La decisión de Patricia Bullrich de prohibir los centros de estudiantes en los espacios universitarios de las cárceles federales ya tiene su primera objeción en la Justicia. La presentó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que se ocupa de defender los derechos de las personas privadas de su libertad, a través de un hábeas corpus en el que pidió que la medida sea declarada inconstitucional por restringir "arbitrariamente" el acceso a la educación de los y las detenidas. Los centros de estudiantes de las cárceles y de diversas facultades de la UBA también salieron a rechazar la decisión de Seguridad al advertir que los centros son "pilares esenciales de las actividades académicas". 

La presentación judicial fue informada por la propia PPN en un comunicado, en el que indicó que el hábeas corpus "busca preservar los centros de estudiantes en unidades penitenciarias federales" y "garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro". En el escrito presentado ante la Justicia, la Procuración planteó que lo dispuesto por la resolución de seguridad publicada el martes en el Boletín Oficial "agrava de manera ilegítima las condiciones de detención" y "restringe arbitrariamente el acceso al derecho a la educación y a la organización de los estudiantes universitarios". 

A su vez, la presentación detalla la escala judicial que, aseguran, viola la resolución de la ministra Bullrich: la Ley 24.521 de Educación Superior, la 26.206 de Educación Nacional y la 26.877 de Creación y Funcionamiento de los Centros de Estudiantes, además del derecho a la educación garantizado por la Constitución y los tratados internacionales. La PPN hace especial hincapié en el Artículo N°14 de la Ley de Educación Superior, que establece que los y las estudiantes de instituciones estatales de educación superior tienen derecho "a asociarse libremente en centros de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participar en el gobierno y en la vida de la institución". 

El planteo en este sentido es que la resolución ministerial no sólo viola el derecho de los y las estudiantes detenidos a organizarse sino que además avanza sobre el principio de autonomía universitaria. En los considerandos de la resolución, y aunque la normativa alcanza a todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Seguridad apunta específicamente contra los centros de estudiantes que funcionan en los espacios de estudio de dos complejos penitenciarios: el Centro Universitario de Ezeiza (CUE) y el Centro Universitario de Devoto (CUD). Los dos trabajan bajo la órbita de la UBA a través del programa UBA XXII de Educación en Contexto de Encierro, creado en 1985, por lo que la potestad sobre el funcionamiento de sus centros de estudiantes debería depender de la institución educativa. 

La PPN reclamó que el hábeas corpus sea tomado por la Justicia federal para que declare inconstitucional a la resolución y ordene "no restringir de ninguna manera el derecho a la educación superior de las personas privadas de su libertad, en particular su derecho a organizar centros de estudiantes y a participar en ellos". Además de impedir la organización de centros de estudiantes, la resolución ministerial prohíbe que los y las estudiantes detenidas se queden en los espacios de estudio por fuera del horario de clase, lo que, según la Procuración, "no sólo limita el estudio, sino también la reinserción". 

En paralelo a la acción judicial de la PPN también se comenzaron a conocer las primeras respuestas desde dentro de las cárceles a la decisión de Bullrich. La Comisión de Estudiantes del CUE emitió un comunicado en el que, además de ratificar que su funcionamiento se encuentra reconocido legalmente, calificaron a la medida como un "avasallamiento del derecho a la representación estudiantil" y recordaron que el UBA XXII y sus respectivos centros "cuentan con más de 400 egresados reduciendo la reincidencia en un 98 por ciento" 

"Los centros de estudiantes en contextos de encierro funcionan como pilares esenciales de las actividades académicas, son puntos de encuentro de formación y debate académico estudiantil, espacios de organización y formación en defensa de los derechos humanos, respeto de las leyes vigentes, lo cual no permite arbitrariedades y excesos de los cuales son víctimas los estudiantes y las personas privadas de su libertad en general", sigue el comunicado, que además le pide a las autoridades de la universidad que se pronuncien sobre el tema. 

La medida también despertó el rechazo de centros de estudiantes de otras facultades de la UBA, como el de Ciencias Sociales o el de Filosofía y Letras. El primero advirtió en un comunicado que la resolución "pone en riesgo los derechos de las personas privadas de su libertad" y que ya tiene consecuencias concretas en los centros de estudios: "Personal del SPF ingresó al Centro Universitario de Ezeiza en plena actividad retirando del espacio a los compañeros de la comisión directiva del Centro de Estudiantes", alertaron. 

El centro de Filosofía y Letras, por su parte, señaló que la medida "supone un obstáculo para el tránsito de la educación siendo que, al permitir la presencia solo en horarios de cursada, se dificulta abismalmente la posibilidad de estudiar". "Además, supone un recorte de hecho a los programas / talleres extracurriculares que se dictan en los penales con el fin de acercar a las personas privadas de su libertad a talleres que los revinculen con sus trayectorias educativas interrumpidas", agregó.