Una mujer cordobesa de 39 años demandó al Estado y a la firma AstraZeneca por haberle causado efectos adversos tras haberse dado una dosis de su vacuna contra el Covid en 2022. Flavia Ochoa sostiene que, tras haberse inoculado, inmediatamente comenzó a sufrir el Síndrome de Guillain-Barré, una patología que ataca al sistema nervioso, inmunitario y puede provocar parálisis en todo el cuerpo. 

En diálogo con la 750, el abogado defensor de la demandante, Pablo Roca, explicó los detalles del reclamo a la justicia. "Cuando (Ochoa) se inoculó la tercera dosis en el esquema de vacunación le tocó la AstraZeneca en 2022 y de inmediato le provocó una reacción adversa. Perdió la movilidad en sus extremidades, la estabilizaron, la mandaron a su casa y después tuvo que ser derivada como no mejoraba a un hospital de Río Cuarto", detalló. 

En este sentido, contó que Ochoa vive en una localidad cercana a Río Cuarto y allí le realizaron todos los estudio clínicos y se acreditó que su patología es el Síndrome de Guillain-Barré. "En este caso recuperó la movilidad de sus brazos, pero un poco la de sus piernas. Se maneja con un andador y no puede controlar esfínteres", agregó el abogado.

En primera instancia, el reclamo que hizo la mujer fue ante el Ministerio de Salud. Al no recibir una respuesta, la demanda ahora está a cargo de los tribunales federales de Río Cuarto. 

Además de los reclamos monetarios, los cuales incluyen resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente, también se pide la la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el Covid.

Para el abogado defensor, si bien la ANMAT autorizó la vacuna como producto de emergencia, esto "no exime al Estado de responsabilidad por un producto dañino".

"Existe un caudal probatorio muy sólido en la causa, ya que ella tramitó una pensión por invalidez, por incapacidad laboral permanente, y dentro del mismo dictamen de la comisión médica, recoge todos los certificados médicos que se le hicieron a la paciente y con eso justifican su incapacidad", cerró. 

Su denuncia es el eco de las que se precipitaron en el Reino Unido y varios países de Europa contra AstraZeneca. El escándalo llegó al punto de que el laboratorio se vio obligado a retirar su vacuna del mercado europeo, y progresivamente del resto del mundo.