Caputo llega a la UIA con la industria en rojo: nueve meses de caída y un reclamo que incomoda al Gobierno

La Unión Industrial Argentina celebra su 32° Conferencia Industrial en un contexto de fuerte tensión para el sector: nueve meses consecutivos de caída, una merma de 90.000 empleos registrados y una producción que todavía no logra volver a los niveles previos. Con la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios, la industria pone sobre la mesa sus reclamos por menos impuestos, más competitividad y mayores controles contra el contrabando.

La actividad manufacturera acumula una baja del 2,8% en 2026 y se mantiene 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. En ese escenario, la UIA reúne este martes a referentes políticos y empresariales para debatir el futuro de un sector clave para la economía de Argentina, que sigue sin mostrar señales claras de recuperación.

La conferencia, que se desarrolla en el Golden Center de Buenos Aires, contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La presencia de ambos marca un cambio respecto del Día de la Industria, celebrado el 2 de septiembre, cuando el Gobierno tuvo una representación limitada. El presidente Javier Milei, que en 2024 calificó a los industriales de "prebendarios" y "adictos al Estado", mantiene una relación distante con la entidad fabril.

Los últimos datos del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) reflejan la profundidad del deterioro. La producción manufacturera cayó 0,2% mensual en septiembre y retrocedió 3,4% interanual, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período de 2025.

El resultado de septiembre interrumpió la recuperación mensual del 1,9% registrada en agosto. La situación es especialmente delicada en la industria automotriz, que acumula una caída del 17% en el año y produce 20% menos que en 2022. La metalmecánica registra una baja acumulada del 5,3%, mientras que la producción de acero retrocedió 4% mensual. Los despachos de cemento, en cambio, crecieron 14,3% frente a agosto, aunque todavía permanecen entre 25% y 30% por debajo de los niveles de 2022.

El deterioro también se refleja en el empleo. Según las cifras difundidas por la UIA, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados desde agosto de 2023. El sector representa aproximadamente el 18% del PBI, el 20% del empleo directo y cerca del 30% de la recaudación nacional, por lo que su desempeño tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía.

La jornada tendrá una fuerte impronta política. Además de Luis Caputo y Diego Santilli, participará en la apertura el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mientras que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, encabezará el cierre junto con el jefe de Gabinete.

Uno de los principales paneles reunirá a cinco gobernadores: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén). El debate estará centrado en la integración de las cadenas de valor regionales y en cómo aprovechar el crecimiento de la minería y la energía para impulsar la producción y el empleo industrial en las provincias.

La agenda también incluye discusiones sobre competitividad, presión impositiva, macroeconomía e inteligencia artificial aplicada al trabajo. Entre los expositores figuran el neurocientífico Mariano Sigman y Natalia Scaliter, directora ejecutiva de Google Cloud.

Uno de los principales pedidos del sector industrial es que las grandes inversiones vinculadas con Vaca Muerta, el litio, el cobre y la infraestructura generen oportunidades para las empresas nacionales. La preocupación es que el crecimiento de esas actividades no se traduzca necesariamente en una mayor demanda de productos fabricados en la Argentina.

La semana pasada, la UIA organizó en Rosario la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos con alrededor de 1.800 pymes y proveedores. Allí, Rappallini planteó la necesidad de fortalecer la competitividad de toda la cadena de valor para que las inversiones tengan un impacto más amplio sobre la economía.

Un informe presentado por Alejandro Wagner, director de ProPymes del Grupo Techint, estimó que entre 2026 y 2036 existirá una demanda potencial de más de US$ 32.000 millones en bienes metalmecánicos que podrían ser abastecidos por proveedores argentinos. De ese total, US$ 16.413 millones corresponderían a proyectos de hidrocarburos y Vaca Muerta, mientras que otros US$ 16.054 millones estarían asociados a la minería del cobre y el litio.

La discusión también incluirá la propuesta de un Pacto Fiscal Industrial Federal, orientado a reducir gradualmente la presión tributaria sobre la producción. Entre los impuestos cuestionados por la UIA aparecen Ingresos Brutos, Sellos, las tasas municipales y el gravamen sobre créditos y débitos bancarios, considerados obstáculos para mejorar la competitividad.

Otro de los problemas que preocupa a los industriales es el crecimiento del comercio ilegal. Según un informe de Insight LAC, esta actividad representa el 5,06% del PBI argentino, afecta a seis de cada diez empresas manufactureras y provoca pérdidas fiscales estimadas en US$ 2.300 millones anuales.

La situación es especialmente significativa en el mercado de celulares, donde uno de cada tres equipos vendidos en la Argentina no fue importado legalmente ni fabricado en el país. La participación del contrabando en ese segmento pasó del 7% en 2023 al 35% en 2025. En indumentaria, los circuitos informales concentraron el 83% de las ventas en 2022, con diferencias de precios que pueden alcanzar hasta 4,5 veces respecto del comercio formal.

Frente a este escenario, el Gobierno firmó recientemente acuerdos con la UIA, cámaras empresarias y plataformas como Mercado Libre y Meta para intercambiar información e identificar productos de origen ilegal. Sin embargo, los industriales reclaman medidas adicionales: el 33,2% considera prioritario reforzar los controles aduaneros, mientras que el 31,5% pide mayor fiscalización de la facturación. Con la actividad en retroceso y el empleo industrial bajo presión, la conferencia buscará instalar estos reclamos en el centro de la agenda económica.