La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.

El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.

La pulseada entre el Ejecutivo y las universidades suma así un nuevo capítulo que promete instalarse en la agenda pública. La dinámica se repitió en la previa de cada una de las marchas: mientras se viralizan imágenes de clases públicas, paros o reclamos de los hospitales universitarios, irrumpen argumentos cruzados. La llamada batalla cultural apareció en diferentes versiones: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, de resistencia a las auditorías y de adoctrinamiento son algunos de los dardos que se vuelven a hacer visibles por estos días.

Mientras que algunos sectores agitan la idea de que la administración libertaria busca cerrar las universidades, el Ejecutivo insiste una y otra vez en la politización del reclamo y acusa a quienes marchan de querer que el Gobierno caiga.

En medio de una discusión que parece no tener fin y del cruce de números que hacen circular de uno y otro lado del conflicto, la sociedad civil, que fue determinante en todas las marchas, puede quedar sin brújula para dimensionar la problemática. ¿Cuál es el sueldo de de un docente con dedicación exclusiva? ¿Cuánto dinero reciben las universidades? ¿Cómo se ejecuta el presupuesto asignado?

Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Y el presupuesto vigente para este año profundiza esta tendencia. Los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), implicaban un aumento real de 0,8%, asumiendo las proyecciones macroeconómicas del presupuesto 2026. Ya no se cumplieron, por lo que el ajuste será mayor.

Al presentar el presupuesto 2026, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente, estuvo el de las universidades. Milei dijo que asignarían $4,8 billones. Se trata de un aumento que ronda el 14% nominal con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Lejos quedaron los $7,3 billones que habían pedido los rectores para el funcionamiento de las universidades. Un año más, el presupuesto asignado representa la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno se resiste a aplicar la ley. Argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Diversos funcionarios suelen repetir que “quiebra al Estado”.

En la apelación indicaron que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Citaron un informe del Ministerio de Economía según el cual cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas”, enumeraron.

El reclamo por fondos universitarios consiguió movilizar a una multitud en la primera gran marcha contra la administración libertaria, en abril de 2024, a poco más de cuatro meses de asumir el poder. En ese momento, la demanda se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias.

Aquella marcha del 23 de abril, luego de las imágenes de universidades a oscuras para el ahorro de energía, reunió cerca de 430.000 personas según el cálculo de LA NACION. El reclamo contundente y transversal en las calles obligó al gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento de 270% para los gastos que reclamaba el sistema universitario, luego de que para ese año se prorrogara el mismo presupuesto que para 2023. El de 2024 no se había aprobado.

A partir de ese momento, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste. Son los más bajos de los últimos 23 años, según comunicó el CIN. Acumulan una caída cercana al 33% en términos reales con respecto a noviembre de 2023. Una caída mayor a los sueldos del sector público que en promedio se redujo en el orden del 18%, según precisó Javier Curcio, que dirige el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“En los hechos supone la necesidad de más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada dos pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los no docentes, los directivos, cobran uno y el otro se lo queda el Ejecutivo que no está cumpliendo con la ley”, graficó el Investigador IIEP Baires - UBA Conicet.

Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo al cargo –titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar de primera– y a la dedicación: exclusiva (40 horas semanales), semiexclusiva (20 horas) y simple (10 horas).

A modo de ejemplo, un jefe de trabajo prácticos con dedicación exclusiva que hoy gana $1.060.054 para recuperar el ingreso que tenían antes del ajuste, debería percibir $1.612.159 (ajustado por inflación), según cálculos de Curcio.

Las autoridades universitarias alertan sobre “un éxodo de profesores” formados que encuentran en el sector privado sueldos que hasta cuadruplican lo que perciben hoy. Según datos del CIN ya renunciaron 10.000 docentes.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) hizo sus propios cálculos y enumeró: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. Se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 personas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.

“Es un goteo. Estamos perdiendo los docentes más viejos y los más jóvenes. El principal problema que tenemos ahora es que las generaciones jóvenes están abandonando la universidad. Por lo tanto, el problema no es solo ahora, sino que, si esto sigue, vamos a tener un gran problema hacia el futuro”, describió Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Y graficó: “Recién el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva, que implica bloqueo de título, con 10 años de antigüedad y un doctorado, es decir, un posgrado de cinco años, llega al valor de la canasta básica total”.

Del lado del Gobierno, y en la antesala de la cuarta marcha, cuestionaron la naturaleza del reclamo. “Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En esta línea, apuntó a la foto de los rectores con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la reunión que mantuvieron con la CGT.

En esta nueva pulseada, adquirió especial relevancia el reclamo por los hospitales universitarios. Al igual que sucedió en 2024 en la previa a la marcha universitaria con un masivo abrazo al Clínicas, los centros que dependen de la UBA volvieron a denunciar la semana pasada que podrían dejar de funcionar en 45 días si no reciben los fondos nacionales necesarios.

“Fuimos apagando el hospital”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas José de San Martín y describió los diferentes recortes en servicios de seguridad, limpieza y compras de medicamentos.

Según manifestaron, en lo que va del año, el Gobierno no envió fondos para el funcionamiento de los hospitales. Se trata de una partida de casi $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución”, comunicaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

El dinero para los hospitales está contemplado en un ítem del presupuesto universitario que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. Son los casi $80.000 millones mencionados. Hay otro ítem denominado “función salud”, que tiene que ver con las carreras vinculadas a Medicina, pero puede usarse para los hospitales. Hoy alcanza $34.505.738.992.

Según explicaron desde la UBA, el dinero de la función salud es el que el Gobierno transfirió. Coinciden con Capital Humano en que se encuentran al día los pagos de este ítem. Pero el dinero que aún no se envió es el de hospitales universitarios. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068. “El 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional.”, marcaron en el comunicado difundido por el ministerio.

En las últimas horas, Pettovello y Álvarez prometieron crear una comisión para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.