CÓRDOBA.- Una investigación policial judicial que comenzó con la desaparición de una adolescente de 13 años derivó en el destape de una causa por grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores de fuerte impacto en Córdoba. Hay 11 detenidos, entre ellos un hombre que era asesor de un legislador provincial oficialista.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que dos de las víctimas tenían colocado un implante (chip) anticonceptivo desde hace al menos dos años, cuando tenían alrededor de 11 años de edad.

La fiscal Analía Cepede, a cargo de la causa, logró determinar hasta el momento que los sospechosos habrían contactado a las adolescentes por medio de mensajes en redes sociales y les habrían solicitado imágenes sin ropa. En algunos casos, hubo también encuentros presenciales.

La adolescente cuya desaparición denunció su familia pudo ser localizada con vida. A partir del peritaje de su teléfono celular, detectaron conversaciones, imágenes y contactos de contenido sexual con distintos hombres adultos.

Tres menores son las incorporadas a la causa como víctimas, pero no se descarta que puedan sumarse más. Lo mismo respecto de los acusados.

A fines de julio fueron detenidas siete personas, el último fin de semana se concretaron otras dos detenciones y dos más en las últimas horas. Todas ocurrieron en Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés.

En los casos en los que se definió que hubo contacto digital con finalidad sexual, la acusación contempla el delito de grooming. En aquellos en que se acreditaron encuentros y contacto sexual, se avanzó con imputaciones por abuso sexual con acceso carnal.

Los números de teléfono de las adolescentes circulaban entre hombres que se conocían o compartían ámbitos cotidianos. Por el momento, los investigadores no habrían hallado una red criminal, aunque ese aspecto continúa bajo análisis.

La situación de vulnerabilidad social de las adolescentes y sus familias es un factor clave. Todas las víctimas compartirían esas características. Hay casos en los que los investigadores determinaron contraprestaciones económicas por fotografías de desnudos pedidas a las adolescentes. Se han comprobado entregas de hasta $80.000.

Para Cepede, la vulnerabilidad socioeconómica jugó un rol significativo para explicar cómo los adultos lograron manipularlas, según dijo en una entrevista con la radio Cadena 3.

El dato sobre el chip anticonceptivo que tenían colacado dos de las víctimas surgió durante los exámenes médicos y psicológicos en el Polo de la Mujer, cuando les consultaron sobre antecedentes de métodos anticonceptivos.

La Justicia también investiga la responsabilidad del sistema de salud y de los hospitales locales por la colocación del dispositivo a menores de edad.

José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores -lo desvinculó después de conocer su situación- está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Flores reconoció que Villarreal trabajaba para él pero que ya había pedido su desvinculación. Ese vínculo está mencionado en la causa por la fiscal Cepede: se consigna que figuraba como asesor del legislador, aunque la investigación apunta a establecer qué tareas realizaba efectivamente.

De esta manera, son 11 los detenidos que permanecen alojados en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la etapa de instrucción.