La historia de Dagmar Ingrid Hagelin se convirtió en uno de los casos más emblemáticos —y también más brutales— de la última dictadura cívico-militar en Argentina, ya que, a diferencia de miles de secuestros ejecutados en la clandestinidad, el operativo que terminó con su captura ocurrió a plena luz del día, en un barrio residencial y ante la mirada de vecinos. Aquella escena —una joven corriendo para salvar su vida y siendo baleada en la vía pública— dejó al descubierto la impunidad con la que actuaban los grupos de tareas de la ESMA, en particular la Unidad 3.3.2.

Aun así, su caso no quedó encapsulado dentro de las fronteras argentinas. La desaparición de una ciudadana sueca activó de inmediato la intervención del gobierno de Suecia y derivó en una de las crisis diplomáticas más sensibles que enfrentó la dictadura. El reclamo escaló a nivel global: hubo gestiones en Washington durante la presidencia de Jimmy Carter, intervenciones del Vaticano bajo el papado de Juan Pablo II y presentaciones ante organismos internacionales.

Por primera vez, el sistema de desaparición forzada en Argentina quedaba expuesto con nombre y apellido ante el mundo.

La joven había nacido el 29 de septiembre de 1959 en Buenos Aires, en una familia de raíces suecas. Su padre, Ragnar Hagelin, fue quien años más tarde encabezaría una búsqueda incansable que trascendió lo personal para convertirse en un símbolo de denuncia internacional. Quienes la conocieron la describen como una adolescente activa, deportista —destacada en atletismo— y con una vida atravesada más por lo cotidiano que por la militancia política.

Al momento de su secuestro, cursaba sus estudios en el Liceo Nacional Sarmiento y vivía en una pensión en Villa Bosch. No tenía participación orgánica en organizaciones armadas, un dato clave en un contexto en el que la dictadura justificaba la represión bajo la lógica de una “guerra antisubversiva”. Su caso, en ese sentido, desarmaba el discurso oficial: Dagmar no encajaba en la figura del “enemigo interno”.

Sin embargo, su entorno sí: su padrastro, Edgardo Waissman, era abogado defensor de presos políticos, y su vínculo con Norma Susana Burgos —quien tenía conexiones con la resistencia peronista— terminó siendo determinante.

Fue el 27 de enero de 1977 el desenlace de una cadena de errores y violencia. El día anterior, un grupo de tareas había secuestrado a Burgos y, luego de torturarla, montó una “ratonera” en la casa de su padre, en El Palomar. El objetivo era capturar a María Antonia Berger, una dirigente montonera que esperaban que se presentara en el lugar.

Pero quien llegó esa mañana fue Dagmar. Eran alrededor de las 8:30 cuando la joven se acercó a la vivienda para dejarle una nota a su amiga. En ese momento fue interceptada por el teniente de corbeta Alfredo Astiz y otro integrante del grupo. Al advertir la situación, Dagmar reaccionó de inmediato: giró sobre sí misma y comenzó a correr por la calle Pampa.

Lo que siguió fue una escena que varios vecinos reconstruirían años después ante la Justicia. Dagmar logró tomar ventaja gracias a su estado físico, pero la persecución terminó de forma brutal. Astiz se arrodilló, apuntó y disparó. La bala impactó en la cabeza de la adolescente, que cayó gravemente herida pero aún con vida.

Testigos afirmaron que fue subida a un vehículo por la fuerza. No la llevaron a un hospital. Su destino fue la ESMA.

La misma noche ingresó gravemente herida y fue alojada en la enfermería del sótano, un espacio que funcionaba como antesala del sistema clandestino de detención. Allí la vio Norma Burgos, también secuestrada, tendida en una camilla: tenía el cabello manchado de sangre, una venda en la cabeza y un hematoma violáceo que le rodeaba los ojos. A pesar de su estado, estaba consciente y alcanzó a decir que, “a pesar de todo, estaba bien”.

Al instante, su presencia generó una inmediata alarma dentro del Grupo de Tareas 3.3.2. Los marinos comprendieron rápidamente que habían cometido un error: no se trataba de María Antonia Berger, el objetivo del operativo, sino de una adolescente sueca de 17 años, hija de un hombre con vínculos internacionales.

Durante las semanas siguientes, Dagmar fue vista en el tercer piso del Casino de Oficiales, en el sector conocido como “Capucha”, donde permanecían los detenidos-desaparecidos en condiciones inhumanas: vendados, esposados y sometidos a un régimen de aislamiento extremo. Testigos señalaron que, debido a la herida en la cabeza, en ocasiones no llevaba la capucha y podía desplazarse con dificultad por el lugar, a veces vestida con un camisón o una bata.

Para fines de febrero o principios de marzo de 1977, el rastro de Dagmar Hagelin se perdió definitivamente.

El caso de Dagmar Hagelin no quedó reducido a una estadística más del terrorismo de Estado gracias a la persistencia de su padre, Ragnar Hagelin. Desde el mediodía del 27 de enero de 1977, cuando advirtió que su hija no regresaba, inició una investigación por cuenta propia que, en pocos días, logró reconstruir con notable precisión lo ocurrido. Recorrió casa por casa en El Palomar, habló con vecinos, reunió testimonios clave y consiguió lo que para muchos era imposible en ese contexto: establecer que Dagmar había sido baleada en la vía pública y trasladada con vida a la ESMA.

Sin embargo, Ragnar Hagelin consiguió algo excepcional en plena dictadura: que el Reino de Suecia convirtiera el caso en una cuestión de Estado. El entonces embajador sueco en Buenos Aires, Per Bertil Kollberg, inició gestiones diplomáticas formales apenas 25 horas después del secuestro, una rapidez inusual que impidió que el caso quedara sepultado.

Así también, el impacto diplomático trascendió a Suecia. Durante la presidencia de Jimmy Carter, la Casa Blanca incorporó el caso en su agenda de derechos humanos y realizó gestiones ante el gobierno argentino. También el papa Juan Pablo II intervino solicitando información sobre el paradero de la joven.

En 1980, en un intento por cerrar el caso ante la creciente presión internacional, la Armada Argentina impulsó la creación de un juzgado de instrucción militar con el objetivo de construir una cobertura legal que protegiera a los responsables. El proceso, identificado como sumario DIJN ADA 015 “S”/80, concluyó rápidamente con el sobreseimiento definitivo de Alfredo Astiz y otros dos oficiales, bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para vincularlos.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse recién décadas más tarde. Con la anulación de las leyes de Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida, y la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad a principios del siglo XXI, el caso de Dagmar Hagelin fue incorporado a la megacausa ESMA.

Apenas el 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires dictó sentencia en el tramo conocido como ESMA III. Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta fueron condenados a prisión perpetua por múltiples delitos de lesa humanidad, entre ellos la desaparición forzada de Dagmar Hagelin.

Como en miles de casos, la sentencia no logró responder una de las preguntas centrales: qué ocurrió con su cuerpo. El destino final de Dagmar sigue siendo desconocido, protegido por el pacto de silencio que aún mantienen muchos.

MV / EM