Dos hechos recientes pusieron al populoso distrito de La Matanza en el ojo de la tormenta política: la violación de la clausura municipal a una obra ilegal de la empresa Mercado Libre por parte de un grupo de legisladores libertarios, que se filmaron en actitud desafiante, y el anuncio, el viernes pasado, de que el Banco Nación cerrará su sucursal de Ramos Mejía, con un innegable tufillo a vendetta política por la clausura.

El origen del contrapunto es que, para Marcos Galperín, uno de los principales apoyos corporativos del gobierno y beneficiario de múltiples negocios, el predio donde se construye el galpón, con un presupuesto de 75 millones de dólares, pertenece al Mercado Central y por lo tanto no requiere autorización municipal. Tras la clausura, Galperín repsondió con un hilo de tuits, con su habitual discurso antiperonista.

Espinoza le respondió con un hilo en tono amable, en el que lo invita a recorrer La Matanza, "corazón industrial y productivo" de la provincia de Buenos Aires y del país, y le dice que los trámites que omitió "son rápidos y sencillos".

La respuesta de Mercado Libre/La Libertad Avanza fue la intrusión, previa rotura de las fajas de clausura, del predio donde se desarrolla la obra. El diputado nacional José Luis Espert concurrió allí, secundado por el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; los diputados nacionales Juliana Santillán y Santiago Santurio; los diputados provinciales Agustín Romo, Fernando Compagnoni, Florencia Retamoso, Ramón Vera y Juan Esper; los senadores bonaerenses Florencia Arietto y Carlos Curestis; Luis Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza.

Allí, en un estilo copiado del tuitero funcionario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, Espert acusó a Espinoza de "polizonte", "usurpador" y, por si hubiera dudas, afirmó que "nos cagamos en vos". La puesta en escena terminó con el ya remanido "viva la libertad, carajo".

Hernán Mirasole, abogado penalista y referente de la agrupación de profesionales "Nace un derecho" dialogó sobre el tema con Buenos Aires/12. "La conducta desplegada por los dirigentes libertarios, en el marco de la rotura de las fajas de clausura, podría encuadrarse en la figura prevista en el art. 254 del Código Penal, la cual tiene una escala penal de 6 meses a dos años de prisión. Dicho tipo penal se agrava en el caso de los funcionarios públicos, ya que pueden ser inhabilitados accesoriamente por el doble del tiempo para ejercer cargos por el término de hasta 4 años", evalúa.

La siguiente pregunta es si algo de eso ocurrirá. "La responsabilidad de investigar lo sucedido se encuentra a cargo de las unidades fiscales de investigación y juicio con asiento en el Departamento Judicial de La Matanza, cuya autoridad máxima es la Dra. Patricia Fabiana Ochoa. Además existe en dicho departamento una Ayudantía Fiscal especializada en delitos de gravedad institucional. Por la participación de un diputado nacional como es Espert, podría arrogarse la competencia en el caso el fuero en lo Criminal y Correccional Federal".

La amenaza de cierre de una sucursal del Banco Nación como represalia o herramienta de disciplinamiento político tiene un antecedente reciente. Ocurrió en la provincia de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto.

Cuando Milei comenzo a demorar y retener transferencias a las provincias por coparticipación y distintos convenios preexistentes, Ziliotto decidió subir la alícuota de ingresos brutos para las actividades de mayor rentabilidad, como el juego y las actividades financieras, a modo de compensación.

Esa reforma, cuestionada por la oposición, trabó el funcionamiento legislativo durante meses, hasta que finalmente el gobernador alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. Apenas comenzó a implementarse, el Banco Nación argumentó que cerraría sus nueve sucursales pampeanas porque no podía hacer frente a semejante carga impositiva.

Entonces comenzó un tira y afloja que involucró, además de al gobierno provincial y a la conducción del BNA que encabeza Daniel Tillard, al al sindicato de Bancarios, tanto a nivel nacional, conducido por el diputado Sergio Palazzo, como a nivel provincial, conducido por Raúl Ibañez, para salvar los 90 empleos en riesgo, repartidos en localidades pequeñas como Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

Finalmente, el conflicto se resolvió con una excepción para el Nación, que ningún otro banco solicitó, lo que demuestra que el problema no era de orden económico sino estrictamente político.

