La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este viernes reabrir una investigación por inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Kirchner y ordenó avanzar con un peritaje contable. Así, el patrimonio de la presidenta del Partido Justicialista volverá a estar en el foco de la Justicia. 

El expediente de la causa por inconsistencias había sido archivado por el juez Julián Ercolini en junio de este año, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita por inexistencia de delito.

La causa se originó en 2016 e investigó la exteriorización de los bienes y deudas de la expresidenta luego de la muerte de Néstor Kirchner y la omisión de bienes en esa herencia y se denunció que no coincidían “con lo informado en la Oficina Anticorrupción desde el fallecimiento de Néstor Kirchner". 

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En particular, se investigó la “errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate” y la abstención de declaración de plazos fijos y depósitos en dólares entre 2011 y 2014. 

Tanto Ercolini como Pollicita consideraron que la causa se trataba de detalles menores que no constituían delito. La fiscalía explicó que “las declaraciones juradas y los plazos fijos informados por las entidades financieras se correspondían con los declarados por la imputada ante la Oficina Anticorrupción entre los años 2009 y 2015”. 

Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo querellante dependiente del ministerio de Justicia, se opuso a esa decisión y apeló argumentando que no se trató de un error.

Los jueces de la Cámara Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que es necesario reabrir la investigación porque la postura de la fiscalía se basa en una evaluación parcial y “desconectada del contexto en el que los sucesos habrían tenido lugar”. 

En un voto propio en minoría, Mariano Llorens, el tercer juez integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, argumentó que la denuncia debería evaluarse junto con las demás causas abiertas de la exvicepresidenta y consideró que existen pruebas suficientes para citarla a declaración indagatoria. 

En esa línea, Llorens sostuvo que las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina son “debidamente acreditadas” y remarcó que los demás expedientes conforman “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno”. 

“La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas”, agregó el camarista. 

Por los votos de Bruglia y Bertuzzi, la Cámara solicitó una pericia sobre todas las declaraciones juradas de patrimonio y el resto de la documentación necesaria para el juzgado.  

El juez Ercolini archivó la causa el 5 de junio de este año luego de que la fiscalía concluyera en que no se trató de un delito, sino de errores de CFK a la hora de informar “su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge”. 

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Ahora, la Unidad de Información Financiera considera que Cristina “tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica”. Según Bruglia y Bertuzzi, lo que llevó a la Justicia a rebatir la causa en concreto por “ciertos interrogantes que no han sido dilucidados”. 

En concreto, consideraron que falta determinar “si se trata de bienes gananciales o bienes propios de Néstor Kirchner y, a su vez, la razón por la cual Cristina Fernández los declaraba con anterioridad al año 2012 cuando no estaban registrados a su nombre”. 

Llorens, por su parte, solicitó que Cristina sea indagada por el delito de enriquecimiento ilícito, aunque Bruglia y Bertuzzi mencionaron que no tenían “habilitada la jurisdicción sobre el delito de enriquecimiento ilícito” y la UIF no apeló en ese sentido. 

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