BRASILIA.– La abogada Agostina Páez ya había comenzado a asimilar la idea del regreso a la Argentina, pero la justicia brasileña le impuso este miércoles un último y sorpresivo escollo burocrático. En un giro que cayó como un balde de agua fría para su entorno, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la influencer santiagueña –acusada de injuria racial tras haber proferido gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema– no podrá abandonar el país de inmediato. El magistrado decidió mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, postergando un desenlace que ayer se daba por descontado y que ahora podría demorar, al menos, entre 15 y 20 días más.

Lo que parecía ser el capítulo final de un calvario judicial de dos meses en Río de Janeiro se transformó, en las últimas horas, en un nuevo e inesperado laberinto burocrático, según confirmó la abogada brasileña Carla Junqueira, defensora de Páez, en sus redes sociales. La decisión de Schilling Pollo Duarte, titular del tribunal penal 37 de esa ciudad, frenó en seco las expectativas de la defensa justo cuando el ánimo de la joven de 29 años comenzaba a asimilar la idea de que el camino estaba allanado para un retorno a la Argentina en cuestión de horas.

La resolución del magistrado no solo posterga la partida, sino que marca una ruptura inusual en la dinámica del proceso: el juez decidió mantener las medidas cautelares –incluyendo la prohibición de salir del país y el uso de la tobillera electrónica– yendo en contra de la opinión de la propia fiscalía y de la querella, que ya habían prestado su conformidad para que Páez regresara a la Argentina de inmediato, inclusive antes de que se dictara la sentencia definitiva.

Ante este nuevo escenario, la letrada confirmó que presentará un hábeas corpus de carácter urgente para intentar revertir lo que considera una detención arbitraria en territorio brasileño.

El martes, la audiencia de más de tres horas había arrojado un saldo que todos interpretaron como una victoria diplomática y jurídica. La fiscalía brasileña, en un gesto de flexibilización, aceptó reducir los cargos de tres delitos independientes a uno solo bajo la figura de “delito continuado”. Esto desplomó la pena en expectativa de 15 años de prisión a una mínima de 2, reemplazable por servicios comunitarios y el pago de una reparación económica a las víctimas.

Bajo esa premisa, y con el aval de la acusación y la querella, se esperaba que el magistrado firmara esta semana el acta de liberación de las cautelares tras fijar un monto de caución. Sin embargo, el juez Schilling Pollo Duarte optó por el rigor formal. Según el despacho judicial, Páez debe permanecer a disposición inmediata del tribunal de Río hasta que se presenten los alegatos finales y se redacte el fallo de fondo.

Para la defensa, esta demora es innecesaria y “cruel”. Páez, que se encuentra bajo monitoreo electrónico desde enero tras el altercado en un bar de Ipanema donde profirió gestos racistas, manifestó esta mañana –antes de conocerse este revés– que su estadía en Río se había convertido en una “pesadilla”. La joven abogada asegura sentir el “odio” del entorno local debido a la sensibilidad que existe en Brasil respecto a los delitos de discriminación, considerados aquí como crímenes contra la humanidad e imprescriptibles.

Más allá de la traba migratoria, el frente económico sigue siendo el otro nubarrón en el horizonte de la santiagueña. Aunque el acuerdo judicial le permite cumplir las tareas comunitarias en la Argentina, gracias a los tratados de cooperación bilateral, la reparación económica solicitada por la fiscalía fue cercana a los US$50.000 por cada una de las tres víctimas, sumando un total de US$150.000. El juez todavía debe definir cuál será la cifra.

“Hace tres meses que estoy sin trabajar, no sé realmente cómo se va a resolver ese tema”, había confesado Páez a LA NACION. La ingeniería financiera para cubrir la caución, el depósito previo para asegurar el proceso, es ahora la prioridad de su familia.

El canciller argentino Pablo Quirno y la diputada Marcela Pagano mantuvieron en las últimas horas una disputa pública por la autoría del “rescate” de la compatriota.

Mientras Quirno destacó la gestión técnica del consulado en Río, que tal como había publicado LA NACION presentó la semana pasada una nota ante el juzgado dando garantías de que Páez estaría sujeta a derecho en el país, Pagano reivindicó la “diplomacia parlamentaria” y los vínculos del expresidente Alberto Fernández con la administración del presidente brasileño Lula da Silva.

La estrategia de Junqueira, ahora, se divide en dos frentes. Por un lado, presentará el mencionado hábeas corpus para intentar provocar la salida inmediata de su defendida de Brasil. Por el otro, acelerará la presentación de los alegatos finales para que el juez no tenga motivos para dilatar la sentencia definitiva.

Mientras tanto, Páez deberá seguir resguardada en Río con la tobillera electrónica, esperando que la justicia brasileña le permita cerrar este capítulo.