La calidad institucional en la Argentina siempre se puede degradar un poco más. Si todas las evidencias y versiones se confirman, el propio presidente de la Nación le acaba de poner su firma, su sello y el membrete del Poder Ejecutivo Nacional a un ejemplo de arbitrariedad, autoritarismo, venganza y ataque a la libertad de prensa y de expresión al que cuesta encontrarle paralelismos y precedentes desde la recuperación democrática.

Después de haber propuesto a insistido hasta límites impensados con la postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de uno de los jueces federales más cuestionados del sistema (lo que ya es mucho decir), como es Ariel Lijo, Javier Milei acaba de solicitar el retiro del pliego de una candidata que el mismo gobierno había enviado y cuya trayectoria, formación y desempeño resultan intachables.

¿El motivo de semejante decisión? Todas las fuentes al tanto del caso, inclusive destacados integrantes del oficialismo, coinciden en que se debe a que la postulante a jueza del tribunal oral federal N°3 de La Plata es la cuñada de un periodista que ha investigado e investiga al poder desde más de dos décadas, sin concesiones ni parcialidades. En ese lapso, él y su familia han sufrido distintos actos de persecución, hostigamientos y espionaje por parte de todos los gobiernos. La aspirante a magistrada es María Verónica Michelli, y su cuñado es Hugo Alconada Mon, el periodista de investigación de LA NACION.

“Hay una obsesión fatal del Presidente y de Karina {Milei] para bajarla. Varios hablamos con ella en estos días para explicarles que, además, de ser una decisión incompatible con los principios liberales que se pregonan es una enorme torpeza política con mucho costo para el Gobierno. Solo nos queda tratar de que el Presidente lo entienda y lo haremos durante el fin de semana. Pero creemos que va a ser muy difícil que se revierta esta decisión”, admite una alta fuente del oficialismo que ha seguido el asunto desde que llegó al bloque libertario de la Cámara alta la orden de frenar el pliego.

La decisión, además, abrió otro frente de conflictos en el seno del Gobierno, donde han recrudecido cuestionamientos al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que llegó a su cargo como resultado de una imposición de la hermanísima secretaria general de la Presidencia, que le arrebató la influencia sobre esa cartera a su adversario Santiago Caputo.

“Este pibe juega para él y sus amigos de la Justicia, antes que para el Gobierno, y hace cosas sin consultar a nadie que después generan estos problemas. Así es como mando buena parte de los pliegos y después cuando alguno hace ruido en la Casa Rosada hacen estos desastres”, señaló una destacada figura oficialista, que participa de la mesa política y que no está enrolado en el bando santicaputista.

El caso abunda en tantas singularidades que nadie en el Consejo de la Magistratura, en el Senado y entre los especialistas recuerda antecedentes similares.

Al respecto, vale decir que no solo la postulante había pasado exitosamente los exámenes y entrevistas del Consejo de la Magistratura, por lo cual el cuerpo la incluyó en la terna enviada al Poder Ejecutivo, sino que fue el propio Gobierno el que envió su pliego al Senado y que entre su envío y el pedido de retiro no medió un cambio de funcionarios. El detalle no es menor.

Con esas consideraciones coincidieron otros integrantes de la Comisión de Acuerdos y un miembro del Consejo de la Magistratura.

Para más rarezas, la decisión del Presidente llegó luego de que el pliego de Michelli hubiera obtenido el número de firmas suficientes en la Comisión de Acuerdos del Senado para que su designación fuera tratada en el recinto. Por entonces, ya se le hacía insostenible al titular de esa comisión, el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, seguir cajoneando el dictamen votado por la mayoría del cuerpo. La reunión de la firma de nueve senadores, a los que se había intentado frenar por varias vías, hacía inevitable el tratamiento.

Tres legisladores que votaron favorablemente el pliego de Michelli, revelaron a LA NACION que Pagotto les había admitido que la orden de impedir su tratamiento le había llegado de su comprovinciano Eduardo “Lule” Menem, a instancias de la jefa de ambos, hermana presidencial y secretaria general de la Presidencia (en ese orden), Karina Milei, por tratarse de la cuñada de Alconada Mon.

