La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá que responder en el transcurso de la semana próxima qué información guarda sobre el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Así se lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello a partir de un pedido de Alejandrina Barry, querellante en la causa, ya que ella y sus padres fueron víctimas de una acción coordinada entre Argentina y Uruguay.

En línea con lo que había dictaminado la fiscala Paloma Ochoa, Casanello pidió que la SIDE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad informen qué documentación tienen sobre el Plan Cóndor. En Comodoro Py estiman que la respuesta debería llegar el viernes 18, ya que el juez les notificó el 2 de octubre que tenían diez días hábiles para aportar un inventario.

Casanello quiere saber qué información hay sobre las víctimas y los perpetradores del Plan Cóndor. Les pidió también información sobre el surgimiento de esta operación represiva de alcance regional y las acciones que se desplegaron en este marco.

Para la justicia argentina, el Plan Cóndor fue un acuerdo ilícito regional: así lo definió en 2016 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que juzgó estos crímenes. El Cóndor implicó una coordinación para intercambiar información y prisioneros y para conducir operativos conjuntamente. Su nacimiento data de noviembre de 1975, cuando se hizo una primera reunión en Santiago de Chile. La SIDE sabe mucho del Plan Cóndor: era el organismo encargado de la concertación. En 1977, según surge de los archivos desclasificados de los Estados Unidos, su titular, Carlos Laidlaw, estuvo al frente de la operación.

Alejandrina Barry, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), es una de las víctimas del Plan Cóndor. El 15 de diciembre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) llegó hasta Uruguay, donde ella estaba con sus padres y sus compañeros de militancia. Tras el asesinato de sus padres en el operativo, Alejandrina fue retenida en el país vecino. Usaron su imagen en distintas revistas de la editorial Atlántida para decir que era una víctima de sus padres militantes, que la habían abandonado a su suerte. No decían que estaban muertos y ella, secuestrada.

En 2012, Alejandrina consiguió que la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) confirmara que tenía documentación sobre la familia Barry. Fue después de que el juez federal Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, diera curso a un pedido que ella había hecho junto con su abogada Myriam Bregman.

En julio, cuando arreciaban las versiones de que Javier Milei preparaba una reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alejandrina –acompañada por sus abogados Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazea– solicitó que se preservara toda la documentación. En ese momento, ni siquiera imaginaba que Milei iba a proponer una modificación total del sistema de inteligencia sin pasar por el Congreso –que implicaría el regreso de la vieja SIDE.

“La resolución de Casanello ahora y anteriormente el dictamen de la fiscal Ochoa confirman que los archivos del Estado que provienen de la dictadura militar deben ser preservados”, dice Bregman. “Hace muchos años que venimos peleando por la apertura total de esos archivos. En algunas causas –como en la del Plan Cóndor– logramos demostrar que esos archivos existen, como quedó evidenciado en el caso de Alejandrina Barry. En otros casos también, en representación de Mario Santucho o de Patricia Walsh, he solicitado esos archivos y una parte de ellos nos ha sido entregada. Pero creo que esta resolución de Casanello le da un sentido más amplio porque lo toma para toda la causa y no para un caso individual. Entonces, me parece que esto hace que podamos empezar a pensar cómo esos archivos se abren y se convierten en prueba judicial. De esta forma, tener información en la SIDE deja de ser un secreto de poder para los gobiernos de turno”.

Durante muchos años, las autoridades de la SIDE negaron tener información. Sin embargo, esa afirmación se probó que no era cierta cuando Cristina Caamaño se puso al frente de la intervención de la AFI. La exfiscal promovió la creación de un programa de gestión documental que relevara todo el material que había en esas dependencias desde su creación hasta el 9 de diciembre de 1985, día de la sentencia en el Juicio a las Juntas.

Durante el gobierno del Frente de Todos, las distintas intervenciones enviaron documentación a los juzgados, particularmente al de Daniel Rafecas –que investiga el rol de la SIDE a través de los centros clandestinos que regenteó en los primeros años de la dictadura: Automotores Orletti y las bases Bacacay y Pomar.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) se destacó por su afán por obstaculizar el acceso a los archivos de graves violaciones a los derechos humanos. En Defensa, Luis Petri desarmó los equipos que relevaban la documentación de las Fuerzas Armadas. En Seguridad, Patricia Bullrich hizo campaña diciendo que no iba a dar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Milei terminó desmantelando la unidad especial de investigación de ese organismo y derogando un decreto de Néstor Kirchner que le confería acceso a todos los archivos del Estado que pudieran tener información sobre los bebés robados durante la dictadura.

Desde la Cámara Federal de Casación, hubo una recomendación a los tribunales para que se preserve la documentación así como los lugares donde los crímenes aberrantes fueron cometidos. Fue una reacción del propio Poder Judicial frente a la avanzada negacionista que denuncian víctimas y organismos de derechos humanos.