El prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón finalmente llegó al país, tres años y medio después de haberse fugado a Uruguay. Consiguió en la estructura judicial argentina lo que no hubiese conseguido casi en ningún lugar del mundo: escaparse y luego volver, sin consecuencias, apenas poniendo como garantía (de que no se va a fugar otra vez) la propiedad de un amigo, el exjefe de asesores de Mauricio Macri, José Torello. Pepín, Torello, el propio Macri integraban la mesa judicial que está acusada de coordinar el uso de la justicia para perseguir opositores. Entre ellos, los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, que hicieron la denuncia porque aseguran que los extorsionaron para que pusieran sus medios al servicio del gobierno del PRO de meter presa a Cristina Kirchner. La exigencia la habría formulado el mismo Macri en la casa de su padre, Franco, en Barrio Parque. Cuando era inminente que la jueza María Servini lo iba a llamar a prestar declaración indagatoria, Rodríguez Simón se fugó del país. Este miércoles se tomó el Buquebus en Colonia, llegó a Buenos Aires, tostado, de traje y con anteojos negros, y dedicó sólo 15 minutos a transitar los pasillos de Comodoro Py, uno de sus escenarios preferidos cuando era el estratega de la mesa judicial.

Los dueños del Grupo Indalo, López y De Sousa, denunciaron que en la Casa Rosada funcionaba una mesa judicial que se ocupaba de las estrategias para perseguir opositores. De hecho, ambos empresarios estuvieron dos años presos en Ezeiza, con sus familias hostigadas y escuchas ilegales a los allegados, abogados y hasta socios. En el expediente se señala a Rodríguez Simón como el ariete de la persecución y quien coordinaba la intervención, sin ser funcionario del Ejecutivo, de casi todas las áreas del gobierno: la AFIP, Vialidad Nacional, Obras Públicas, los servicios de inteligencia, el Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad. El poder de Rodríguez Simón se verificó porque fue quien armó la designación ilegal, en comisión, de dos jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La ofensiva contra los dueños del Grupo Indalo se dio en todos los terrenos, pero el punto de partida fue una reunión, en la casa de Franco Macri, el 25 de octubre de 2015. Cristóbal López declaró que ese día, Mauricio Macri le reclamó el apoyo de los medios del Grupo Indalo, incluyendo el canal C5N, para “meter presa a Cristina”. Como López se negó, ni bien Macri asumió el gobierno, se desató la ofensiva.

En la causa judicial hay otros elementos. Por ejemplo, se citó en Casa Rosada a uno de los socios de López y se le transmitió la misma exigencia. El empresario elaboró un acta sobre aquella imposición. También hubo otros episodios: el remate de los bienes de Indalo a precio vil; la tentativa de vender otros activos, la aparición de empresarios, amigos de Macri, ofreciendo hacerse cargo de todo o de parte del grupo; el estrangulamiento económico, la dramática situación a la que se sometió a los trabajadores y empleados de cada una de las empresas.

En su momento, Servini citó a Rodríguez Simón acusado de conformar una asociación ilícita para perseguir, presionar e intentar desapoderar de sus empresas a los dueños de Indalo. Tomó en cuenta que Pepín, no tenía ningún cargo oficial en el Poder Ejecutivo, registraba 400 contactos con la Secretaría General de la Presidencia de Macri; 140 con un abonado de la Jefatura de Gabinete, que sería Mario Quintana; 162 con el ministro de Justicia, German Garavano; 59 con el integrante de la Corte, Carlos Rosenkranz y 225 con empresarios de medios aliados al macrismo.

En el rato que pasó por el edificio de Retiro, Pepín y sus dos abogados tuvieron que esperar 50 minutos y después el exladero de Macri sólo debió proceder a entregar el pasaporte, un trámite que garantiza poco y nada que no abandone el país. Semanas atrás, los letrados presentaron la garantía, que no consiste en entregar los 3.120 millones de pesos requeridos, sino que se trabó una especie de hipoteca sobre una propiedad de Torello, es decir que la limitación es, únicamente, que no la puede vender.

