Cerca de 6,2 millones de salvadoreños podrán participar en las urnas para la elección presidencial, donde Nayib Bukele mantiene amplia ventaja en las encuestas frente a los otros 5 candidatos aspirantes al gobierno y asegura la reelección.

No hay encuestas que den más del 5% de la preferencia electoral a ninguno de los candidatos opositores a Bukele. Sondeos del Instituto Universitario de Opinión Pública colocan con 4.2% al exguerrillero Manuel “el chino” Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el 3.4% al empresario de extrema derecha Joel Sánchez, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el 2.5% a Luis Parada, de Nuestro Tiempo, y con el 1% a Javier Renderos, de Fuerza Solidara y a Marina Murillo de la Fraternidad Patriótica Salvadoreña.

Estas cifras de las encuestas, en última instancia son una expresión de anhelo de millones de salvadoreños y salvadoreñas para darle continuidad al proyecto de Bukele, donde su carta central es su política de mano dura en materia de seguridad. La decadencia del régimen político burgués en el país, la crisis posterior al bipartidismo surgido con Arena y el FMLN desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, y la ausencia de una alternativa política independiente de la clase trabajadora, abrió la puerta al derechista fenómeno Bukele en 2019 bajo un discurso de mano dura y demagogia anti “casta”, que vuelve a encontrar salida en esta elección en la figura presidencial.

Estamos ante una prevista elección que avanza en consolidar la hegemonía del partido Nuevas Ideas, de Bukele, controlando la legislatura, además del poder judicial, la fiscalía y demás instituciones, encumbrando al mandatario (en licencia) como el autócrata que dirigirá los tres poderes y de nuevo un estado de excepción permanente, que diluye a la oposición al mismo tiempo que criminaliza a la prensa, la protesta, la disidencia política, social y sindical. Un bonapartismo autoritario y punitivo, como planteamos antes.

El Salvador avanza rumbo a 5 años más de bukelismo, con una reelección considerada inconstitucional y con maniobras legales, el controversial régimen de excepción que llegó para quedarse hace 23 meses, desde marzo de 2022 cuando Bukele utilizó esta medida, eminentemente extraordinaria, para \'circunstancias extremas\' como una guerra, invasión territorial, catástrofe o calamidad general, para suspender la libertad de movimiento, de expresión, de ser informado de las causas de detención y asociación de poco más de 6 millones de habitantes y facultando a la Asamblea Legislativa para avalar la privación de libertad, suspender el derecho a la defensa y rendimiento de declaración de cualquier persona o sector de la población.

Seguridad para quién, cuando la privación de libertad, allanamiento de morada y redadas barriales ocurren entre los sectores marginados y despojados del país, mientras los barrios ricos y los patrones son custodiados por el ejército, mientras Bukele omite la impunidad de funcionarios y aliados que han negociado y hasta excarcelado a conveniencia a líderes del crimen organizado (millonarios delincuentes de diversos negocios ilícitos dentro y fuera de El Salvador), se jacta de pasar encima de los derechos humanos, de Cortes y Convenciones internacionales, cometiendo violaciones masivas a los derechos de la población en nombre de la seguridad, duplicando las fuerzas armadas y exigiendo cuotas de detenciones diarias a las fuerzas policiales.

El fenómeno de miseria extrema, migración, expulsión y autoexilio, con más de un millón y medio de desplazados y de 80,000 asesinatos, tras 12 años de guerra civil, derivó hace más de tres décadas en el surgimiento de pandillas salvadoreñas consolidadas alrededor de grandes estructuras de extorsión, control territorial y diversos crímenes que recayeron sobre la población. Pero detrás de las “banderas de guerra” contra las pandillas, Bukele no ignora la historia del país bajo el supuesto de que \'es por todos conocida\', lo hace porque encabeza un proyecto neoliberal que se niega a explicar y encarar las causas estructurales de la violencia, que incluyen la intervención militar, económica y política estadounidense de años, la dolarización económica en parte sostenida por los millones de dólares en remesas que llegan al 25% de la población, más la ola de privatizaciones en décadas anteriores, de la banca, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los fondos de pensiones, ingenios, puertos, aeropuerto, entre otras. Conjunto que mantiene a El Salvador con la tasa de pobreza más alta de América Latina y las ganancias en manos de unas cuantas familias nacionales y empresas transnacionales.

