Durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo estadounidense vio la recuperación económica de su industria dada la conflagración militar. Las necesidades bélicas obligaron al gobierno de Washington a redirigir parte de su producción, por lo que las áreas dedicadas a la industria ligera y de alimentos se reubicó.

Aquí es donde entró el gobierno mexicano, cuya política de sustitución de importaciones tuvo como fin desarrollar algunos sectores de la industria nacional para modernizar al país y alentar el perfeccionamiento de la burguesía nacional, por lo que absorbió las actividades que Estados Unidos no pudo cubrir por la guerra.

A partir de este hecho, la economía mexicana gozó de un crecimiento sostenido que fue denominado como “milagro mexicano”. Sin embargo, dicho crecimiento fue profundamente desigual, muestras sectores de los capitalistas nativos se enriquecían, los campesinos y amplios sectores de la clase obrera sufrieron duras condiciones de vida. Así, para las clases populares las promesas del “la Revolución hecha gobierno” simplemente no se cumplieron.

Para 1952 un ala del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se podía identificar como los jacobinos (debido a tener posiciones más radicales sin salirse de una tendencia pequeño burguesa y entre los que se encontraba a Marcelino García Barragán, Rubén Jaramillo, Francisco J. Múgica, José C. Valadés y Miguel Henríquez Guzmán ) se “desilusionó” del régimen, por lo que se agruparon en un partido de base social campesina (con resabios de lo que quedaba del zapatismo) el cual se denominó como la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM). Esta organización aprovechó el descontento de las masas por la pobreza que prevaleció entre la base de la población rural y urbana.

Sumado a lo anterior, el régimen priista que desde su nacimiento ─primero como PNR y luego como PRM- se caracterizó por su profundo autoritarismo y su casi nula disposición de otorgar libertades democráticas. En 1952 esto no sería la excepción; el régimen preparó una elección presidencial amañada para mantener el poder. Situación que exacerbó los ánimos políticos y provocó una serie de denuncias.

A finales de junio, la Comisión Federal Electoral (CFE) determinó que el ejército se hiciera cargo de cuidar el orden público durante el proceso electoral. Esta decisión fue objetada por el representante de la FPPM, quien argumentó que se trataba de una medida autoritaria.

El día de la elección ─6 de julio-, se dieron reportes de incidentes en las casillas, en especial se narraba cómo el partido gobernante operativizaba toda una serie de maniobras fraudulentas para asegurarse la victoria. Asimismo, se desplegó al ejército para “cuidar” a los votantes y mantener el orden público, pero que en realidad sirvió para intimidar cualquier muestra de inconformidad. Al final de la jornada, se declaró vencedor al priista Adolfo Ruiz Cortines.

Para el día siguiente, Miguel Henríquez Guzmán (candidato a la presidencia del FPPM y uno de los fundadores de dicha organización) convocó a un mitin en La Alameda Central de la Ciudad de México para denunciar el fraude electoral. No se tienen datos precisos de cuántas personas se dieron cita, pero según diversos cronistas de la época se podían contar por miles a los manifestantes.

Ante la movilización, el Estado mexicano desplego a todas sus fuerzas represivas: policía, ejército, policía política, etc. En medio de la tensa calma, un provocador disparo un arma e hirió al jefe de los granaderos. En ese momento, las fuerzas armadas se abalanzaron contra los asistentes con disparos, bayoneta calada y sables desenvainados de parte de la policía montada.

El saldo fue sangriento, el número de muertos varía según la fuente, pero se calcula que fueron entre 200 a 500 personas entre amas de casa, niños, obreros, campesinos, etc. Los cadáveres fueron llevados al Campo Militar número 1, en donde fueron calcinados. También se reportaron miles de heridos y cientos de detenidos de manera arbitraria.

Esta experiencia histórica es un ejemplo más de que las fuerzas armadas tienen como fin último la represión contra los disidentes y cualquier muestra de inconformidad social, que de ninguna manera se les puede lavar la cara afirmando que son “pueblo uniformado” o que el ejército de puede \'socializar\', porque no es un problema de “mandos o individuos” malos o corruptos como afirma el presidente AMLO, sino que se trata de cuerpos represivos que existen para mantener en el poder a una clase social que se beneficia de la explotación del trabajo de la clase obrera y de más sectores populares.

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