Este domingo, chilenas y chilenos votarán “en contra” o “a favor” del nuevo texto redactado por el Consejo constitucional. Es la segunda propuesta puesta a consideración popular desde que, en 2020, el 78 % de la población se pronunciara a favor de una nueva Constitución que reemplace a la actual, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.

El Consejo que redactó el nuevo texto estuvo dominado por la extrema derecha del Partido Republicano de José Antonio Kast, que había ganado la mayoría de las bancas, al punto que al nuevo proyecto se lo denominó popularmente como \'Kastitución\'.

Pocos analistas políticos se atreven a arriesgar un resultado para este domingo. Las encuestas han resultado poco efectivas para predecir las tendencias en las volátiles intenciones de voto, sobre todo desde que se hizo obligatorio. Así y todo, las consultoras prevén una victoria del voto “en contra” de esta segunda propuesta de Constitución, aunque la brecha entre el “en contra” y el “a favor” ha ido disminuyendo en las últimas semanas.

Más allá de las especulaciones sobre el resultado, el proceso constitucional ya no despierta las pasiones populares que le dieron origen, y ahora, en su segundo acto, genera más bien frustración, impotencia y hastío. Para analizar este complejo vuelco de las cosas, entrevistamos a Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios y editor de La Izquierda Diario en Chile.

LID: Esta es la segunda propuesta de Constitución que se plebiscita dentro del proceso constitucional en curso en Chile. ¿Cómo se podrían sintetizar las diferencias entre la primera y la segunda?

Dauno Tótoro: Podríamos decir que el primer plebiscito puso sobre la mesa una Constitución que fue producto de un acuerdo entre los viejos partidos del régimen, que habían sido puestos en jaque por la rebelión popular, junto con el Frente Amplio, que terminó siendo ratificado por el PartidoComunista y por nuevos sectores que emergieron en este desvío institucional de la revuelta, como la Lista del Pueblo. Y como producto de ese acuerdo, otorgaba una serie de derechos y reconocimientos muy progresistas para las mujeres, para los pueblos originarios, para las comunidades sexodiversas, si lo comparamos con la conservadora historia constitucional chilena, pero mantenía lo esencial del esquema económico neoliberal impuesto por la dictadura y continuado por los partidos de la Concertación y la derecha tradicional. Esa propuesta de Constitución dejaba intactos pilares esenciales del esquema político y económico que venían de ser impugnados en las calles en forma masiva por la población. Cuestiones tan sensibles como la salud, la educación, las jubilaciones, la explotación del medioambiente, que fueron demandas centrales de la revuelta popular, no iban a tener cambios significativos y los resortes de la economía seguirían siendo los mismos, basados en el extractivismo destructivo y enormes tasas de explotación.

La propuesta que se pone sobre la mesa ahora, en este segundo plebiscito, es producto de un proceso constituyente mucho menos democrático que el primero, y que además está hegemonizado por el Partido Republicano, la extrema derecha liderada por José Antonio Kast. Menos democrático porque se dividió en dos partes: una primera donde una Comisión de “expertos” elegidos a dedo por los partidos del viejo régimen redactó una base, y una segunda donde los constituyentes -elegidos también con las reglas del viejo régimen- negociaron los artículos del texto base. El resultado es un texto anti mujeres, anti trabajadores y anti sectores populares. Por ejemplo, le da rango constitucional a las jubilaciones privadas (AFP), a los seguros privados de salud (ISAPRE) y al mercado de la educación, que fueron el blanco central de la rebelión popular porque generaron sistemas diferenciados para ricos y para pobres. Propone también un modelo de partidos más anti democrático ya que elimina partidos que no lleguen al 5 % de la votación, llegando al extremo de impedir que sus parlamentarios electos, en caso de haberlos, puedan asumir sus cargos. El nuevo texto relativiza la continuidad del derecho al aborto en los tres casos que está actualmente permitidos -salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o producto de violación- ya que introduce el concepto de “defender la vida de quien está por nacer” y la “objeción de consciencia institucional”. También contiene ataques contra los trabajadores, por ejemplo limita el derecho a huelga solo a la negociación colectiva, e incluso elimina ese derecho en algunos sectores. Tiene además un fuerte contenido xenófobo, con aberraciones autoritarias y represivas como la expulsión “en el menor tiempo posible” de quien ingrese irregularmente al país.