Con la reelección, el gobierno avizora la continuidad en su relación con China, las tan cuestionadas inversiones en bitcoin, en constante caída los últimos dos años, y una política prioritaria de pago a la insostenible deuda externa, que sume al país en la miseria y la subordinación al Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanzó el equivalente al 83.7% del Producto Interno Bruto en 2023, con 28 mil 615 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el segundo monto más alto en 20 años.

Entonces, más allá del discurso antipandillas y las impactantes puestas en escena del gobierno, con miles de detenidos hacinados, vejados y despojados de todo derecho, con juicios masivos, penas quintuplicadas, impunidad de las fuerzas represivas, estatus legal desconocido y familiares que se preguntan si sus internos siguen con vida, radica una estrategia reaccionaria calculada de intimidación e impacto social, que niega los orígenes de la descomposición social, la inseguridad, las profundas desigualdades económicas y falta de oportunidades en el país.

Estas prioridades del gobierno colocan al país con la tasa más alta de encarcelamientos del mundo y el 1.6% de su población recluida, equivale al triple de la de Estados Unidos. En tanto ocupó en 2023 el lugar 78 de 81 en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), que evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

Mientras se asignan 866 millones de dólares al presupuesto de Seguridad y Defensa en 2024, se recortaron las partidas presupuestales en infraestructura, salud, educación y la mayoría de las instituciones en 2023 por los constantes cambios a causa de las peticiones del Gabinete de seguridad para obtener “refuerzos” presupuestarios para el sistema carcelario, la compra de armamento, vehículos, tanques blindados y demás productos de guerra.

Un segundo mandato de Bukele ya anuncia la extensión del actual régimen de impunidad estatal y totalitarismo policial, militar y judicial sobre la población, principalmente contra la juventud. Basta ser joven y vestir un short o ser denunciado de forma anónima para ser criminalizado y recluido, hasta que la suerte le permita comprobar su inocencia, ya no digamos quienes tengan tatuajes, perforaciones, no comprueben estudios, ingresos o un trabajo fijo. De 72,600 detenidos en 15 meses, menos del 9% evitaron la prisión preventiva y lograron llegar a un juez para revisar su caso y al menos 105 personas han muerto en reclusión sin responsabilidad de alguna autoridad, se acabaron las pandillas pero los crímenes ahora los comete El Estado.

En tanto, aumenta la violencia sistemática del Estado hacia las mujeres bajo el régimen de excepción, organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal registran al menos 15 casos de acoso y violaciones a niñas y mujeres por parte de policías o militares desplegados por el gobierno. La violación de una niña de 13 años por militares en el municipio de Mizata, que involucra a un sargento naval y 5 soldados que amenazaron con cárcel a los hombres de la comunidad si denunciaban. Otro caso es el de una madre y su hija, abusadas por soldados que antes se llevaron a su esposo y a otros hombres del pueblo. Dos menores más fueron violadas y una mujer acosada en Puerto El Triunfo por un teniente militar, entre otros casos y se presume son más los abusos encubiertos por la impunidad reinante y acallados por el gobierno.

La desarticulación de las pandillas y el contraste a la violencia que vivió el país por décadas explican la simpatía de la población con la política del gobierno, aunque a contracorriente del aparato mediático un sector de la población observa la extensión de la pérdida de garantías y los testimonios de arbitrariedades inhumanas del gobierno y adquiere fuerza la crítica internacional por violaciones a los derechoshumanos. Entonces Bukele inauguró la biblioteca más grande y moderna de América Latina, financiada por China, que anuncia una segunda fase de gobierno con algunas obras que impacten positivamente en la población, sin frenar la política de limpieza social.

Un segundo mandato de Bukele contra la clase trabajadora, plantea seguir su estrategia de control social y a toda disidencia social para mantenerse en el poder. Para poder discutir los grandes problemas de la clase trabajadora, como el derecho a un trabajo digno, a un salario que cubra la canasta básica, el acceso a la salud, educación, vivienda y organizarse para luchar por ello y por alto a la violencia, es necesaria pelear contra el régimen de excepción y por la defensa de las garantías y los derechos democráticos para toda la población. Una lucha que debe llevarse a cabo desde una perspectiva de independencia de la clase trabajadora, los campesinos y el conjunto de los explotados y oprimidos del país.

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