En un hecho inédito, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó al Gobierno de Javier Milei entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa.

La orden fue firmada por la magistrada del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Argentina ya enfrenta una condena por la que debe pagar u$s16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi u$s900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.

El argumento de Burford es que YPF es "alter ego" del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera en función a los objetivos políticos del gobierno de turno.

Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor. La orden también abarca al actual asesor presidencial Santiago Caputo, una de las personas de mayor confianza de Milei, quien lo calificó recientemente como integrante del "Triangulo de hierro", un entorno integrado por Karina Milei, el asesor y el propio Presidente.

La jueza también exigió al Gobierno argentino que se incorpore a la medida al exviceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense, y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.

De acuerdo a información divulgada en su cuenta de X por el titular de Latam Advisors, Sebastián Maril, la magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo "Wado" De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.

Judge Loretta Preska orders the Republic of Argentina to hand over emails, WhatsApp messages, and other communications on similar platforms belonging to: • Luis Caputo• Santiago Caputo• Sergio Massa• José Ignacio de Mendiguren• Guillermo Michel• Gabriel Rubinstein… pic.twitter.com/V0BqJkMKKE

De acuerdo a información publicada por el diario Financial Times, la estrategia del fondo inglés Burford es apuntar contra el Estado argentino con el objetivo de avanzar con el embargo de sus activos. Allí entrarían en la mira la empresa estatal Aerolíneas Aerolíneas, el Banco Central y el Banco Nación.

Los abogados de Burford, según lo consignado por el medio internacional, indican que las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado. Ese factor convertiría a las entidades como propiedad del Estado e "indistinguibles de él". En diversas presentaciones realizadas en las cortes, los abogados argentinos negaron que se tratasen de organismos con carácter "alter ego" y que la Justicia de Estados Unidos ya los calificó como "operacionalmente separados del Estado".

A principios de año, la compañía de fondos inglesa le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012. La solicitud se sustentaba en ese entonces en el incumplimiento del fallo que obliga al país a abonar u$s16.100 millones por la expropiación.

Burford actualmente posee los derechos de litigio dado que le compró la potestad a Petersen, accionista minoritario de YPF, por el 61% de sus tenencias. Según precisó el fondo en un escrito, luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores. Por lo tanto Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio. En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derecho de litigio.

Argentina tendrá plazo para abonar los u$s16.000 millones hasta el 14 de diciembre de este año. En caso de que esto no ocurra, el fondo inglés podrá decidir cómo cobrarse la deuda. Si las partes no llegan a un acuerdo, la jueza será quien decida.