Sebastián Marset tiene 34 años y lleva un tatuaje especial en su muñeca: la sigla PCU (Primer Comando Uruguayo). Enfrentaba pedidos de captura de cinco países. Durante casi tres años se comportó como una especie de fantasma, con apariciones en los medios y las redes, pero sin que nadie lo pudiera detener. Hoy fue atrapado por la policía boliviana en Santa Cruz de la Sierra, la misma ciudad de la que había escapado en julio de 2023, cuando 2200 uniformados lo buscaban, mientras él levantaba dos valijas con ropa suya y de sus hijos y desaparecía.

Marset, que es uruguayo, nació en un país sin tradición narco y construyó, desde las márgenes del Río de la Plata, una organización criminal que llegó a controlar una de las rutas de cocaína más rentables del mundo: la Hidrovía Paraná-Paraguay, esa autopista fluvial de más de 1800 kilómetros que conecta el corazón cocalero de Bolivia con los puertos de Bélgica y Holanda.

Al menos desde 2021, por esa vía salieron más de 40 toneladas de droga que terminaron siendo incautadas en Amberes y Rotterdam. Un récord que encendió alarmas en Europa y en la DEA, y obligó a los investigadores a trazar el mapa hacia atrás, río arriba, hasta dar con su nombre.

La especialidad de Marset estaba centrada en mover embarques en las bodegas de barcos de largo recorrido fluvial. Los contenedores salían de las terminales de Villeta, cerca de Asunción, camuflados mayormente en harina de soja. Atravesaban aguas argentinas sin ser controlados. Llegaban al Atlántico. Ponían proa a Europa o, cada vez más, a Oceanía, donde el kilo de cocaína que en el Chapare boliviano vale 2000 dólares puede alcanzar los 150.000 o 200.000 en el mercado de destino. Esa diferencia de precio es la columna vertebral de su fortuna.

Para dominar esa ruta necesitaba socios. En Paraguay los encontró, entre ellos, uno de los más importantes, como Miguel Ángel Insfrán, apodado el Tío Rico, un hombre que garantizaba que ningún control impediría el paso de los cargamentos. Insfrán aportaba la logística: las pistas de aterrizaje —más de 700 detectadas en la región del Chaco paraguayo— por donde llegaba la cocaína desde Bolivia en avionetas, y los puertos desde donde salía por el río. Una de las causas que los investigaba en Paraguay se llamó Ultranza PY. Era el expediente más ambicioso de la historia judicial de ese país contra el narcotráfico.

La investigación la conducía el fiscal Marcelo Pecci. El 10 de mayo de 2022, sicarios colombianos y venezolanos lo ejecutaron en la isla de Barú, en Colombia, donde pasaba su luna de miel. Marset está sospechado de ser uno de los autores intelectuales de ese crimen, pero la causa en Colombia nunca llegó a los ideólogos.

La Argentina no figura en los expedientes como un destino final de la droga de Marset. Pero sí como un territorio de tránsito, y también como escenario de sus primeras huellas documentadas en el país. En plena pandemia, cuando la ciudad de Rosario estaba desierta y el país paralizado, una avioneta hizo un vuelo rasante sobre el Paraná y arrojó una bolsa gigante de plástico blanca y verde. Al día siguiente, un baqueano encontró el bulto en medio de la desolada isla El Chaparro, frente a Victoria, Entre Ríos, y frente a Rosario: adentro había 29 panes de cocaína con una marca impresa. La sigla PCU. Primer Comando Uruguayo.

Nadie le dio relevancia en ese momento. La fotografía que tomó un agente de la comisaría del arroyo Charigüé circuló apenas por algunos medios entrerrianos. El fiscal que subrogaba la fiscalía federal de Victoria señaló que el cargamento había caído en un lugar equivocado: la metodología del “bombardeo” consiste en arrojar los bultos con coordenadas GPS precisas para que quienes deben recogerlos los encuentren en terrenos inhóspitos, lejos de testigos. Algo falló. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) intentó determinar si Marset estaba detrás de ese vuelo, consultó fuentes en Paraguay, pero no pudo avanzar.

