“No hay nada de nada, ni siquiera un indicio”. “Los fiscales incurrieron en hipocresía funcional”. “Tergiversaron pruebas”. “Presentaron hechos falsos o inexistentes”. “Violaron la Constitución Nacional”. Con este cúmulo de acusaciones, de hecho, la defensa del extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, Héctor Garro, desmanteló minuciosamente la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Los abogados que alegaron este martes a la mañana dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro -ni una sola- fue financiada por el Estado nacional. O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.

Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, defensores de Garro, no levantaron el tono en las casi dos horas y media de su alegato. No lo necesitaron. Sus argumentos, de a ratos expuestos en pantallas ubicadas en la sede del Tribunal Oral Federal 2, fueron tan demoledores que pareció una clase para niños de escuela primaria. Por momentos dio hasta vergüenza cuando Fragueiro Frías recordó las tremendas diatribas de Luciani sobre las horas y días que -según dijo el fiscal- pasaron leyendo cada expediente de cada obra y resultó que le atribuyeron a Garro trámites licitatorios con los que no tuvo la menor relación.

Fragueiro y Salvarezza, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace tres años, fueron a Comodoro Py y alegaron delante de los jueces, en forma presencial. Lo contrario de lo que hicieron Luciani y Mola que incluso leyeron buena parte de sus alegatos, algo que está prohibido. Fragueiro arrancó condenando la tentativa de homicidio contra Cristina Kirchner.

Una de las cuestiones que este diario viene señalando es que Luciani y Mola fueron vapuleados durante cada una de las audiencias del juicio a lo largo de los tres años que duró. Fragueiro dio un ejemplo: relató una anécdota que ocurrió cuando declaró el denunciante de la causa Vialidad, el exinterventor de Vialidad Nacional, el ultramacrista Javier Iguacel.

La defensa le preguntó en su momento al denunciante sobre la imputación contra Garro.

- ¿Garro? No recuerdo ni su nombre- contestó Iguacel. Es decir que los fiscales acusaron a un hombre sobre el que el propio denunciante no tenía ni idea. Y los jueces lo embargaron por 22.500 millones de pesos. Garro, por supuesto, no tiene ni el uno por mil de esa cifra. 

Fragueiro y Salvarezza describieron una por una las nueve obras que -según los fiscales- fueron licitadas durante los apenas seis meses -de octubre de 2005 a marzo de 2006- en que Garro estuvo en su cargo y que, supuestamente, beneficiaron a Lázaro Báez. En verdad, el funcionario apenas tuvo participación en una y media de esas rutas. Pero, además, de las nueve mencionadas por los fiscales, dos de las obras fueron adjudicadas a Adelmo Biancalani e Hijos, cuando la firma no era de Báez, y a Kank & Costilla, cuando tampoco era de Báez. En ese momento eran competidores. Eso surgía de leer el expediente. En otra obra, acusaron a Garro por otra ruta que fue adjudicada a Equimac, otro competidor de Báez. O sea, cuestiones surgidas de una elemental lectura del expediente.

Otra cuestión elemental es que los fiscales dijeron que Garro autorizó ampliaciones de presupuesto para hacer canteras de las que extraer el material de las obras y luego hacer un buen tratamiento de esos lugares. La defensa mostró que todo eso se hizo después que Garro dejara el cargo y se hizo bien. Y surgía de una simple lectura de los expedientes.

Finalmente, los letrados demolieron otras de las acusaciones. Por ejemplo, que no se podía tener el mismo director técnico para varias obras. La normativa establecía que eso estaba permitido siempre que no hubiera mucha distancia entre los trabajos. Fragueiro y Salvarezza mostraron en un mapa que tenían el mismo director técnico obras que, a lo sumo, estaban a una hora y media de viaje entre una y otra. Es decir que se manipuló la cuestión porque con simplemente poner las cosas en un mapa quedaba evidenciado que no había acusación para formular por la asignación de los directores técnicos de las obras.

En su histriónico alegato, Luciani dijo “los expedientes hablan. Gritan. Da vergüenza leerlos”. Fragueiro, después de desnudar las cosas que los fiscales dijeron falsamente y que surgían de la simple lectura de los documentos, razonó: “Esto es lo que da vergüenza”. Lo dijo todo sin levantar el tono.