En su afán por mantener a raya la inflación a costa de ajuste y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el Gobierno no está dispuesto a convalidar acuerdos paritarios por encima de la pauta fijada por el Ministerio de Economía. Lo demuestra el caso de Camioneros: el gremio acordó con los empresarios un aumento de 8% y la Secretaría de Trabajo no lo convalidó. Ante el rechazo el sindicato liderado por Hugo Moyano convocó a un paro y menos de 24 horas después la misma dependencia dictó la conciliación obligatoria.

La medida impuesta por el Gobierno este viernes por la mañana apunta a desactivar la medida de fuerza que había puesto en marcha el gremio el jueves en todas las ramas de la actividad.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado. "La Secretaría de Trabajo estableció un plazo de 15 días de conciliación obligatoria, plazo en el cual tanto las cámaras como el gremio están inhibidos de tomar cualquier represalia o medida de fuerza", consignó el texto que difundió esa cartera.

Según la cartera encabezada por Sandra Pettovello, "la medida fue adoptada a partir de la solicitud interpuesta por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), según lo establecido en la normativa vigente", agrega el escueto comunicado oficial.

La paritaria entre los empresarios del transporte y Camioneros se empantanaron definitivamente este jueves en la reunión que entre las partes que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo. El encuentro terminó de manera abrupta por la negativa del Gobierno para ratificar el aumento salarial acordado con las cámaras empresarias.

Los empresarios aceptaron otorgar un incremento del 8% en tres cuotas al cabo de tres meses, pero los representantes de la Secretaría de Trabajo rechazaron la propuesta. Desde el gremio liderado por Moyano advirtieron que no permitirían que el Ministerio de Economía “coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector”, como así tampoco, que se les impida a los trabajadores camioneros “seguir viviendo con la dignidad que se merecen”.

"A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas de nuestro convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional. No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen", señaló luego un comunicado que publicó Camioneros.

El paro de Camioneros no fue convocado ante una negativa de los empresarios al pedido de recomposición salarial, sino ante la intransigencia del Gobierno a homologar el aumento que las cámaras del sector habían aceptado pagar. Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Capunto, impusieron un límite de aumentos salariales del 1% mensual. El accionar de la Secretaría de Trabajo -no homologar, primero, y luego dictar la conciliación obligatoria- va en línea con esa decisión.

El techo impuesto por el Gobierno está muy por debajo del índice inflacionario. Los gremios critican el límite y advierten que no refleja la realidad económica que atraviesan los trabajadores.

Para el sector de los camioneros, este tope es una muestra clara del avasallamiento de los derechos laborales, dado que no solo no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino que además limita la capacidad de los trabajadores para negociar salarios justos en un contexto inflacionario.