Patricia Bullrich está de fiesta. Laministra de Seguridad autorizó a la Policía Federal a realizarciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones sin ordenjudicial. Los cambios en la normativa fueron publicados este martes através de un decreto de necesidad y urgencia que reforma lasatribuciones de la fuerza, que ahora tendrá como misión principal“prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” yproteger “la seguridad del Estado Nacional”. La advertencia delos especialistas y organismos de derechos humanos.

El decreto 383/2025 lleva la firma delpresidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y laministra Bullrich y su publicación se rumoreaba desde hacía variassemanas. Uno de los ejes es la supuesta modernización del sistema deingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programaespecífico de ingreso y formación de universitarios ya graduados.El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticasdel FBI de los Estados Unidos.

Ahora, la Federal tendrá como misiónprincipal la prevención, detección e investigación de delitosfederales y complejos y la colaboración en la desarticulación deorganizaciones criminales, y estará autorizada a “desarrollaracciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por laLey de Inteligencia”.

El decretopublicado este martes en el Boletín Oficial autoriza a la PolicíaFederal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareasde prevención del delito en espacios públicos digitales, comoredes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentesabiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección dedatos personales, la libertad de expresión, la intimidad y laprivacidad de las personas”.

Sin embargo, eseinciso desató la alarma de especialistas en seguridad y organismosde derechos humanos, debido a los múltiples antecedentes dedetenciones y armado de causas durante la anterior temporada deBullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partirde mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobiernose detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas eintimidación pública.

El caso másresonante fue el de Nicolás Lucero, un joven que el 17 de agosto de2016 escribió en Twitter un fragmento de la letra de una canción decancha que decía “Macri te vamos a matar no te va a salvar ni laFederal”. Lucero no sólo fue demorado por la Policía, sino que en2017 le iniciaron una causa por los delitos de amenazas eintimidación pública. El expediente se cerró en 2018, cuando sedemostró que era inocente y que no había tenido interés alguno enacabar con la vida del entonces Presidente.

La exministra deSeguridad Sabina Frederic cruzó con dureza la nueva disposición yadvirtió por los riesgos que puede implicar el patrullaje en lasredes. "En este Gobierno es difícil pensar que van a usar elciberpatrullaje para prevenir delitos” sin control de la Justicia,aseguró.

Incluso, recordóque al inicio de la cuarentena se llevó adelante un seguimientomediante redes sociales por temor a posibles saqueos, aunque aclaróque entonces debía ser con autorización judicial y que fueinformado a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.“Existía una disposición que había sacado Bullrich (en sugestión con Macri). Las fuerzas, como hábito, hacían análisis delas redes. Lo modificamos y cuando terminó la emergencia sanitaria,se acabó esa facultad”, sostuvo, consultada por Página|12.

La abogada Maríadel Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial eInstitucional (Correpi), dijo a este diario que se trata de un“ciberpatrullaje recargado”. “Lo venimos viendo en muchascausas. En las movilizaciones contra la reforma previsional de 2017se ordenó abrir los celulares de todas las personas detenidas pararevisar las aplicaciones y buscar y rastrear posteos y mensajes queindicaran algún tipo de acuerdo previo, para dibujar el delito de'intimidación pública'. Pasó después en las marchas de 2018contra el Presupuesto”, recordó.

Por otro lado, elDNU autoriza la realización de requisas personales sin ordenjudicial inspeccionando a personas y los efectos que lleven consigo,así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones,siempre que existan circunstancias previas que “razonable yobjetivamente” permitan “presumir que se ocultan cosasrelacionadas con un delito”, aunque no aclara cuáles podrían ser. 

También lo habilita en caso de que “no fuere posible esperar laorden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebasque se intentan incautar” y cuando “se practique en la víapública o en lugares de acceso público y en el marco de operativosde prevención”.

Para Frederic, se trata de habilitar uncomportamiento “fuera de lo admitido”. “No esperar la ordenjudicial es una arbitrariedad pura”, afirmó la exministra deSeguridad. “Este decreto le brinda muchas atribuciones y facultadesal Ministerio de Seguridad.

Porsu parte, para Verdú el decreto marca “un verdadero cambio derégimen con la destrucción de los derechos y garantías”.“Murieron las libertades democráticas”, afirmó con indignación,y alertó por el nivel de autoritarismo que plantea la reforma de laFederal. “Lo único peor que podría suceder es una dictadura,donde ni siquiera se molestan en dictar una ley o decreto”, señaló.

Como es costumbredel gobierno libertario, la reforma de la Federal se salteó alCongreso de la Nación. Además de las requisas y el ciberpatrullaje,la reforma de la Federal establece modificaciones de escalafones ycargos: pone un tope a la cantidad máxima de suboficiales aincorporar por año, que deberá ir reduciéndose progresivamente.Así, los suboficiales irán pasando al escalafón de oficiales, “entanto su conocimiento, estudios o experiencia así lo ameriten”.

Aunque aclara que "no se podrá detener a las personas sin orden de un juez competente", el decreto asegura que "si existiesen circunstancias debidamente fundadas" que hagan presumir que alguien "hubiese cometido un delito o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiere" y demorada hasta diez horas. 

Verdú aseguróque buena parte de la letra del decreto apunta a futurasintervenciones de la Federal en manifestaciones y movilizaciones. Porejemplo, remarcó un inciso que señala la intervención “espontánea”en delitos flagrantes para mantener el orden público “arequerimiento del Ministerio de Seguridad o, en su caso, de las demásautoridades competentes”. 

“Eso nunca estuvo establecido. Elasunto es que dice 'espontánea'. Ya no es un policía que intervieneen un delito en flagrancia, sino que el Ministerio de Seguridad lepuede decir a la Policía 'se está cometiendo un delito, metete ental local partidario o tal marcha y detené a todo el mundo'”, dijola abogada.

Para Frederic,otra de las claves es que el decreto tiene ambigüedad entre“investigación criminal” e “inteligencia criminal”, sindetallar qué herramientas tendrá para poder desarrollarinvestigación criminal “que no es lo mismo que inteligenciacriminal”, según dijo la exfuncionaria. 

“Es un decreto pobre,deja mucho reservado a la discrecionalidad del Ministerio deSeguridad y no tiene ningún aval dentro de la fuerza”, sostuvo, yafirmó que dentro de la Policía existe mucho descontento, que sesuma al malestar por cuestiones salariales.