El Gobierno presentó en París el nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que permitirá acceder a la ciudadanía argentina desde US$ 350.000 y que estará sujeta a fuertes controles de seguridad, trazabilidad financiera y antecedentes.

La propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. El plan busca atraer capitales del exterior a través de una vía formal de inversión, con la participación de organismos clave del Estado en la evaluación de cada caso.

El Gobierno apuesta a convertir a la Argentina en un destino más atractivo para grandes inversores internacionales. Según explicó Luis Caputo, el programa comenzó a diseñarse hace dos años y forma parte de una estrategia más amplia de apertura económica e integración con el mundo.

"Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", afirmó el ministro, al destacar que el objetivo es captar capitales extranjeros y reforzar la proyección internacional del país.

El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y ofrecerá dos alternativas para el solicitante principal:

Además, el beneficio podrá extenderse al grupo familiar bajo un esquema escalonado:

De este modo, una familia compuesta por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al programa con aportes por US$ 500.000.

Durante la presentación, Caputo aseguró que el programa surgió a partir del interés manifestado por distintos sectores en obtener la ciudadanía argentina. También vinculó la iniciativa con el contexto geopolítico y con la proyección internacional de Javier Milei.

El ministro sostuvo que otros países ya aplican esquemas similares y remarcó que el Gobierno trabajó durante los últimos dos años con firmas internacionales especializadas en migración por inversión. Según señaló, las expectativas de esas compañías son "muy altas".

Por su parte, Santilli afirmó que la Argentina "se está convirtiendo en un faro de libertad". El esquema, además, buscará alinearse con estándares de transparencia financiera y gestión de riesgos recomendados por la OCDE y el GAFI.

Los fondos deberán ingresar exclusivamente a través del sistema financiero formal. El programa prevé controles estrictos vinculados con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la transparencia financiera.

Cada solicitud será analizada en profundidad por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la BCRA, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior.

Entre los puntos que se verificarán figuran:

Una vez completados los controles, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra sobre cada solicitud.

En la Casa Rosada presentan esta iniciativa como parte de un proceso de apertura e integración internacional orientado a mejorar el clima de negocios y sumar nuevas inversiones para el país.