Cuatro años después, en julio de 2024, la fotografía de aquellos 29 panes reaparecería en un extenso reportaje del Washington Post sobre el narco uruguayo. El símbolo en los ladrillos de cocaína abandonados frente a Rosario dejaba de ser un dato anecdótico y se convertía en evidencia de que el PCU ya operaba en la Argentina mucho antes de que las autoridades lo registraran formalmente.

La conexión argentina no se agota ahí. En las escuchas telefónicas que forman parte de la causa Ultranza PY, Marset y el Tío Rico son interceptados el 20 de septiembre de 2020 mientras discuten un cargamento. En algún momento de esa conversación aparece la palabra “Argentina”. Los investigadores no pudieron establecer con exactitud qué operación estaban coordinando. Pero la presencia del término, sumada a que las barcazas que salían de Asunción hacían trasbordo de cargas en aguas argentinas sin ser controladas, terminó de sugerir que el país no era solo un corredor de paso. En julio de 2024, una avioneta se estrelló en un campo cerca de Roque Sáenz Peña con 324 kilos de cocaína a bordo. La aeronave pertenecía al clan Lima Lobo, ligado a Marset en Santa Cruz de la Sierra.

El perfil del narco uruguayo tiene capas que lo distinguen del operador criminal convencional. No era un hombre de las sombras. Cultivaba una imagen pública con la naturalidad de quien cree que la impunidad es permanente. Jugó al fútbol de manera profesional, primero en Paraguay y después en Bolivia, donde participó de la Liga de Santa Cruz bajo el nombre de Luis Amorim, identidad brasileña. Sus partidos se transmitían por redes sociales. Manejaba un Lamborghini —que luego fue subastado por las autoridades paraguayas—. Vivía en mansiones con custodia armada: 17 fusiles, 31 vehículos y cuatro chalecos antibalas fueron incautados en uno de sus refugios bolivianos. Se comportaba como un magnate.

Y como un magnate también corrompía. En los videos que grabó después de su fuga de Bolivia señaló por su nombre al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el coronel Jhenky Gómez, como el funcionario que le avisó que la orden de arresto ya estaba firmada y le facilitó la huida. Acusó al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo de quedarse con 400.000 dólares de efectivo que habían dejado en la mansión. Lo hizo sin que su voz temblara.

Antes de Bolivia, el escándalo fue en Dubai. Marset había sido detenido en 2021 por circular con documentación falsa en ese país de los Emiratos Árabes. El gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou le envió su pasaporte original y recuperó la libertad. El escándalo sacudió a Montevideo. Dos funcionarios renunciaron —entre ellos el canciller Francisco Bustillo—. Después se supo que parte de las pruebas sobre esa gestión, los chats entre el exsubsecretario del Interior y la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, habían sido destruidas en la Torre Ejecutiva. El gobierno que lo sucedió, el del Frente Amplio, ordenó una investigación administrativa. El expediente todavía no se cerró.

El costado más despiadado de Marset quedó registrado en las mismas escuchas de la causa Ultranza PY. El 24 de octubre de 2020 llamó a Insfrán para avisarle que acababa de matar a su primo, Diego Andrés Olivera Cabrera, de dos disparos, mientras lo llevaba en su camioneta por un camino polvoriento de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción. Sospechaba que había revelado información del negocio. Unos días antes le había preguntado a su socio si tenía un lugar para hacer desaparecer un cuerpo, si sabía dónde conseguir ácido o cal. El asesinato lo relató después como si fuera un trámite mal ejecutado. Se disculpó porque el cadáver había quedado tirado en la calle, cerca de su mansión.

La organización que construyó lleva el sello del Primer Comando Uruguayo, el PCU, sigla que lleva tatuada en la muñeca y que usa como una franquicia del Primer Comando Capital brasileño, la organización criminal nacida en las cárceles de San Pablo que se expandió por toda la región. El PCU es hoy la extensión rioplatense de esa red.

Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en agosto de 2024 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando llegaba desde Dubai. Los investigadores paraguayos esperaban que ella aportara datos sobre el paradero de su marido.