En el último año, el periodista ha sido objeto de reiteradas descalificaciones e insultos por parte del Presidente, especialmente luego de que publicara numerosas investigaciones que complicaban o desmentían al propio Milei, a su hermana y a algunos de sus principales colaboradores en diversos escándalos que se investigan en la Justicia, como el caso de la fraudulenta criptomoneda $LIBRA o en el de los gastos suntuarios y adquisiciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nunca vimos algo así, ya que si bien hay antecedentes de pedidos de retiro de un pliego que está a consideración del Senado, esto solo ha sucedido cuando ha habido un cambio de Gobierno o un reemplazo de las autoridades del Ministerio de Justicia y cuando no tiene dictamen de la mayoría de la Comisión de Acuerdos. Pero en este caso, los mismos que firman el pedido de retiro son los que firmaron la postulación. Además, en el pedido de retiro no hay ninguna explicación y, para peor, en las explicaciones que nos dieron desde el oficialismo bajo reserva admiten que la razón es el parentesco con Alconada Mon”, señaló un senador de una de las bancadas dialoguistas que votó a favor de Michelli.

Según senadores de tres bloques distintos, incluida la bancada libertaria, el retiro del pliego debe ser tratado ahora por el pleno de la Cámara, lo que implicaría una complicación adicional para el Gobierno, que intenta dar por terminado el escandaloso asunto y no exponerse al debate en una sesión que puede ser de alto voltaje y en la que corre el riesgo de ser derrotado

Al respecto, desde la bancada de la UCR advirtieron: “Estamos aguardando explicaciones. Para nosotros, sin una justificación razonable no se detiene el proceso y hasta ahora nadie del Gobierno ni del bloque oficialista ha dado una explicación formal y pública”.

Según expertos en Derecho, el caso reúne todas las características para ser considerado una arbitrariedad grave. “Se lo puede incluir en una de las trece causales que el gran jurista Genaro Carrió estableció para definir la arbitrariedad de una sentencia, que es acá el de la contradicción”, explicó el asesor letrado de uno de los legisladores que evalúa cómo podría continuar con el caso.

Ante esta situación, los miembros de las bancadas no oficialistas de la Cámara alta se encuentra ante una oportunidad y un dilema. Por un lado, tienen la oportunidad de demostrar que defienden la independencia del poder que integran, el valor que le asignan a la calidad institucional y el respeto que profesan por derechos fundamentales consagrados por la Constitución.

Por otro lado, son muchos los que se debaten sobre la conveniencia de dar esa batalla y poner en riesgo el tratamiento de los pliegos de numerosos jueces que ellos o sus gobernadores impulsan. Los intereses que se juegan en la designación de magistrados nacionales son demasiados. La politización de la Justicia, a la que Milei prometió ponerle fin como parte de su batalla contra las castas, está a punto de demostrar su vitalidad gracias al oxígeno que le da el Gobierno con su arbitraria decisión.

“Lo de Michelli es muy grosero, pero nadie quiere inmolarse. Son muchos los que temen que se caigan los pliegos de jueces que ellos mismos o sus gobernadores impulsan”, admite un senador que está entre los que dieron pelea por sostener el pliego de la candidata objetada por el Gobierno.

A mismo tiempo, entran en juego cuestiones de índole político-electoral que complican la resolución de este asunto. Es lo que le sucede al macrismo, por un lado, y al radicalismo por el otro.

Los vínculos de colaboración y confrontación con el oficialismo atravesados por necesidades de recursos en los casos de quienes conducen gobiernos provinciales y especulaciones electorales irresueltas hacen que toda definición atraviese numerosos procesos de discusión subterráneos.

En este último plano, la desconfianza y la indefinición sobre eventuales alianzas electorales provinciales o nacionales para 2027 hace que nadie quiere exponerse públicamente. Las consultas realizadas con los principales dirigentes partidarios de Pro y del radicalismo sobre este conflicto solo encontraron respuestas en off the record.

Al mismo tiempo, el caso de la postulación a jueza de Michelli abre un dilema para el kirchnerismo en el Senado, que tiene en Alconada Mon a uno de los investigadores más tenaces y que más ha revelado hechos de corrupción ocurridos durante los cuatro gobiernos krichneristas. En sus manos podría estar la posibilidad de que cuando el pliego llegue al recinto aporte los votos para que sea designada magistrada y propinarle otro golpe al Gobierno.

“Es tan torpe lo que hicieron Javier, Karina y Mahiques con esto que están a punto de revivir la alianza entre kirchneristas y antikirchneristas que votó la ley de financiamiento universitario, que todavía estamos padeciendo”, señala, al borde del desconsuelo, un integrante del oficialismo al que los hermanos Milei escuchan, pero no siempre atienden sus razones.

Todo parece posible en la Argentina, donde la calidad institucional siempre puede devaluarse un poco más.