Mientras el presidente Javier Milei insiste en que él "no va a ceder" ante las tomas que se registran en universidades de todo el país, les estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA convocaron a un "cacerolazo" para este miércoles las 18 en la intersección de Púan y Rivadavia, a pocas cuadras de la sede universitaria. 

En paralelo, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó un dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoria General de la Nación (AGN), órgano de control que no depende del Poder Ejecutivo. 

La medida, que vulnera la autonomía universitaria al someterla al control del Poder Ejecutivo, como reconoce la Constitución, abre un seguro camino a la judialización. Desde el Ministerio de Capital Humanos celebraron la decisión de Barra y rechazaron que se viole la autonomía universitaria. 

En tanto, desde el  Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se cansaron de desmentir el relato gubernamental de la falta de auditorías: tal como explicó este diario, el organismo remarca que las universidades son auditadas de manera interna y externa por la Auditoría General de la Nación (AGN), y luego se suben los resultados a las páginas web de cada institución.

"Todos estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?", provocó el presidente Javier Milei a la revuelta estudiantil que está reclamando en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. 

De hecho, el "cacerolazo" convocado para mañana a la tarde tiene como consigna "¡Triplicación del presupuesto educativo ya!", algo que el veto descarta, mantiene la prórroga del Presupuesto 2023 y deja el debate para el Presupuesto 2025, en el que los rectores universitario ya adviertieron sobre lo insuficiente de los fondos pautados por el gobierno nacional. 

La resolución firmada por Barra va en línea con el eje puesto en agenda desde la Casa Rosada sobre supuestos "chorros" que no dejan auditarse, para referirse a las autoridades de las universidades públicas y desviar el foco puesto en el ahogo financiero al que el plan de ajuste económico ya somete a la universidad pública. 

Barra repuso la interpretación respecto de que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (N° 24.156) es de aplicación a las universidades nacionales, por lo que volvió a habilitar su auditoría desde el Poder Ejecutivo. 

En 2022, el ex Procurador de la Nación Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que "no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno", por valorar su autonomía. 

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello y bajo cuya órbita está la Subsecretaría de Política Universitarias, se hizo eco de la resolución de Barra e indicó que "el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional".

Esta decisión del Gobierno está marcada por el debate que busca imponer en la agenda, pero también por los aliados del PRO. En el comunicado emitido la semana pasada para anticipar que el bloque referenciado en el ex presidente Mauricio Macri daría el apoyo al veto presidencial se criticó al Poder Ejecutivo por no derogar la resolución firmada en 2022 por Zanini. 

Pero el comunicado del PRO revelaba también otra incongruencia de la cruzada de Milie por la transparencia universitaria. El órgano que sí está a cargo de auditar a las casas de altos estudios es la AGN, ente que está bajo el control de Poder Legislativo y no bajo los hilos de la Rosada. 

"No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades", apuntó el comunicado y agregó: "No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN". 

Esa demora tiene que ver con las disputas entre los bloques aliados de La Libertad Avanza y el PRO respecto de qué diputados asumirán las bancas correspondientes a la minoría parlamentaria en la AGN. Por la Cámara alta ya fueron desginados Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Mientra que por la Cámara baja solo se anticipó que Unión por la Patria designaría a Juan Ignacio Forlón. Las otras dos bancas deben definirlas el oficialismo, el PRO y los radicales. 

La disputa mantiene pendiente la auditoria sobre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste, según el plan 2025 de la AGN.