SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Según reveló una auditoría, 120 armas de fuego que estaban bajo custodia del Poder Judicial de Río Negro desaparecieron en General Roca y Villa Regina.

En las últimas horas, fue designado el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para conducir la investigación penal.

El mayor faltante de armas fue detectado primero en los depósitos de los tribunales de General Roca –los elementos secuestrados quedan a resguardo en el subsuelo del edificio–, aunque luego también se confirmaron sustracciones en dependencias de Villa Regina e incluso en una oficina de la fiscalía de Roca.

El escándalo se conoció en los últimos días de marzo, cuando un arma confiscada en un operativo fue enviada a peritaje: se detectó allí que ya estaba ingresada y debía estar en guarda judicial. Sin embargo, la realidad marcó que la pistola nueve milímetros secuestrada en un operativo policial tras un enfrentamiento en el barrio Tiro Federal de la ciudad de General Roca no estaba en los tribunales, por lo que se inició una investigación interna.

Desde el Poder Judicial informaron de la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y señalaron una “inconsistencia en el resguardo”. Advirtieron además sobre otras posibles sustracciones de armas. Al parecer, en diciembre de 2025 se produjo el hurto de ocho armas en las dependencias judiciales de Villa Regina.

Luego de detectarse la desaparición de armas, funcionarios judiciales de Cipolletti tomaron el control total de los depósitos ubicados en el subsuelo y el octavo piso de los tribunales ubicados en la calle San Luis de Roca. La intervención busca resguardar lo que queda del armamento mientras se avanza en una investigación penal y administrativa.

La investigación recayó primero en la fiscal jefa Teresa Giuffrida, aunque en las últimas horas la pesquisa fue derivada al fiscal Jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, Márquez Gauna, con sede en Cipolletti.

Mientras se investiga las circunstancias que rodearon a este caso de desaparición de armas bajo custodia judicial que terminaron en manos de delincuentes en la vía pública, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrieron sumarios a tres personas (un empleado y dos funcionarios) de la Oficina Judicial.

El fiscal Márquez Gauna buscará determinar responsabilidades penales, al tiempo que la Auditoría interna del STJ indagará sobre los que tenían las llaves del depósito de secuestros en los tribunales.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur), Marco Calarco, expresó su preocupación y consideró que se trata de un hecho de extrema gravedad. “No puede explicarse como un hecho aislado”, dijo, y afirmó que se vincula con problemas en la cadena de custodia y en los controles administrativos, que deberían garantizar la trazabilidad de elementos secuestrados en causas penales.