En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el oficialismo buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.

La iniciativa no es nueva: se presentó en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando los libertarios gozaban de un amplio dominio del recinto junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista no la puso en tratamiento con el argumento de que los esfuerzos estaban focalizados, por entonces, en la aprobación de la reforma laboral, prioridad absoluta para el Gobierno.

Ahora, apremiado por la Justicia para que cumpla con la ley 27.795 que el Congreso sancionó el año pasado −puntualmente con la actualización de los salarios docentes y los programas de becas−, el oficialismo busca reflotar la iniciativa, la cual no deroga la ley pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal.

Todavía no hay fecha de convocatoria a comisiones, pero será pronto, confirmaron a LA NACION fuentes en el bloque libertario.

Los reproches por no haber impulsado el proyecto a tiempo se amplifican en medio de la feroz interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. El asesor presidencial, que durante el verano venía llevando adelante negociaciones discretas con algunos rectores para promover el proyecto, confiaba en que obtendría de ellos un guiño para desactivar en el Congreso el frente judicial, que ya se asomaba complicado con el fallo en primera instancia del juez Martín Cormick que le ordenaba al Poder Ejecutivo el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales que disponía la ley.

El Gobierno argumenta que el cumplimiento de la norma, motorizada por la oposición, resulta un golpe letal al equilibrio fiscal. Por eso apeló el fallo de primera instancia pero, por las dudas, activó en paralelo la vía parlamentaria y presentó en febrero una reforma de la ley cuyo impacto fiscal es bastante menor a la que aprobó el Congreso.

El oficialismo en la Cámara de Diputados decidió, sin embargo, no apurar su tratamiento hasta asegurar los apoyos, que no estaban firmes. En el círculo que rodea a Caputo le achacan a Martín Menem, presidente del cuerpo y lugarteniente de Karina Milei, que la demora en tratarlo le puede costar ahora al Estado $2,5 billones, ya que hace dos semanas la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las universidades en su amparo.

“Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: obviamente al Gobierno le convenía y a las universidades también porque, por entonces, no había certezas de que la Justicia fallara a su favor. Ahora ya es tarde”, se lamentan cerca de Caputo.

En el entorno de Menem evitan entrar en polémica. “Está todo bien, lo único que tenemos para decir es que no estaban los votos”, afirman.

Lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo nunca llegó a tener siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Caputo. La cuestión es que ahora, tras el fallo en segunda instancia a su favor, difícilmente los rectores acepten negociar una reforma.

El proyecto que ahora el oficialismo quiere reactivar recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley cuya aplicación está suspendida por el Gobierno. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios.

La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.