La Consulta tendrá 11 preguntas que apuntan sobre todo a reformas para enfrentar la “crisis de seguridad” que evidencia la profunda descomposición estatal y degradación capitalista que vive Ecuador. La intervención de las Fuerzas Armadas como complementarias a una Policía Nacional militarizada, la militarización, el incremento de penas en los considerados “delitos graves”, control de armas, la extradición de ecuatorianos le permitiría, de ganar el domingo, conquistar su reaccionaria política de Seguridad.

Con el temor gestado entre la población por la inseguridad, con esta Consulta se busca la aceptación de la represión estatal, en el marco del consenso entre la casta política y empresarial y la derecha gobernante, en la violación en masa de derechos fundamentales y fortalecer el control social. Por ello 48 horas antes de la consulta, el gobierno ha decretado un nuevo estado de excepción por 60 días, donde dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía en todo el territorio nacional.

También se llamará a votar este domingo una contrarreforma laboral constitucional de los contratos de trabajo, que constituye un ataque de lleno a las condiciones laborales de millones de trabajadores, además de otra reforma sobre el arbitraje internacional que conlleva pérdida de soberanía nacional frente a las depredadoras y saqueadoras transnacionales. Introduce estas reformas para empatarlas con las de seguridad, creyendo que con ello, tendría más chance de imponerla que hacerlo por separado.

A escasos cinco meses de haber llegado al palacio de Carondelet, Noboa ha venido dando que hablar con su política de ultraderecha y de regresión conservadora, pero marcado por fuertes crisis. El 7 de abril inició el período para promover el ’Sí’ o el ’No’ a las preguntas de su Consulta nacional, aunque dos días antes, el 5 de abril abrió una fuerte crisis con el asalto a la embajada de México en Quito para detener al político Jorge Glaz Espinel, violando la soberanía mexicana y el derecho internacional de asilo político, que le ha causado el repudio internacional. Aunque a pocos días de cumplir dos meses en el poder, ya venía de ser sacudido por una crisis social y política sin precedentes, que utilizó para decretar un estado de excepción por 60 días con los militares tomando el control de las calles en Ecuador, a la Bukele.

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El 18 de abril terminó la campaña por la Consulta, concentrada principalmente en redes sociales., pero antes del cierre comenzó la crisis energética con prolongados apagones en el país de hasta ocho horas. Con el argumento de la crisis energética Noboa decretó un estado de excepción diciendo que no permitiría “sabotajes” realizados por “miserables” en “la última semana antes de la Consulta Popular, porque saben que la tenían perdida”. Anunció que a partir de ese momento no habría apagones, pero ha ocurrido justamente lo contrario, éstos continúan y se espera que el domingo se garantice el servicio eléctrico en el país. La crisis energética fue el pretexto para militarizar nuevamente el país con su nuevo decreto de excepción, por lo que en estas condiciones no se podría descartar una fraudulenta Consulta.

La popularidad de Noboa ha venido fluctuando al ritmo de sus decisiones gubernamentales, según la encuestadora Cedatos en sus primeros 100 días de gobierno alcanzó más del 80% de aceptación, algo inédito si se compara con los primeros meses de los gobiernos anteriores; pero al final del cierre de la campaña del referéndum, según la encuestadora Imasen, llega al 57%. Este domingo Noboa se juega a legitimar su política y a remontar nuevamente rumbo a su campaña de reelección en mayo del 2025. Todo está por verse.

De imponer más poder en temas de seguridad, Noboa avalaría su “guerra” contra “el crimen organizado”, que ha mantenido bajo el discurso delirante de "conflicto armado interno", para ordenar a las Fuerzas Armadas acciones militares con claros métodos de guerra civil considerando a sus bandas como “terroristas y actores beligerantes no estatales”. No es otra cosa que la imposición de los estados de excepción permanentes sin necesidad de decretos. La primera pregunta de reforma constitucional, sobre el uso “complementario” de las Fuerzas Armadas en funciones de la Policía Nacional planteada por Guillermo Lazo en octubre del 2022. Ahora se suman las preguntas por el aumento de penas, el control de armas, temas de extradición, entre otras de carácter punitivo.

Pero el desarrollo del crimen organizado no ocurre en ningún país sin vínculos con el Estado, pues mucho dinero hay de por medio, los nexos entre criminales y el aparato estatal muestran cómo el capitalismo y sus mecanismos de poder están para beneficiar intereses de los de arriba. Instituciones policiales y del Ejército, órganos judiciales y otros, se ven involucrados directa e indirectamente muchas veces por su participación en el respaldo y expansión de estas redes criminales corrompiendo al Estado.

Esta reforma es la violación abierta de los derechos humanos y democráticos elementos elevado a rango constitucional y la militarización del país, la intervención abierta de las Fuerzas Armadas en crisis internas, en nombre del combate al narcotráfico, mañana será para el control social y reprimir a un pueblo con alta tradición de rebeliones y protestas. En realidad busca preservar las relaciones de poder existentes, asegurar que la clase dominante mantenga su posición privilegiada y mantener a la clase trabajadora marginada. Es evidente que la estrategia del gobierno agravará las desigualdades existentes y buscará socavar las demandas legítimas de las trabajadoras, trabajadores y pueblos originarios.

