La reacción del Gobierno nacional horas después de conocerse el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes fue categórica. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje con tono desafiante en X: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. La funcionaria aseguró que la medida judicial busca avanzar sobre una herramienta que, según su visión, ordenó la calle y garantizó previsibilidad al funcionamiento de la vida pública.

En su mensaje, Monteoliva vinculó directamente la decisión del juez con intereses políticos: afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. Allí anticipó la estrategia oficial: “No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar”. Y defendió el dispositivo como un instrumento validado por la experiencia reciente: “Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.

Esa línea también se expresó a través del Ministerio de Seguridad, que publicó un comunicado oficial con el título “SIN PROTOCOLO ANTIPIQUETES NO HAY ORDEN”. Allí destacó que la Justicia “ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones” y que la gran mayoría de la sociedad respalda su aplicación. El texto sostuvo que “el Protocolo es legítimo” y que permitió “garantizar la libre circulación” desde su implementación.

“El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”, afirmó la cartera. En paralelo, la cuenta oficial del Ministerio ratificó la postura sin matices: “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.

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La respuesta oficial se conoció tras la decisión del juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y declaró la nulidad de la Resolución 943/23, que había sido diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich y continuó vigente bajo la conducción de Monteoliva. Según el magistrado, el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.

El fallo sostuvo que se configura “de manera manifiesta” la ilegitimidad del acto y citó los artículos 1 de la ley 16.986 y 7 de la ley 19.549 para fundamentar la nulidad. Además, abrió una instancia penal para quienes se consideren afectados por la aplicación del protocolo: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad (…) deberán denunciar ante la Justicia en lo Penal”.

El CELS celebró el pronunciamiento y subrayó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”. La entidad sostuvo que la resolución “se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”. También afirmó que “el Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.

La discusión judicial se produjo después de un año de fuerte presencia del protocolo en las calles. La última aplicación masiva fue a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Para entonces, Monteoliva ya encabezaba el Ministerio, pero las fuerzas continuaban operando bajo los criterios establecidos en la Resolución 943/23.

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Uno de los episodios más sensibles ocurrió el 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno mientras registraba una protesta cerca del Anexo del Senado. Grillo todavía no está totalmente recuperado físicamente de aquel hecho, a tal punto que permanece internado en un instituto de rehabilitación. El caso sigue en investigación penal y es uno de los ejemplos concretos sobre el impacto del protocolo en el terreno.

El fallo fue apoyado también por dirigentes sindicales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla” y calificó el fallo como “un gran avance contra la represión”. En su lectura, la intervención judicial “pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno” y llega tarde: “Si se hubieran animado antes, se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”.

JD / EM