propuesta del Fondo, es compensar la eliminación de impuestos distorsivos (retenciones y a transacciones financieras) con la ampliación de la base impositiva de ganancias a trabajadores y reducciones de exenciones a regímenes específicos. Si dicha reforma logra apuntalar la actividad, las arcas nacionales y provinciales se engrosarían.

Esto es particularmente relevante para las cuentas públicas sub-nacionales cuyo balance primario consolidado fue deficitario en 0,5% del PIB el año pasado según el FMI (frente a un superávit de 0,4% del PIB en 2024), algo que no sucedía hace más de un lustro. Más aún, en el primer cuatrimestre, las provincias perdieron ingresos equivalentes a $1,9 billones a precios de abril, representando una caída del 7,3% real respecto a igual período de 2025, explicada en un 75% por la contracción de los recursos coparticipables (-5,8% real), sumado al desplome de las transferencias corrientes no automáticas (-42,4% real). 

Por suerte, la excelente performance de la recaudación de Ganancias por el fuerte incremento de utilidades de las empresas en 2025, redujo significativamente la pérdida real de ingresos por coparticipación a las provincias: de 5,8% i.a. en el primer cuatrimestre a 2,4% i.a. en los primeros cinco meses del año. 

Asimismo, la emisión de deuda provincial en el mercado internacional de capitales y la reciente autorización de anticipos sobre la coparticipación federal por hasta $400.000 millones disponible para algunas jurisdicciones, son paliativos que ayudan a financiar el bache, pero no solucionan el desequilibrio fiscal de fondo de las provincias.