Los motivos del curioso lanzamiento de la campaña de José Luis Espert son al menos tres. El más evidente es el peso demográfico, y en consecuencia electoral, que tiene La Matanza.

Conocida como “la quinta provincia”, el partido tiene 1,8 millones de habitantes según el censo de 2022, cantidad que equivale a varias provincias sumadas. Quien aspire a ganar la provincia o al menos a hacer una buena elección bonaerense, debe comenzar a trabajar en La Matanza a la brevedad.

Aunque comparar elecciones ejecutivas y legislativas es un tanto forzado, no hay otro antecedente a mano. En 2023, Espinoza retuvo el municipio con un contundente 53 por ciento, seguido del candidato libertario, el cantante de cumbia David Martínez, conocido como "El Dipy", con 22 puntos, que relegó al tercer lugar al entonces cambiemita Lalo Creus, hoy devenido en "amarillo- violeta".

Pero en esa ocasión, "El Dipy" se benefició del arrastre de la boleta presidencial de Javier Milei, ventaja con la que no contará Espert, en caso de encabezar la lista de diputados nacionales. Tampoco está claro quién encabezará la boleta de concejales a nivel local.

El Dipy protagonizó un escándalo en julio pasado, cuando trascendió su designación como asesor de la secretaría de Cultura de la nación, con un salario mensual de 1,5 millones de pesos, tras predicar durante toda la campaña electoral contra el gasto público y “los ñoquis”, que dejó su imagen muy golpeada.

La segunda cuestión tiene repercusiones más allá de los límites del partido del sudoeste conurbano. Fernando Espinoza es el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que viene confrontando con la administración Milei prácticamente desde sus inicios, por motivos tales como la negativa a entregar alimentos a comedores, los tarifazos y el total parate a la obra pública, que cuando funciona pone en marcha la economía de los barrios populares.

La FAM reúne a 500 intendentes de todo el país. Su presidente suele ser bonaerense, ya ejercieron el cargo con anterioridad la ahora vicegobernadora Verónica Magario y el diputado nacional Julio Pereyra, pero la conducción suele mostrar un conjunto bastante federal. Pereyra, además, preside actualmente la comisión de asuntos municipales de la cámara de diputados de la nación.

Si el gobierno tuvo hasta acá relativo éxito a la hora de disciplinar a los gobernadores, de la firma del Pacto de Mayo ocurrida en julio al apoyo parlamentario, con los intendentes parece costarle un poco más, ya que los tiene más lejos. Disciplinar al líder formal de los intendentes, el primus inter paris, podría resultar ejemplificador.

El “primer mostrador de la política”, como suele denominárselo, viene plantando cara a Milei en distintos asuntos. Uno es la judicialización de la resolución del ministro Caputo que impide que cobren la tasa de alumbrado público en la factura de Edenor, Edesur o Edelap, que obtuvo, en el caso de Morón, una reciente cautelar a su favor.

Los municipios explican que la medida constituye una intromisión violatoria de las constituciones nacional y provincial, tiene el objetivo de perjudicar a los municipios, pero daña también a las empresas.

La recaudación de ese ítem está calzada con lo que los municipios pagan a las distribuidoras eléctricas. Si la cobranza de hiciera a través de la factura de tasas municipales, cuya morosidad es siempre más elevada, se generaría una deuda del municipio a las empresas, que afectaría innecesariamente a ambos, deudor y al acreedor.

Por último, hay un motivo vinculado a la dinámica interna propia de La Libertad Avanza. No es ningún secreto que Karina Milei, una de las dos personas con mayor ascendencia sobre el presidente, no quiere a Espert.

La puesta en escena en la obra clausurada, con el economista como maestro de ceremonias, se dio pocos días más tarde de que Javier Milei hiciera pública su preferencia por el pergaminense. Conocedores de ese espacio espacio suponen que Espert se apresuró a salir a la cancha para aprovechar la ventana de oportunidad, antes del siguiente vuelco del humor presidencial.