El Gobierno ultima detalles para enviar al Congreso una nueva reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reducir el financiamiento estatal de los partidos y endurecer las condiciones para su reconocimiento nacional y permanencia.

Se trata de una iniciativa políticamente compleja. No solo porque el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar una reforma electoral, sino porque sus aliados más importantes, Pro y la UCR, ya anticiparon que no respaldarán la eliminación de las primarias, un mecanismo que consideran clave para ordenar las internas dentro de las coaliciones.

Según pudo saber LA NACION, el texto se encuentra en su etapa final de elaboración. Los equipos técnicos del Poder Ejecutivo trabajan en la redacción junto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, responsable de revisar los proyectos que llegan a la firma del presidente Javier Milei.

La propuesta busca eliminar la instancia de primarias obligatorias, pensada originalmente para que la ciudadanía participe en la definición de candidaturas que antes quedaba restringida a los afiliados partidarios. “Las PASO desgastan a la gente”, sostuvo el Presidente el domingo pasado en diálogo con Luis Majul en LN+.

No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en ese sentido. La eliminación de las primarias ya había sido incluida en la primera versión de la Ley Bases, que fue rechazada en Diputados. Más tarde, en febrero de 2025, el Congreso aprobó su suspensión por un año. Ahora el objetivo del Gobierno es eliminarlas de manera definitiva de cara a la próxima elección presidencial.

La supresión de las PASO implicaría también la desaparición del piso electoral del 1,5% de votos que actualmente se exige para competir en las elecciones generales. Ante ese escenario, en el oficialismo analizan incorporar otros filtros para evitar la proliferación de partidos con escasa representatividad.

Sería en paralelo la modificación de la ley de partidos políticos. Una de las medidas en evaluación es incrementar el número mínimo de afiliados necesarios para constituir una fuerza política, que hoy tiene un techo de 4000 afiliados. La idea del Poder Ejecutivo es, como mínimo, duplicar ese requisito.

También se plantea endurecer las condiciones para obtener la personería jurídica nacional. Actualmente, un partido que logra reconocimiento en cinco distritos puede obtener esa categoría. La propuesta oficial apuntaría a llevar a 10 ese requisito.

El Gobierno también evalúa modificar las causales de caducidad de los partidos con bajo nivel de representación. Hoy una fuerza pierde su personería si no alcanza el 2% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. En el oficialismo consideran elevar ese umbral y evitar maniobras que permiten a partidos pequeños sostener su vigencia a través de alianzas electorales.

El objetivo declarado es reducir la fragmentación del sistema político y limitar la existencia de los llamados “sellos de goma”: partidos con escasa representación que terminan cediendo su personería para integrar coaliciones electorales. Paradójicamente, varias de esas estructuras fueron las que permitieron a Milei construir su candidatura presidencial en 2023, como Unite, Pumas Libertarios, el Partido Demócrata y el partido FE.

El paquete electoral incluye además cambios en el financiamiento político. El Gobierno busca eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales. Con la implementación de la boleta única de papel, dejaría de financiarse la impresión de boletas partidarias y los espacios publicitarios. En cambio, se mantendría un único aporte anual al Fondo Partidario Permanente destinado al funcionamiento general de los partidos.

En paralelo, se analiza flexibilizar los límites a los aportes privados. Actualmente, las personas humanas o jurídicas tienen un tope anual equivalente al 2% del monto que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores del distrito. Para las campañas electorales, el límite individual también se fija en el 2% del gasto máximo permitido para esa elección.

En el oficialismo reconocen que el camino legislativo será complejo. Las reformas electorales requieren mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, números que La Libertad Avanza no puede reunir sin el apoyo de sus aliados.

Pro y la UCR, actores clave para alcanzar esos votos, ya manifestaron su rechazo a eliminar las primarias. Consideran que suprimirlas fortalecería el poder de las conducciones partidarias y debilitaría los mecanismos de competencia interna dentro de las coaliciones.

Durante un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral a fines de marzo, dirigentes de ambos espacios plantearon que cualquier modificación debería contemplar algún mecanismo alternativo para ordenar las candidaturas.

“Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, advirtió el senador radical Maximiliano Abad. En la misma línea, la legisladora porteña de Pro Silvia Lospennato señaló: “No quedan claros los objetivos de eliminar las PASO y eso es algo que tenemos que resolver”.

Pese a esas resistencias, en el oficialismo aseguran que enviarán al Congreso su propuesta en su versión más ambiciosa. “Después vendrá la instancia de negociación política”, resumió un referente libertario en Diputados.