En los días que siguieron a la salida de Paul Starc de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) surgieron versiones alternativas a la que ofreció el Gobierno respecto a su partida, que habría resultado ser más traumática de lo que trascendió desde el oficialismo.

Por su rol antilavado, de recepción y análisis de datos, la UIF está obligada a desplegar sus actividades en contacto continuo con otros organismos, y los chispazos entre Starc y otras áreas del Estado se dieron desde el comienzo de su gestión, y de forma permanente, aseguraron a LA NACION fuentes indiscretas que lo trataron durante su paso por el organismo.

Los desentendimientos del otrora fiscal federal de Tres de Febrero habrían sido con la Procuraduría General y el Ministerio de Economía, en este caso, según trascendió, por diferencias en torno a la ley de Inocencia Fiscal. Pero tampoco faltaron roces con la Procelac, una fiscalía especializada en lavado, a la que Starc elegía eludir cuando presentaba sus denuncias en la Justicia, y con el Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cúneo Libarona, cartera con la que nunca logró acordar el reparto de una reparación integral millonaria en un juicio.

Así, la red de vínculos del funcionario se fue deshilachando. La manifestación más gráfica de ese proceso llegó con la decisión de clausurar la puerta que conectaba su despacho con el de la vicepresidencia, en manos de Santiago Martín González Rodríguez. Su aislamiento, sin embargo, alcanzó nuevas profundidades un mediodía, cuando solicitó, con cierto temor, que le probaran la comida. El mecanismo de prevención terminó por encender nuevas alarmas.

El Gobierno maquilló las desventuras al sostener que el funcionario no volvería a su fiscalía natal, sino que sería relocalizado como parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), un lugar de baja exposición política y buen sueldo, adonde el fiscal buscaba recalar. Pero su desembarco allí no estaría permitido por la ley de ética pública por su cargo anterior.

Ante la noticia, algunos se pusieron rigurosos con un tecnicismo, resaltando un artículo de la reglamentación de la UIF que impide a sus autoridades desempeñar cualquier rol profesional que esté obligado a reportar irregularidades ante el propio organismo antilavado, por el cabo de dos años. Es el caso de los contadores públicos o de las entidades financieras, como el Bice.

Otros ponen en duda incluso los dichos del Gobierno tras su salida – que “desempeñó sus funciones con profesionalismo”- y aseguran que, en octubre último, durante una corta visita de dos días a Paris en el marco de un plenario internacional, el exfiscal dividió su tiempo entre los compromisos antilavado y el disfrute nocturno.

El Congreso no es solo negociaciones, leyes y rosca política. También hay lugar para la charla distendida, los vínculos personales y, por qué no, el amor. En los últimos días comenzó a circular un comentario sobre un acercamiento entre dos legisladores que cruza provincias y pertenencias políticas.

De Buenos Aires a Catamarca, y del ex Juntos por el Cambio al peronismo, Fernanda Ávila y Nicolás Massot quedaron envueltos en rumores que hablan de una sintonía que va más allá de lo parlamentario. La casualidad quiso que, en este nuevo período legislativo, quedaran sentados juntos en el recinto.

Ávila se referencia políticamente con el gobernador Raúl Jalil, fue secretaria de Minería durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y hoy integra el bloque Elijo Catamarca, tras escindirse de Unión por la Patria junto a otros aliados del mandatario provincial.

Massot, en tanto, integra Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, y el interbloque Unidos. Se sabe que el diputado bonaerense terminó su matrimonio el año pasado. El resto, por ahora, circula solo en clave de off.

Una cumbre de jefes de bloque en la presidencia de la Cámara de Diputados, con Martín Menem como anfitrión, congregó el miércoles por la tarde a periodistas de distintos medios en los pasillos del Congreso. Hacían guardia, charlaban con legisladores a medida que salían de la reunión y cruzaban off the record, cuando algo empezó a desentonar.

Entre off y off, periodistas y diputados comenzaron a toser, lagrimear y, en algunos casos, a ponerse visiblemente colorados. “¿Qué está pasando?”, fue la pregunta que empezó a repetirse. Hubo hipótesis rápidas: el polvo de la cafetería en obra, a pocos metros de donde estaban. Duró poco. La explicación era otra.

El gas lacrimógeno estaba entrando por las aberturas desde la calle, donde se desarrollaba una nueva movilización de jubilados y personas con discapacidad, ya convertida en una postal recurrente de los miércoles. En esa misma protesta fue detenido el padre Paco Olveira, que reclamaba junto a las organizaciones convocantes.

La escena se trasladó entonces del off político al resguardo físico: la actividad periodística quedó interrumpida y los cronistas se dispersaron por los pasillos en busca de aire, entre tos y ojos llorosos.

Febrero comenzó con cambios para la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, que, por apenas dos días, reemplazó el conocido recinto de la Legislatura porteña por el hemiciclo del Parlamento Europeo. Allí, el martes pasado, la segunda al mando de Jorge Macri consolidaba su admisión a la derecha global con su participación en la VII Cumbre Transatlántica, el evento que también convocó a parte del repertorio de aliados internacionales de Javier Milei como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el diputado español y referente de Vox, Santiago Abascal.

Muzzio había recibido su invitación a la cumbre en octubre a instancias de la Red Política por los Valores, una agrupación que reivindica la “cultura de la vida y la familia como célula básica de la sociedad”. Era un reconocimiento a su trabajo no oficial como portavoz de esos valores, un rol que construyó a base de tuits y publicaciones en redes sociales sobre la baja de la natalidad y las concepciones “biológicas” sobre género y sexualidad.

La vicejefa de gobierno llegó al Parlamento Europeo el 3 de febrero para exponer sobre libertad de expresión ante un repertorio que mira con desconfianza los discursos políticamente correctos. Allí, también estaban, como invitados, los diputados de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

Su alocución fue breve, pero contundente. En apenas ocho minutos, relató los agravios que recibe por mostrarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo o las transiciones de género. Pero ante todo, reafirmó su banca en las filas de la derecha internacional con una premisa concisa: “Siempre defenderé la verdad objetiva, biológica y científica”.

Sonriente y enfundada en un traje sastrero marrón chocolate, la dirigente de Pro dejó atrás las camisetas con los colores de la bandera LGBTIQ+ que alguna vez lució junto a exfuncionarios de Horacio Rodríguez Larreta y que las redes sociales le recuerdan con cierta frecuencia. Quienes la conocen dicen sin dudar que esta mujer alineada con la definición binaria del sexo y la agenda provida -“antiwoke” en términos libetarios- es “la verdadera Clara”.

Menuda sorpresa se llevaron algunos diputados nacionales libertarios cuando, la noche del martes pasado, se apareció nada menos que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la comida que compartían en un coqueto restaurant de sushi de Villa Crespo.

De buen humor, la hermana del presidente y jefa política del espacio saludó con beso y abrazo a cada uno y, en un improvisado discurso, instó a sus acólitos a preservar la unidad, no ventilar las desavenencias al sol y a priorizar las políticas del Gobierno. “A los proyectos del Poder Ejecutivo primero se los vota y después se los lee”, aleccionó, como para que no quedaran dudas. La aplaudieron a rabiar.