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LID: ¿Cómo es que, después de una rebelión que puso en vilo al viejo régimen e impuso un proceso constitucional progresista, se terminó en un proceso constitucional tan antidemocrático y dirigido por la extrema derecha?

La hegemonía de la extrema derecha en el segundo round del proceso constitucional tiene al menos dos componentes. Por un lado, la crisis del viejo régimen que crujió con la rebelión, que incluye la crisis de representación política que afectó también a la derecha tradicional. Recordemos que Sebastián Piñera terminó su mandato con una de las popularidades más bajas, cercana al 5 %, y si no cayó fue gracias al acuerdo constitucional, que terminó siendo liderado por él, y que entre otras cosas implicó el freno de la huelga general y la pasivización de las calles por las direcciones ligadas al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Por otro lado, el propio Gabriel Boric, que fue elegido en medio del proceso constitucional, fue relegando la agenda que lo llevó al poder en la negociación con los viejos poderes. No liberó los presos de la revuelta, negoció las reglas de la constituyente que le puso límites a los cambios y benefició a la derecha, integró al gobierno a la odiada Concertación, militarizó el territorio mapuche, las fronteras del norte, implementó un plan económico de responsabilidad fiscal que implicó que la crisis se siguiera descargando sobre las familias trabajadoras, en fin, fue abriendo espacio a la agenda de la derecha, y eso a la larga lo capitalizó Kast.

El gobierno de Boric ató su suerte a la de la Nueva Constitución que se estaba negociando febrilmente con la Concertación y la derecha tradicional. Esto tuvo el efecto rebote de atar la suerte de la Nueva Constitución a la del gobierno de Boric, lo que transformó el primer plebiscito constitucional también en un plebiscito del nuevo gobierno, y bueno, finalmente fue rechazada por amplio margen. Cerca del 62 % votó en contra, lo que debilitó mucho al gobierno y a los partidos que fueron parte del acuerdo y terminó fortaleciendo a la derecha de Kast.

Boric firmó junto al Partido Comunista y el Frente Amplio el acuerdo que dio origen a este segundo proceso constituyente. Ellos son, en definitiva, los responsables de haber firmado las bases de este proceso constitucional más antidemocrático que el anterior, más controlado por los partidos tradicionales. De cierta forma esta propuesta constitucional aberrante que proponen los republicanos es el resultado casi natural de este proceso antidemocrático pactado a espaldas del pueblo.

LID: ¿Y ahora, cómo se están ubicando los distintos sectores políticos frente a este nuevo plebiscito?

La derecha tradicional aglutinada en la coalición Chile Vamos se cuadró junto a al Partido Republicano de Kast en defensa del texto. También los principales gremios empresariales, que desean cerrar el capítulo constitucional y darle estabilidad política al país. También cerraron filas con el “a favor” los sectores de la vieja Concertación íntimamente ligados al gran empresariado, como el expresidente Eduardo Frei, el partido Demócratas de [la exfuncionaria de Michelle Bachelet] Ximena Rincón o el partido Amarillos, también ecisión de partidos de la ex Concertación. Además de pregonar la necesidad de cerrar el proceso constitucional, estos sectores centran su campaña en torno a la agenda securitaria, alimentando un clima autoritario, xenófobo, anti inmigrantes, anti pobres y represivo.

Por su parte, los partidos del oficialismo y de la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, se han ido posicionando “en contra” del nuevo texto constitucional, argumentando que Republicanos “pasó la aplanadora” y que es “incluso peor que la actual Constitución”. Sin embargo, hay distintos niveles de “malmenorismo” en el oficialismo. Hay sectores de la ex Concertación que plantean que el camino será realizar reformas a la actual Constitución en el Parlamento, mirando principalmente al sistema político para hacerlo más restrictivo. El Gobierno, por su parte, declaró que si el nuevo texto es rechazado no se abrirá ningún nuevo proceso. Algunos dirigentes del Partido Comunista dicen que el tema constitucional va a seguir abierto y lo ubican en un futuro indefinido, sin reconocer el fracaso de las recetas que subordinaron el proceso constituyente a los poderes constituidos.

