El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, lo cual contempla la postergación de la denominada "normalización tarifaria" prevista para este fin de año. La medida abarca a la generación, transporte y distribución en la electricidad y el gas. Además, se dispuso la prórroga en la intervención a ambos entes reguladores, ENRE y Enargas. La medida busca hacer equilibrio entre la relación con las empresas del sector, al cual se considera clave en la estrategia de reformulación del modelo económico, y la necesidad de preservar el paulatino descenso de la inflación. La normalización tarifaria hubiera significado la aplicación de fuertes aumentos de tarifas y brusca eliminación de subsidios, que en muchos casos están decididos pero que se vienen postergando desde los primeros meses de este año.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, hizo un esfuerzo por demostrar que la necesidad del ajuste en las tarifas, mejorando el ingreso de las empresas concesionarias, sigue siendo una convicción del gobierno. 

"Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que se concrete y darle una señal a las empresas reguladas", dijo la funcionaria. Tettamanti sostuvo que "la tarifa es un precio y los precios son las señales que tienen las empresas para invertir y los usuarios para consumir, sin esa señal los mercados no funcionan".

Aseguró que los entes reguladores del sector, el Enargas y el ENRE, cuyas intervenciones fueron prorrogadas, "trabajan para concluir la revisión tarifaria integral en los plazos previstos, cuanto antes mejor; lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que se concrete y darle una señal a las empresas reguladas por los próximos cinco años para que se animen a invertir".

A su vez, el decreto de prórroga de la emergencia energética también da una señal de tranquilidad a las empresas del sector, instruyendo a la Secretaría de Energía a "mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".

De todos modos, la normativa establece que "la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025" y se dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen "mecanismos que posibiliten la participación ciudadana". Es decir, las audiencias públicas, en las que las autoridades oficiales le dan la oportunidad de exponer a quien desee hacerlo, pero las resoluciones se toman a posteriori sin obligación de tomar en cuenta los planteos en la audiencia pública. 

El decreto1023/24 establece además que la prórroga de la intervención del ENRE y el Enargas se extenderá hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742, y qu unifica los dos anteriores en un único organismo de control. 

El modelo económico que trata de imponer la actual gestión tiene al sector energético como pieza central. Tanto por lo que está pensado que aporte a la balanza comercial por el lado de las exportaciones, como por las inversiones que pueda atraer en el desarrollo hidrocarburífero, particulamente el no convencional. 

El propio régimen de incentivo a las inversiones (RIGI), planteado y aprobado en el marco de lo que fue la Ley Bases, fue pensado especialmente para el sector. De hecho, YPF es una de las primeras empresas que ya elaboró un proyecto de inversión que buscará el beneficio de las normas promocionales del RIGI, que es el Oleoducto Vaca Muerta Sur, que ya entra en etapa de ejecución. Pan American Energy, la empresa del que participa la empresa de los Bulgheroni, Bridas, también anticipó un proyecto que busca adherirse al RIGI, para exportar gas natural a través de un barco licuefactor (para convertir el gas en GNL) que se instalará en las costas de Río Negro.

Los cambios recientes en el área de Energía, con el desplazamiento de Eduardo Rodríguez Chirillo, se vinculan a este cuadro de situación. La movida acercó mucho más a las empresas dominantes hoy en el negocio energético al manejo o control del área. El cúmulo de concesiones que ha recibido y va a recibir el sector habrían sido un claro incentivo a que se aceptara no sólo la postergación de los aumentos tarifarios previstos, sino que además aceptara canjear la millonaria deuda de Cammesa (administradora del mercado mayorista eléctrico) con las centrales eléctricas, por bonos con vencimiento al año 2038 a su valor nominal.

Un aumento de la luz y el gas, como el que hubiera resultado de aplicar la normalización de tarifas, con los aumentos ya acordados en la retribución de los distintos segmentos y la eliminación de los subsidios que se consideran excedentes, le habría significado una grave alteración en el sendero de la felicidad que Luis Caputo intenta mostrar con el descenso de la inflación. La postergación, con acuerdo de las empresas del sector, despejó por unos meses ese costo político. En otras circunstancias, economistas ortodoxos y políticos conservadores hubieran llamado a esto "inflación reprimida".