El amparo colectivo promovido por vecinos y vecinas de 40 barrios populares de distintas provincias representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) finalmente dio sus frutos. El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una medida cautelar, le ordenó al Estado nacional a retomar las obras paralizadas y exigió al Gobierno presentar un plan de acción en un plazo de tres meses. 

Al conocerse la noticia, Juan Grabois, referenciado con el Fondo de Integración socio urbana desfinanciado por la gestión de Javier Milei, celebró el fallo al decir que "esto no es una 'batalla cultural', es una política de Estado".

"Nuevo fallo contra el Gobierno Nacional por incumplimiento de derechos sociales. Un Juez declaró que el desfinanciamiento de las políticas de integración socio urbana afecta los derechos de vecinos y vecinas de todos los barrios populares y ordena al gobierno a que en 3 meses elabore un plan para garantizar los derechos vulnerados", posteó el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Social (UTEP).

Es que el amparo colectivo impulsado por vecinos y vecinas de 40 barrios populares de todo el país y por el padre "Toto" Lorenzo de Vedia del equipo de sacerdotes para las villas y barrios populares, con el patrocinio del CELS, solicitaba que se declare la inconstitucionalidad del decreto 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes n° 27.453 y 27.541, que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado impuesto PAIS, ya que de esa manera se eliminó la principal fuente de financiamiento del fideicomiso para la integración sociourbana (FISU).

Grabois añadió que "el juez federal Andres Heim hizo lugar a la medida cautelar obligando al Estado a retomar las obras de Integración Sociourbana paralizadas 'dando continuidad a la política pública consistente en la integración socio urbana de los barrios populares registrados en RENABAP'".

"Esperemos que esta vez los funcionarios del área pertinente cumplan el fallo, implementen plenamente la política de integración sociourbana fijada por ley, terminen las obras paralizadas", agregó el dirigente social, para remarcar que "esto no es una 'batalla cultural', es una política de Estado". "Ahora depende de ustedes y tienen toda la predisposición de las organizaciones sociales y eclesiales, las provincias y municipios de todos los colores políticos para hacerlo", sostuvo.

En su descargo, Grabois no se olvidó de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien, entre otras cosas, no quiere acatar el fallo que obliga al Gobierno a garantizar la entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país, distribución interrumpida desde el comienzo de la gestión de Milei.

"También esperamos que no se repita la situación de Capital Humano donde se incumplen arteramente los fallos sin ninguna consecuencia para los incumplidores. Si no cumplen, nosotros no queremos ni cárcel ni bala, pero sí que la coerción legal se aplique también a los poderosos", expresó el referente social en alusión a la polémica frase "cárcel o bala" del diputado libertario José Luis Espert.

"Cuéntenla como quieran, con periodistas ensobrados o antipobres vocacionales, pero el gobierno argentino está actuando al margen de la ley y nosotros luchando por una Argentina humana", sentenció Grabois.