El calor agobiante se volvió protagonista de la movilización que empezó a primera hora de la mañana en la fábrica de Fate, en San Fernando, donde un grupo de trabajadores se manifiestan contra el cierre de la fábrica, anunciado esta madrugada.

Los más de 30 empleados y delegados gremiales que por la mañana reclamaban justicia, tocaban bombos y agitaban banderas, pasado el mediodía buscaban desesperadamente la sombra bajo los árboles que se encuentran en los bordes del predio de 40 hectáreas. El conflicto parece extenderse, pese a que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

Sobre Blanco Encalada, entre Paul Harris y Simón de Iriondo, cortaron parte del alambrado. Por ahí entran y salen manifestantes.

La movilización comenzó poco después de que se anunció el cierre de la fábrica y el despido de 920 empleados. Las primeras horas fueron de mucha tensión. Llegaron policías y trabajadores denunciaron que fueron reprimidos con balas de goma. Ese clima recrudecido se potenció luego de que casi dos decenas de empleados subieran al techo de la fábrica a protestar.

La tensión continuó hasta que, cerca de las 13, se escuchó un grito. “Todos los trabajadores ingresen a la fábrica. Mañana se va a votar una reformar laboral y hay que decirle a la CGT que llame a la huelga laboral. Y tenemos que hacérsela plantear acá adentro, defendiendo los puestos de trabajo”, dijo un delegado gremial. De repente, varias cabezas comenzaron a moverse entre el público que estaba junto al alambrado.

El secretario gremial de Sutna, Alejandro Crespo, tomó la palabra con un megáfono. “Estamos en audiencia [de conciliación] transmitiéndole al Gobierno y a toda la opinión pública que los trabajadores vamos a defender nuestros puestos de trabajo. Vamos con toda la fuerza y entendamos con claridad que los que nos encontramos con este salvajismo y ataque contra los trabajadores somos nosotros, los trabajadores que conocemos a esta fábrica”, señaló.

Crespo venía de una hora de diálogo; primero, con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y luego, con funcionarios del Ministerio de Capital Humano de la Nación, informaron a su lado.

Dijo entonces que se había dictado la conciliación obligatoria, pero que eso no implicaba que debieran retirarse. “Declararon conciliación obligatoria. No significa que tenemos una solución, es que la empresa está actuando acá en forma ilegal porque tiene la orden de reabrir. Como eso no pasa, nos vamos a quedar hasta que pase”, advirtió.

Luego, se recluyó a un costado, en un árbol alejado, junto con sus delegados más allegados. Teléfono en mano, continuó las conversaciones con la gestión libertaria hasta que, un rato después, guardó el celular en su bolsillo. Entre los delegados se tomaban la cabeza y caminaban alrededor del árbol. Más de una hora después, Crespo continuaba en el mismo lugar.

Mientras tanto, los demás trabajadores descansaban acostados en el pasto o apoyados sobre los árboles, a la espera del llamado del secretario gremial.

Varios hablaban de sus telegramas y le preguntaban a sus compañeros si ya los habían recibido. El texto es conciso y claro. “Fate ha venido atravesando un contexto de severa crisis económica y productiva que desde hace tiempo viene afectando muy negativamente la actividad de la empresa. Ante la gravedad de la situación, la compañía adoptó diversas medidas de reestructuración y reorganización, incluyendo cambios en la organización del trabajo, los esquemas retributivos y la planificación comercial con el objetivo de adecuarse a las nuevas realidades y exigencias del mercado. Tales circunstancias fueron profusamente acreditadas por la empresa en el marco del expediente del Ministerio de Capital Humano en el que tramito PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. En ese marco, y a pesar de los esfuerzos realizados para intentar alcanzar la sustentabilidad de la empresa, el escenario actual tiene un empeoramiento de múltiples factores que tornan inviable la continuidad de la operación”, escribió la empresa para notificar los despidos.

Y concluyó: “En consecuencia, les comunicamos la extinción de su contrato de trabajo sin invocación de justa causa en los términos del artículo 245 LCT con efectos a partir del día 18 de febrero”.

Johnny Nieva, delegado de Sutna y tercer vocal de la seccional San Fernando, criticó la postura de la empresa al manifestar que parte de la responsabilidad recae sobre el gremio. “El problema es que Madanes Quintanilla quiere mudar su economía a otra producción. Nosotros buscaremos la solución que se pueda”, expresó. Sostuvo que el gobierno nacional no busca entrometerse en el cierre de la empresa, sino que quiere que se paguen las indemnizaciones correspondientes. “Nosotros hace un año no tenemos aumentos de sueldo. Hace 14 meses”, reclamó, y sumó: “Somos un sindicato que viene defendiendo el poder adquisitivo y los puestos de trabajo desde 2016. No nos vamos a ir ahora. Nos vamos a quedar a dar batalla”.

En paralelo, en el predio se escuchaban conversaciones entre los trabajadores. “Mi familia…”, “la plata…”, “el alquiler…”, son algunas de las palabras que se repetían en los diálogos angustiados. Cristian trabaja en la fábrica hace 14 años y sostuvo que viven el momento con “mucha incertidumbre”. “No sabemos qué va a pasar. Mañana venimos y no sabemos si vamos a poder entrar o si la fábrica va a estar cerrada definitivamente. La empresa no dio la cara por nosotros”, dijo.

Relató que la presencia policial no es una novedad en el predio sino que persiste allí desde 2024, cuando hubo una serie de despidos en la fábrica. “La policía está hace rato. Hay patrulleros que antes no estaban y mucha tensión con los compañeros. No te dejan moverte tranquilo, parece que nos estuvieran vigilando todo el tiempo mientras trabajamos”, contó de lo que pasaba, según su relato, hasta ayer, cuando la planta funcionaba.

Y añadió: “Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que tienen que comer”.

Con la colaboración de Maximiliano Marqués