Lo sucedido con Rodríguez Simón casi no tiene parangón. El principio es que el imputado esté a derecho y el Código habla de que se puede evitar la prisión si no hay sentencia firma siempre y cuando no haya peligro de fuga o peligro de que pueda alterar pruebas. En el caso de Pepín el peligro de fuga es ostensible porque cuando lo iban a llamar a indagatoria para que se defienda de los cargos, emprendió la huida. El peligro de fuga está claro porque ya se fugó. Además, todo fue asombroso porque, a los ojos de quienes conocen el mundo judicial, no había prácticamente chances de que Servini ordenara su detención. La magistrada no suele hacerlo. De manera que Pepín huyó porque pensó que iban a actuar con él de la misma manera que él mandó presos a distintos opositores. 

El tránsito por Uruguay fue más bien tranquilo. Si bien le rechazaron el pedido de refugio en casi todas las instancias, incluyendo la Comisión de Refugiados (CORE), la jueza de primera instancia y hasta la Corte, las cosas se fueron diluyendo con apelaciones y más apelaciones. Transitó los tres años y medio sin grandes sustos. El gobierno de Luis Lacalle Pou, de evidente sintonía con Macri, no mostró ningún apuro en todo el proceso. Es más, buena parte del tiempo, Pepín lo pasó en Punta del Este. 

Después de tres años, ya con Javier Milei en la Casa Rosada, el referente macrista anunció su regreso al país, tal como adelanto en exclusiva Página/12: el plan hasta tenía un nombre evidente, Retorno. La versión era que la Cámara Federal, claramente alineada con el PRO, le aseguraba que estaría poco tiempo en prisión y que, con Patricia Bullrich a cargo del Servicio Penitenciario, se le prometía un lugar VIP de alojamiento. El cálculo era que Servini ordenaría la detención, justamente por el riesgo de fuga, y la Cámara lo revocaría en tiempo récord. La sorpresa fue que la jueza aceptó la exención de prisión. El fiscal Guillermo Marijuán apeló esa decisión de Servini y ahí la Cámara Federal confirmó que no iría a prisión. Los votos claves fueron de dos magistrados, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con Martín Irurzun oponiéndose al tándem de mayoría porque se trataba de un caso muy grosero: se le otorgó la exención a un prófugo. La Casación puso igualmente su granito de arena, confirmando que podía volver tranquilo y en libertad. 

El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, marcó la contradicción. “No hay ficha limpia con justicia sucia. Qué contradicción. Llegó Pepín Rodriguez Simón a la Argentina después de haber estado prófugo más de tres años. Y llega justo el día que le quieren aplicar ficha limpia a Cristina que siempre estuvo a derecho con los jueces arbitrarios que jugaban al fútbol y al paddle en la casa de Mauricio Macri”. La referencia es al proyecto de ley de Ficha Limpia que se pretende aprobar, aunque la sesión de este miércoles fracasó por falta de quórum.

El siguiente paso para Pepín sería la convocatoria a que preste declaración indagatoria por los delitos que se le imputan. Sin embargo, la Corte Suprema pidió el expediente para su revisión a principios de 2023 y todavía no lo devolvió. Pasó un año y medio. Uno de los abogados de los dueños del Grupo Indalo, Carlos Alberto Beraldi, le pidió reiteradamente al máximo tribunal que le devuelva el expediente a Servini para continuar la investigación. De hecho, hubo elementos nuevos: López y De Sousa fueron absueltos en la causa principal contra Indalo. Lo cierto es que la Corte no devolvió el expediente y, por lo tanto, Servini no puede indagar todavía a Pepín. En el juzgado se dice que puede ser que Rodríguez Simón tenga que declarar en una causa derivada, colateral, aunque todo hace pensar que seguirá con el halo de protección, paseándose tranquilo, con los anteojos oscuros puestos, como en sus mejores tiempos.