El Gobierno de Javier Milei sigue ampliándole el terreno de acción a las Fuerzas Armadas. Luego de autorizar el despliegue de fuerzas militares a pedido del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, le otorgó al Estado Mayor Conjunto una inusitada capacidad operacional y abrió el juego del Sistema de Defensa Nacional para actuar en áreas relacionadas con el “ciberespacio, espectro electromagnético y espacio exterior”.

Además, decretó una serie de principios y definiciones de lo que a partir de ahora serán “las amenazas” contra las cuales las Fuerzas Armadas podrán actuar. Y todo bajo la “cooperación y complementación” entre organismos militares argentinos y de otros países.

La decisión que amplía el alcance y redefine las capacidades castrenses fue establecida en el decreto 1112/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. Allí, el gobierno nacional formalizó la puesta en marcha de sistemas, comandos, directivas y demás dispositivos que le dan mayor poder de intervención al ministro de Defensa, Luis Petri, y al Estado Mayor Conjunto, el órgano que aglutina a los jefes de todas las fuerzas.

Todo bajo el discurso conspirativo propio de La Libertad Avanza (LLA), que ve “amenazas terroristas” por todos lados y posibles “agresiones de origen externo” en todos los frentes.

Al respecto, el decreto establece que “se considerarán agresiones” o “amenazas” a las acciones que “provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros”, así como también “de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales” que el Gobierno crea peligrosas.

La amplitud de esas categorías echa un manto de sospechas sobre lo que podría ser interpretado como “organizaciones transnacionales” que atenten contra el Estado.

Podría caberle esa designación a las ramificaciones del narcotráfico organizado, pero cabe recordar que con ese mote (y el de “terroristas”) también se persiguió, por ejemplo, a las organizaciones y comunidades mapuches de la Patagonia.

El decreto también despliega poder de vigilancia sobre “desarrollos más recientes que influyen sobre los conflictos presentes y futuros, como la inteligencia artificial, la ‘internet de las cosas’, la robótica avanzada y los sistemas no tripulados”.

Otro de los riesgos que incluye el decreto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Defensa, Luis Petri, es la insistente y amenazadora incorporación (lo nombra en cinco ítems) del concepto “disuasión”.

Le da al Ejército una mayor capacidad de actuar para “disuadir” esos supuestos peligros que ya no solo serán por vía terrestre, aérea o marítima sino insólitamente “en el espacio exterior”.

“Es primordial incluir los espacios en los que se desarrollarán operaciones militares para la defensa nacional como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior”, dice uno de los considerandos.

Es decir que, según podría interpretarse, a partir de ahora un operativo castrense podría salir de la atmósfera, remontarse a la estratósfera y desde ahí elegir el lugar en donde deba actuar.

Para que todo esto sea posible, el decreto de Milei deja claro que los miembros de las fuerzas deberán capacitarse y recibir el “adiestramiento necesario para cumplir con las misiones asignadas”. Y para ello habla de “cooperación y complementación” entre las armas.

La medida pone en marcha, además, el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, un conjunto de directivas y planes de nivel estratégico militar y operacional” que definirá las capacidades y medidas militares, a fin del adiestramiento del que se habló.

En este sentido, crea el Comando de Operaciones Conjuntas para actuar en ciberdefensa, control aeroespacial y otras áreas. Todo bajo la mirada ecuménica del Estado Mayor Conjunto, a cuyo jefe se le otorgó un inusitado poder sobre la coordinación de operaciones, comandos y planificaciones.

El decreto, además, le otorga al ministro de Defensa una mayor capacidad de coordinación entre las fuerzas y el Poder Ejecutivo. Se lo hace responsable de coordinar el Consejo de Defensa Nacional (CODENA), un espacio que elaborará proyectos e informes que caerán directamente en manos del Presidente y que a su vez tendrá la autoridad para pedirles a los gobiernos provinciales información clasificada en materia de defensa.