Tenía 86 años, murió (producto de un cáncer) en San Borja -provincia de Lima- en la casa de su hija Keiko Fujimori quien dirige el partido de extrema derecha Fuerza Popular que en 2021 se negaba a reconocer el triunfo en segunda vuelta de Pedro Castillo quien fue eyectado del Poder Ejecutivo por un golpe parlamentario (un golpe criminal, altamente represivo de trabajadores, pueblos originarios y sectores populares que se opusieron valientemente), organizado por la gran patronal peruana y los partidos que le responden, como el de Fujimori hija, poniendo a la cabeza a Dina Boluarte. El objetivo de ese golpe fue continuar con el "régimen fujimorista" ultraneoliberal, odiado por las mayorías populares. La tibieza política de Castillo que pretendía frenar a la derecha adoptando medidas cada vez más pro patronales, no impidió esa avanzada golpista.

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El expresidente Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras su "autogolpe" de Estado de 1992. Entre los crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, que incluyó la represión a organizaciones sociales y políticas, también promovió la esterilización forzosa a mujeres de bajos recursos, siendo afectadas 236.000 durante su mandato.

La sentencia del Tribunal Constitucional permitió que se efectivice el indulto que fue otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ese indulto, dado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano garantizar la justicia para las víctimas de las matanzas, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal peruano declaró fundado el "hábeas corpus" a favor de su indulto, alegando un presunto atentado contra la libertad individual. Si bien el tribunal dijo reconocer la gravedad de los delitos por los que fue condenado, afirmó que se le concedió el indulto con fines supuestamente humanitarios en 2017.

Eso a pesar de que la CIDH ya en 2022 había establecido "las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ’por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta". Una semana antes del fallo del Tribunal, el organismo internacional insistía con su preocupación ante una posible resolución del TC que llevara a la excarcelación de Fujimori.

Cuando se conoció la resolución familiares de las víctimas del gobierno criminal de Fujimori expresaron: "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992. "El indulto de 2017 fue negociado" y calificó el fallo del TC como una "inaceptable decisión".

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