En su extenso análisis sobre la coyuntura de los últimos años, Cristina Kirchner hizo una dura autocrítica del gobierno del Frente de Todos (FdT), del que ella también fue parte. Responsabilizó de la crisis económica a “la mala administración de las reservas” y a la validación del “escandaloso préstamo” del Fondo Monetario tomado por Mauricio Macri.

Asimismo, se distanció del expresidente Alberto Fernández y lo señaló como el único que “tenía la última palabra y tomaba la decisión definitiva” de las medidas que solo durante un tiempo se discutieron entre los líderes de las tres fuerzas políticas que integraban la coalición.

De las 33 páginas del documento, dos fueron destinadas a la autocrítica de la administración peronista. Afirmó que la clave de los problemas de esa administración comenzaron desde antes de su inicio, con “el condicionamiento estructural” de la deuda tomada por Mauricio Macri.

A partir de este hecho, el gobierno del FdT “no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”. A esto le sumó la aparición de “una pandemia sin antecedentes” que tuvo “efectos catastróficos” en el mundo pero que, sin embargo, en la Argentina se pudieron capear por “las políticas de atención y protección desplegadas” durante esa crisis sanitaria.

También se refirió a la “fuerte sequía que hizo mermar el ingreso de miles de millones de dólares” producto de la caída de las cosechas destinadas a la exportación.

A pesar de reconocer esos condicionantes, CFK apuntó contra la reestructuración de la deuda “sin quita de intereses y escasa reducción de capital” comandada por el exministro Martín Guzmán.

Sostuvo que las medidas no consideraron la existencia de una “economía bi-monetaria” y consideró que “pese a obtener superávits comerciales muy importantes en los primeros años de gestión, el gobierno no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos”.

Esto, prosiguió, trajo como consecuencia la aparición de “un nuevo fenómeno”: el de los “trabajadores registrados pobres”. A pesar de que los índices de desocupación bajaron, “el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores registrados se redujo hasta llegar a una situación en la que muchos de ellos no llegaban a cubrir la canasta básica total”.

Este hecho puso en contradicción un axioma del peronismo: “La movilidad social ascendente” que “desaparecía”.

Cristina Kirchner criticó también el acuerdo firmado en 2022 con el FMI. Sostuvo que esa medida no solo “validó el escandaloso préstamo” tomado por Macri sino que, además, “condenó al gobierno (de Alberto Fernández) a una suerte de agonía al obligarse a implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral”. Particularmente a devaluar la moneda.

En este punto, sostuvo que este hecho es la demostración de que “la inflación, en Argentina, está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal”.

La exvicepresidenta reconoció también las diferencias políticas que hubo al respecto puertas adentro de la coalición peronista. Puntualizó “nuestro sector manifestó su rechazo” al acuerdo con el FMI y recordó que ese fue el motivo por el cual Máximo Kirchner renunció a la presidencia de la bancada oficialista en Diputados.

No obstante, aclaró la exmandataria, el kirchnerismo marcó sus diferencias “con profundo respeto a la institucionalidad” y sin hacer “peligrar las mayorías parlamentarias para sancionar las leyes que el Presidente (Fernández) necesitaba”.

En este punto se refirió de soslayo a la relación entre los tres integrantes de la coalición. “Durante los primeros años, las medidas de mayor importancia para el rumbo del Gobierno se discutían entre los distintos sectores” pero “finalmente el Presidente era quien tenía la última palabra y tomaba la decisión definitiva”.

Reconoció que esto era “algo absolutamente lógico en un sistema marcadamente presidencialista” y destacó que “la falta de acuerdo nunca implicó una disolución de la coalición”.

“A pesar de los profundos desacuerdos, nadie se fue del Frente ni hizo peligrar las mayorías parlamentarias para sancionar las leyes que el Presidente necesitaba. El respeto a las instituciones constitucionales primó por sobre las diferencias en los criterios de gestión política y económica”, concluyó.