El oficialismo abrió el recinto de Diputados con la mira puesta en impulsar su propia agenda y evitar que la oposición le marque la cancha. Para conseguirlo, tuvo que hacer concesiones a sus aliados e incorporar al temario iniciativas que, hasta hace poco, el Poder Ejecutivo se negaba a convalidar o directamente buscaba derogar.

La sesión comenzó a pasadas las 12.20 con la presencia de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales: los diputados aliados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda (FIT), los radicales críticos, el socialismo, la Coalición Cívica y, llamativamente, los tucumanos aliados a Osvaldo Jaldo eludieron sumarse al quorum.

Se prevén más de 17 horas de debate por la cantidad de proyectos en discusión y las diferencias que atraviesan al arco político.

El punto más sensible es la política de discapacidad. Frente al rechazo político y social que generó su intención de endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones, el oficialismo en Diputados se vio obligado a negociar una salida intermedia para evitar una crisis mayor. La propuesta busca, además, impedir que la oposición crítica vuelva a imponer una ley de emergencia.

El dictamen consensuado incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.

En el Poder Ejecutivo, sin embargo, persisten los reparos por el costo fiscal de la iniciativa. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, si se contempla el padrón completo.

Otro de los retrocesos del oficialismo quedó expuesto en el debate sobre la Ley de Tierras, que establece límites a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros y que el Gobierno pretendía derogar. Tras un derrotero que también involucró a la Justicia, y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el DNU 70/2023 -que contiene otras derogaciones de peso-, los libertarios terminaron por incorporar la protección de esa norma al proyecto de propiedad privada, que ya había sufrido importantes modificaciones en el Senado.

Además de preservar los límites a la compra de tierras, la iniciativa contempla una agilización de los desalojos, requisitos más rigurosos para las expropiaciones estatales y una modernización del registro de la propiedad inmueble. Será el primer tema en discusión y, de aprobarse, volverá al Senado para su sanción definitiva.

El temario también incluye un proyecto que reúne un amplio consenso para establecer un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, desde la materia prima hasta su aplicación al paciente, e incorporar alertas ante posibles irregularidades. La iniciativa surgió después de la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas.

En otro gesto hacia sus aliados, el oficialismo incorporó un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.

La sesión también tendrá un capítulo dedicado al endeudamiento de las familias. Mientras el oficialismo buscará avanzar con su proyecto de educación financiera para prevenir la morosidad, la oposición intentará imponer una propuesta de reestructuración de deudas que contempla topes a las tasas de interés y mecanismos de refinanciación de intereses y punitorios.