Allí radica el fondo de la política de Noboa, liquidar de cuajo y someter a un pueblo con tradición de rebeldía para que le permita la aplicación de severos planes capitalistas y de neoliberalismo extremo, camino en lo que han fracasado sus antecesores, justamente porque los trabajadores, pueblos originarios, la juventud y el pueblo pobre ha salido a las calles. Es más, poder militar como control social y de vigilancia cotidiana al pueblo, canaliza importantes recursos estatales en el aparato de seguridad y represión, no en salud o educación. Las tácticas intimidantes inherentes al despliegue de fuerzas militares impactan en las clases trabajadoras y los oprimidos, donde el espacio para la organización y la protesta social se restringen.

Con el discurso de incentivar las inversiones extranjeras, Noboa busca reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y no solo en Latinoamérica, como marca la actual Constitución. Es la seguridad para las transnacionales, pérdida de soberanía sobre litigios con las mismas y facilitarles el despojo ya que, ante cualquier discrepancia con el Estado o rechazo del pueblo en proyectos petroleros y de minería, para solo poner un par de ejemplos, éstas pueden recurrir a organismos arbitrarios como el CIADI, donde son juez y parte, y basta una decisión para incautar activos extraterritoriales o cuentas líquidas de la nación como pagos compulsivos, o generar el aumento de odiosas y eternas deudas con los pulpos internacionales.

Una reforma laboral relacionada con el trabajo por horas, se trata en realidad de una contrarreforma al Código del Trabajo para legalizar contratos laborales a plazo fijo, por horas, temporales, eventuales, ocasionales, los de aprendizaje, etc., despeja el camino para la constitucionalidad de la precarización laboral. Una pregunta que alcanza a millones de asalariados del país. Hoy la Constitución prohíbe la contratación laboral por horas o de cualquier otra índole que afecte a los derechos de los trabajadores. Es la total flexibilización de las relaciones de trabajo, siempre con el viejo discurso de que es “para ampliar el abanico de posibilidades para generar plazas de trabajo”. Y para colmo, se pretende que quede instituido en la Constitución que tal reforma laboral “no constituye formas de precarización laboral”.

Con apenas una semana en el cargo, Noboa presentó un proyecto de ley denominado "Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo" ante la Asamblea Nacional. Un proyecto que contempla la desregulación tributaria con ventajas para los deudores y exenciones fiscales que benefician a las actividades económicas afines a estos grupos de poder; se aboga por una liberalización económica que promueven zonas francas extendidas abusivamente por todo el territorio, con beneficios fiscales y laborales excesivos; y una privatización ambiciosa de infraestructura estatal y servicios públicos a través de alianzas público-privadas, dejando en manos privadas la capacidad discrecional de definir tarifas y condiciones de servicio. La reforma laboral en cuanto a las relaciones laborales contempladas en la Consulta Popular, busca complementar esta Ley, solo que elevado a rango constitucional.

Recordemos que al inicio del gobierno, Noboa montó una base parlamentaria con los principales partidos, incluidos Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y el Partido Social Cristiano, que son la histórica derecha de gobiernos anteriores en Ecuador. El correísmo como base parlamentaria, apoyó la política de un gobierno cuya pretensión es desmantelar las estructuras estatales que antes decían defender, lo que evidencia el matiz cambiante de la política ecuatoriana donde los intereses de grupo tienen un peso decisivo.

Noboa y su gobierno, con consentimiento de la base parlamentaria correista en toda esa primera etapa, avanzó en implementar una agenda política y económica destinada a favorecer a las élites, en un Ecuador acostumbrado a la turbulencia y al cambio político. Pero el correísmo ahora se depara con una gran crisis y se ha distanciado en cuanto base parlamentaria desde mediados de enero, y que tuvo un salto con la detención del ex vicepresidente Jorge Glaz en la embajada de México.

Este distanciamiento le ha provocado divisiones, cuando una fracción de siete diputados votaba propuestas de Noboa en el Parlamento, cuando la orientación del correísmo era no darle más apoyo. Como describe un analista ecuatoriano “Están los correístas que lideran los ataques contra el Gobierno, los que solo difunden noticias o comentarios de terceros y los que prefirieron mantener una distancia prudente”. Así que un gran sector encabezado por el propio Rafael Correa desde el exilio en Bélgica, llama a una “oposición radical” en la consulta, tras la separación con Noboa.

Muchas son las organizaciones populares, sindicales, juventud, mujeres y de pueblos originarios que llaman a rechazar y votar NO a las 11 preguntas de la Consulta de Noboa, contra la militarización, contra la reforma laboral y contra el entreguismo nacional. Es necesario dar una lucha organizada para enfrentar toda la política de Noboa y de sus aliados de ataque generalizado con el conjunto de los explotados y oprimidos. Una pelea que solo se puede dar confiando en sus propias fuerzas y levantando organismos de lucha que los unifique. En este camino, una salida progresiva a la crisis que atraviesa el país solo puede partir de las soluciones estructurales centradas en las necesidades de la clase trabajadora y los sectores más afectados por las políticas capitalistas, en la construcción de una salida desde abajo en un gobierno de las y los trabajadores.

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