Una amplia investigación policial iniciada hace un mes, con la autorización de la Corte Suprema, descubrió que durante el gobierno de Jair Bolsonaro, y con su apoyo, fuemontado un “grupo de espionaje” ilegal, cuyas “actividades” sirvieron para proveer de información clave al ex presidente.

Las víctimas de estos espías, empleados oficiales de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), fueron jueces de la Corte Suprema, senadores, diputados y dirigentes políticos de todo el espectro partidario. Todo indica que esa organización ilícita, que operó en forma encubierta desde la propia ABIN, habría continuado en funcionamiento durante los primeros meses de 2023, ya bajo la presidencia de Lula da Silva. 

La Policía Federal explicó, en un comunicado difundido este lunes, que su objetivo es “avanzar sobre el núcleo político (de esa facción), identificando los principales destinatarios de las informaciones producidas ilegalmente, desde dentro de la ABIN, por medio de acciones clandestinas”. Señaló, también, que “en esas operaciones eran utilizadas técnicas de investigación sin ningún control por parte de la Justicia”.

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Hasta ahora, se sabe que el ex titular de la ABIN y actual diputado bolsonarista Alexandre Ramagem, está fuertemente comprometido en el empalme de ese grupo de espías. Pero este lunes surgió una inesperada novedad: el hijo del ex jefe de Estado, el concejal carioca Carlos Bolsonaro, era uno de los que recibían los dossier “informativos” de ese órgano clandestino. Por ejemplo, le enviaban los datos conseguidos sobre la marcha de distintos casos judiciales en los que se vio involucrado el clan Bolsonaro desde 2020 en adelante.

Hay un dato relevante en este proceso: el ex mandatario ya sabía que la PF estaba detrás de sus pasos y los de sus hijos. Tanto que, en mensajes de sus redes sociales llegó a decir que se aproximaban “operativos policiales” destinados a él y sus familiares. Para el gobierno de Lula ya no hay dudas que dentro de la ABIN, en sus profundidades, hay espías que continúan con la provisión de informes claves para el clan Bolsonaro.

Uno de los funcionarios que despierta sospechas es nada menos que el número dos de la agencia, Alessandro Moretti. 

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Otro hecho interesante surge de la figura de quien comandó oficialmente a la ABIN, durante el bolsonarismo, el ahora diputado Ramagen, utilizó un software de una empresa israelí. Bautizado First Mile, es utilizado para monitorear los desplazamientos de los espiados durante semanas. Desde luego, otros mecanismos informáticos han sido muy útiles para “conocer” las actividades financieras de los individuos que eran el “blanco” del espionaje. Ese software fue comprado a Israel sin autorización de la justicia, lo que resulta abiertamente ilegal. 

Entre tanto, Bolsonaro busca desviar la atención sobre los sucesos. Afirmó hoy que la intención de la policía federal es “hostigarlo y presionarlo, hacerme pasar por momentos complicados”. Es más, descartó que la investigación concluya en alguna evidencia. Según él “quieren pescar pececitos en una piscina”.

Esta investigación, sin embargo, que fue aprobada por los jueces de la Corte Suprema, puede revelar aún más elementos sobre lo ocurrido el 8 de enero del año pasado, cuando miles de bolsonaristas tomaron el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Palacio de Justicia y el Congreso, en un intento de producir un golpe de Estado.