La reforma laboral no terminó de sortear el primer obstáculo y ya suma otro. Mientras el artículo 44 sobre licencias médicas encamina el proyecto de regreso al Senado, los aliados del centro político avisaron que en Diputados también impulsarán otras modificaciones.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.

Sin esos votos, el oficialismo podría perder la pulseada durante la votación en particular. En la Casa Rosada trabajan contrarreloj para evitar más recortes al texto original. Si a las modificaciones que impulsa la oposición se suma la eliminación del artículo 44 -que prevé un recorte salarial ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo- el Senado podría convalidar en paquete, por sí o por no, todos los cambios introducidos. Fue así como se votó la Ley Bases. El ruido político y las críticas de la opinión pública que generó ese artículo condiciona la suerte del resto de la reforma.

El oficialismo, sin embargo, podría invocar un antecedente para abrir la votación en el Senado. Se trata de un acta firmada en 1995 por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora”.

La discusión comenzará a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El debate estará atravesado por el cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que deja alrededor de 900 personas sin empleo y suma presión social al tratamiento del proyecto. Invitados por el kirchnerismo, expondrán representantes de las tres centrales sindicales -CGT y las dos CTA- y se prevé la participación del gremio del neumático, vinculado a la izquierda.

Pese al escenario adverso, el Gobierno mantiene la intención de sesionar este jueves. La meta es que Javier Milei pueda exhibir las reformas laboral y penal juvenil durante la asamblea legislativa del 1° de marzo. Pero el recinto se presenta díscolo y la votación en particular podría deparar sorpresas.

Los libertarios parten de una base cercana a los 122 votos, sumados Pro, la UCR y el MID. Más allá de ese núcleo, los apoyos no están asegurados y buena parte del centro político ya tomó distancia de los artículos más controvertidos.

El rechazo al FAL, tal como está planteado, es compartido por el interbloque Unidos (22 integrantes), parte de Innovación Federal (5) y la cordobesa Natalia de la Sota.

Desde el espacio Provincias Unidas (PU) fueron explícitos. “El FAL desfinancia la Anses, a las provincias y a un sector al que se le pega durísimo hace dos años, que son los jubilados. Pero claro: ¿quién gana defendiendo a los jubilados? Estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos anuales”, advirtió el diputado Pablo Juliano. La jefa del espacio, Gisela Scaglia, confirmó a LA NACION que impulsarán modificaciones al artículo.

En el Senado, este punto también encontró resistencia entre los representantes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), habituales acompañantes del oficialismo en votaciones ajustadas.

Es posible, no obstante, que los cuatro misioneros alineados con Carlos Rovira e integrantes de Innovación Federal acompañen al oficialismo, como ya lo hicieron sus referentes en el Senado. Aun con esos votos, el Gobierno necesitaría al menos dos avales adicionales para asegurarse la mayoría.

En ese escenario, en la Cámara baja no descartan una herramienta habitual en votaciones ajustadas: reducir el número de presentes para bajar el umbral necesario y facilitar la aprobación. Es una salida funcional para quienes dudan y prefieren evitar el costo político de respaldar artículos que luego podrían ser cuestionados en sus provincias.

El último título (XVI), que propone derogar estatutos profesionales -entre ellos los de viajantes de comercio, peluqueros, periodistas, teletrabajadores, empleados de supermercados, enfermeros y el régimen de mano de obra nacional- también acumula cuestionamientos. La resistencia no proviene solo del kirchnerismo: sectores dialoguistas consideran excesivo el alcance de la eliminación. Ese título fue, de hecho, el que menos avales reunió en la Cámara alta: se aprobó con 38 votos, apenas uno por encima de la mayoría.

Además, el oficialismo deberá lidiar con planteos de sus aliados más cercanos. Pro y el MID insistirán en habilitar que las billeteras virtuales funcionen como cuentas sueldo, una demanda que ya habían formulado en el Senado. El Gobierno la rechazó entonces con el argumento de que, a diferencia de los bancos, muchas fintech no cumplen con las exigencias regulatorias del Banco Central para garantizar respaldo y protección a los usuarios.

Sin embargo, esta propuesta no concita consenso en el resto de los bloques, por lo que su incorporación al texto final aparece, por ahora, cuesta arriba.