Hay sectores de izquierda que no son parte del gobierno que impulsan la campaña “en contra” junto con algunos miembros del Partido Comunista. A esta campaña se sumaron direcciones burocráticas de la CUT y dirigentes de movimientos como NO+AFP [contra las jubilaciones privadas] o el Colegio de Profesores. El lema de la campaña es “Chile vota en contra”, lo cual es confuso y se limita al terreno electoral del plebiscito, no denuncia el conjunto del fraude constitucional y el rol del gobierno, y tampoco plantea una perspectiva de lucha que ponga sobre el tablero la fuerza de los trabajadores organizados y de los movimientos sociales.

LID: La campaña de la derecha dice que votar “en contra” de la Constitución es votar a favor de la actual Constitución pinochetista. ¿Cómo se desbarata ese chantaje?

Eso es totalmente falso. La actual Constitución pinochetista fue impugnada en las calles, en la rebelión popular del 2019, pero además hubo un plebiscito donde el 78 % de la población se pronunció a favor de redactar una nueva Constitución, es decir, se pronunció en contra la Constitución vigente de Pinochet.

La nueva propuesta constitucional tiene ataques contra el pueblo trabajador que son inaceptables, por eso hay que derrotar este intento de avanzar sobre los mínimos derechos que se han conquistado con décadas de lucha y organización. La campaña “en contra” en el plebiscito tiene que ser parte de una pelea por derrotar el proyecto de la derecha más de conjunto, por tirar abajo el orden neoliberal que mantuvieron todos los partidos, de la Concertación, de la derecha y también el gobierno de Boric.

Y por eso exigimos a los grandes sindicatos, federaciones de estudiantes, la Coordinadora 8 de Marzo [de agrupaciones de mujeres] y las demás organizaciones populares, a retomar el camino de la movilización y dejar la pasividad y subordinación al falso gobierno “progresista” de Boric. Esta pasivización sostenida por la coalición Apruebo Dignidad -que llevó a Boric al poder- y las direcciones burocráticas es un factor central para que siga avanzando la derecha.

LID: Frente a este gran desafío que plantea el Partido de Trabajadores Revolucionarios, ¿cómo vienen desarrollando esta campaña “en contra”? ¿Qué perspectiva puede tener para el pueblo trabajador?

Más allá de los resultados del plebiscito, lo cierto es que las demandas que dieron origen a la Rebelión de 2019 no fueron resueltas, la gente no vive mejor sino todo lo contrario, los trabajos son más precarios, al igual que los salarios y las pensiones. El fin de las AFP, la gratuidad y calidad de la salud y la educación, el derecho a la vivienda, al aborto legal, son demandas que siguen pendientes.

Acá reside la gran debilidad del argumento de la derecha de que llama a votar “en contra” para cerrar el proceso constitucional, porque estos grandes motores de la revuelta seguirán sin ser resueltos, incluso ganando el “en contra”. Con el “a favor” se va a profundizar esa crisis y con el “en contra” va a seguir abierto. Nuestra pelea es volver a poner esas demandas al centro, no para pelear por un nuevo tercer proceso antidemocrático y pactado por arriba, como fueron los dos anteriores, con todas sus diferencias, sino para poner esas peleas en el centro en la perspectiva de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que tire abajo el régimen heredado de la dictadura y permita discutir todo y decidir qué hacer con los recursos estratégicos, con la educación, con la salud, con las jubilaciones, en la perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores basado en sus propios organismos de lucha, que se proponga poner fin al capitalismo y el poder de los grandes grupos económicos y transnacionales en Chile.

Por eso venimos impulsando una amplia campaña “en contra” en los lugares de estudio y de trabajo, con el objetivo de rearticular, de volver a organizar y coordinar a sectores, en la perspectiva de retomar el camino de la organización desde abajo y la movilización unitaria en las calles. Como decía antes, le exigimos a los dirigentes burocráticos de los sindicatos, del movimiento estudiantil y del movimiento de mujeres que rompan la pasividad, la inactividad, para desarrollar la movilización por las urgencias populares.

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