La oposición abrió el recinto del Senado con un temario que arrincona al Gobierno: busca sostener la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Javier Milei, y acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Todo, a días de las elecciones bonaerenses.

En el primer caso, el Senado tiene la última palabra: si reúne los dos tercios para rechazar el veto, la norma quedará vigente y deberá cumplirse. En el segundo, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.

Podría irrumpir, también, un pedido de interpelación a la secretaria General, Karina Milei, por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que describen un presunto esquema de coimas y la señalan como beneficiaria final. Aunque el kirchnerismo no lo planteó en la reunión de presidentes de bloque de ayer, nadie lo descarta. La definición quedará atada al pulso del recinto: sin dictamen, el tratamiento sobre tablas exige dos tercios, un umbral que parte de la oposición evita derribar para no quedar alineada con una jugada que el kirchnerismo empuja en clave electoral.

Con Milei en Estados Unidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel en ejercicio de la presidencia, el senador Bartolomé Abdala -presidente provisional- comanda la sesión.

Diputados ya dio el primer paso con la emergencia en discapacidad: 172 votos a favor entre bloques críticos y “heridos” del último cierre de listas. Con ese antecedente y el caso Andis en primer plano, en el Senado la oposición confía en reunir los dos tercios para sostener definitivamente la ley. De ocurrir, sería la primera insistencia que el Congreso le impone a esta administración y un golpe al escudo legislativo de Milei.

La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

El Gobierno la vetó por costo fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como no se aplicará el aumento jubilatorio -Diputados no logró insistir con esa ley-, el impacto de la emergencia en discapacidad, sin cambios en movilidad ni bonos, caería a un rango de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.

La reforma sobre DNU no tiene costo fiscal, pero sí efectos institucionales. Un arco amplio -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo. La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.

El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.

Con dictamen firmado, la iniciativa necesita mayoría simple para obtener media sanción en el Senado. La última palabra la tendrá Diputados.