La tercera es la vencida. Después de amagar varias veces con presentar el proyecto de ley Hojarasca, Federico Sturzenegger envió finalmente al Congreso el fruto oficial de su trabajo en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: una iniciativa que elimina unas 70 leyes que, según el ministro desregulador, "son obsoletas" o representan "un obstáculo a las libertades". Un paquete grandilocuente con el que el gobierno libertario pretende cambiar el rumbo de la agenda tras el blindaje al veto de la Ley de Financiamiento Universitario. En La Libertad Avanza están preocupados por el efecto del veto en la opinión pública, ya que comienzan a observar que el conflicto no se diluirá, sino todo lo contrario. Las tomas y asambleas en las universidades, los paros docentes, las recriminaciones de los rectores: el gobierno nacional necesita quitar el refector del debate por la educación pública y envía, a su super ministro desregulador a hacer ruido con un proyecto que la oposición no duda en calificar de "distractivo".

Sturzenegger lo anunció primero con un tuit y después con una breve gacetilla, buscando centralizar, como fuera, la atención de la agenda pública. "El presidente Milei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o que restringen nuestras libertades", adelantó el ministro, publicando un gráfico con las presidencias durante las cuales se habían sancionado las leyes que pretendía derogar. El proyecto, al cierre de esta edición, no había ingresado al Congreso, aunque algunos sectores de la oposición --como el radicalismo y el PRO-- ya habían podido acceder a borradores que el propio Sturzenegger les había compartido hace unas semanas cuando comenzó a hacer lobby por su ley. 

La Ley Hojarasca es la contraparte del decretazo desregulador 70/2023 que eliminó la Ley de Alquileres, la Ley de Tierras, la Ley de Góndolas y liberalizó los precios de las prepagas, entre otros puntos. En este caso, el proyecto de ley buscará eliminar unas 70 leyes, la mayoría vinculada a regulaciones económicas, aunque también buscará incluir leyes consideradas "obsoletas" --como el carnet de mochilero-- para rellenar. Hubo, según un comunicado que publicitó el gobierno, seis criterios para eliminar estas leyes. Las que "limitan la libertad individual", los "trámites sin sentido", las "obsoletas" por los cambios tecnológicos, entre otros. El punto que más despertó atención en algunos sectores es el que refiere a "leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos".

Por fuera de los fuegos artificiales de la Ley Hojarasca, el gobierno nacional tiene una prioridad: la aprobación del Presupuesto 2025. El escenario en el Congreso, sin embargo, es complicado. Milei logró consolidar una minoría intensa para blindar los dos vetos presidenciales --al aumento de las jubilaciones y al financiamiento universitario--, pero no alcanza para aprobar una ley. Para impulsar el Presupuesto y enviarle un mensaje a los mercados de que cuenta con una amplia mayoría para ratificar su plan de ajuste para 2025, el oficialismo necesita una cuarentena de votos más. Una cuarentena de votos que tendrá que ir a buscar en la pecera de los ex aliados que viene insultando al vetarles, sistemáticamente, cada una de las leyes.

Las conversaciones ya comenzaron. Por un lado, los equipos técnicos de Guillermo Francos y Lisandro Catalán se reúnen con diputados de fuerzas provinciales y asesores de los gobernadores para definir prioridades en materia de obra pública. Los funcionarios, además, mantienen un diálogo fluido con algunos gobernadores, muchos de los cuales les garantizaron el número para vetar la ley de financiamiento universitario. Hay, además, reuniones políticas informales con dirigentes del PRO y la UCR. Con el PRO se reúnen todas las semanas en Casa Rosada, mientras que con la UCR han mantenido dos encuentros informales en el Congreso. En el primero participó, hace un par de semanas, el propio Sturzenegger, mientras que el segundo encuentro, que se llevó a cabo el jueves, estuvo encabezado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Además de las reuniones informales, la Cámara de DIputados ya comenzó con el tratamiento formal del proyecto en la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert. Guberman y Pablo Quirno (Finanzas) participaron de una reunión informativa el martes pasado en la que anticiparon, ante los cuestionamientos por el financiamiento universitario, que no había espacio para incrementar las partidas. "Si queremos aumentar a algunos tenemos que discutir seriamente a quien le vamos a estar sacando. El compromiso es con el equilibrio fiscal", ratificó Guberman, en la reunión de comisión. 

El próximo martes será el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, que expondrán en la comisión de Presupuesto a partir de las 15. No hay novedades aún, sin embargo, de Luis Caputo. El ministro de Economía se niega a ir al Congreso a defender su Presupuesto, a pesar de que todos sus antecesores así lo han hecho. 

Este capricho de Caputo tiene furiosa a la oposición, que ya comenzó a maniobrar para forzarlo a comparecer. En la sesión del miércoles, luego de la votación que blindó el veto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso forzar su citación a partir del artículo 71 de la Constitución, que habilita al Congreso a convocar a los funcionarios para que den explicaciones. La resolución se aprobó con los votos del radicalismo y Encuentro Federal y se tratará el próximo martes en un plenario de comisiones. De conseguir dictamen irá al recinto y, probablemente, se aprobará. "Que venga Caputo, ¿cuál es el problema? La última reunión salió bien, no se entiende por qué no quiere venir", mascullaba, irritado, un diputado libertario ante la perspectiva de que la oposición pudiera terminar trayéndolo de los pelos.