La Policía Federal de Brasil registró este lunes la casa y la oficina del concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, dentro de una investigación por espionaje ilegal durante el mandato de su padre (2019-2022).

La operación desplegada desde el jueves pasado busca desarticular una presunta trama en la que miembros de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y policías federales espiaron irregularmente a adversarios de Bolsonaro e intentaron favorecer a los hijos de este.

De hecho una fuente de la policía federal dijo a la cadena GloboNews que los agentes habían encontrado una computadora perteneciente a la agencia de inteligencia de Brasil, Abin, en posesión de Carlos, a pesar de que nunca había trabajado para la agencia.

La Cámara Municipal de Río confirmó que la Policía registró la oficina de Carlos Bolsonaro durante dos horas, entre las 07.00 y las 09.00 hora local (10.00-12.00 GMT), en busca de pruebas.

Igualmente cumplió una orden de registro en la casa que tiene la familia Bolsonaro en Angra dos Reis, en el litoral de Río, donde el expresidente realizó en la víspera una transmisión en directo en sus redes sociales, en compañía de tres de sus hijos: el senador Flávio, el diputado Eduardo y el propio Carlos. Según GloboNews antes de la llegada de la policía, los cuatro abandonaron en barco la propiedad.

Para justificarlo, el abogado y portavoz de los Bolsonaro, Fabio Wajngarten, informó que el expresidente y sus hijos no se encontraban en la vivienda de Angra en el momento de las búsquedas porque salieron a pescar a las 05.00 de la mañana con unos amigos.

Las autoridades brasileñas sospechan que Carlos Bolsonaro era uno de los destinatarios de la información obtenida ilegalmente por la Abin, de acuerdo con la prensa brasileña.

La investigación sigue la pista de que Carlos, quien es uno de los confidentes más cercanos de su padre, había recibido ilegalmente material de inteligencia del ex jefe de inteligencia de su padre, Alexandre Ramagem.

La policía allanó el jueves pasado la casa y la oficina de Ramagem, quien dirigió Abin durante el gobierno de Bolsonaro (2019-22). Una de las acusaciones que enfrenta Ramagem es que, durante su mandato en Abin, estuvo involucrado en una “organización criminal” que utilizaba software espía israelí para rastrear a los enemigos políticos de Bolsonaro. Según los informes, la policía también sospecha que miembros de una agencia de inteligencia “paralela” produjeron material de inteligencia para beneficiar a miembros del clan Bolsonaro.

Según el Supremo, la trama intentó beneficiar por lo menos a Renan Bolsonaro, hijo menor del ex jefe de Estado e investigado en un caso de tráfico de influencias ante las sospechas de que favoreció a un grupo empresarial cuando su padre estuvo en el poder.

Además, la máxima instancia judicial señaló en una nota oficial al senador Flávio Bolsonaro por \'la confección de informes para ayudarlo en su defensa\' en el caso en el que respondió por desvío de recursos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Los investigados podrían ser juzgados por varios delitos, como \'invasión de dispositivo informático ajeno\', \'organización criminal\' o \'interceptación de comunicaciones sin autorización judicial\', según la Policía.

Bolsonaro y su familia enfrentan varias causas judiciales. Lo cierto es que el poder judicial y la casta que compone la Corte Suprema (Supremo Tribunal Federal), que durante años no solo legalizó el golpe institucional contra Dilma Rousseff, la proscripción de Lula y luego al Gobierno de Bolsonaro, hoy le de la espalda. Tejiendo acuerdos con el Gobierno de Lula y los empresarios, el bonapartismo judicial busca reacomodarse poniendo en su mira al \'clan Bolsonaro\', buscando en el mismo momento limpiar su imagen.

Por otra parte la utilización de los servicios de inteligencia y el espionaje no es algo exclusivo del Gobierno de Bolsonaro, sino que es utilizado discrecionalmente por cada Gobierno para su propio beneficio. Esto incluye la relación con las Fuerzas Armadas, que bajo el gobierno de Bolsonaro multiplicaron su peso sobre en el Estado y en la vida política brasileña, algo que Lula no solo no modificó sino que ha mantenido durante este año de gestión.

A pesar de la connivencia y participación comprobada de los militares en el ataque golpista de enero de 2023 a las instituciones en Brasilia, y siendo uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Lula-Alckmin continúa con su política de beneficios a los militares, preservando su presupuesto. y dando continuidad directa a proyectos de Bolsonaro como la construcción de la Escuela de Sargentos en Pernambuco. Esta política de conciliación de clases de Lula ha venido fortaleciendo a sectores de derecha y reaccionarios, como los militares, con fondos para las Fuerzas Armadas.

El gobierno Lula-Alckmin va a destinar 5.600 millones de reales al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en 2024, lo que permitirá que no tenga prácticamente impacto el recorte presupuestario anunciado por el gobierno. Se trata de un presupuesto equivalente al destinado a los ministerios de Sanidad y Educación.

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