Así como no todo lo que reluce es oro, el voto de los senadores peronistas contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no implica una señal de unidad en el PJ sino que, por el contrario, encubre un hervidero de internas que amenazan con hacer volar por los aires la más que endeble unidad del conglomerado que conduce José Mayans (Formosa).

Que el peronismo pasa por su peor momento en la Cámara alta es una verdad que ya no se puede ocultar. Qué un oficialismo que apenas tiene 21 senadores haya logrado aprobar una reforma que flexibiliza de las leyes laborales en el Senado hubiese sido inimaginable hace menos de un lustro atrás y es toda una señal del retroceso que vienen registrando los seguidores de Cristina Kirchner.

Pero las señales siguen acumulándose. Desde diciembre, el conglomerado peronista en el Senado se ha dividido en tres bloques, tras la última elección el kirchnerismo tocó la cota más baja de bancas desde que devino en el sector hegemónico del partido fundado por Juan Domingo Perón y, como si fuera poco, su intención de seguir imponiendo su agenda y estrategias ha convertido en una olla a presión al interbloque rebautizado “Popular”. Si hasta el nombre, elegido por la conducción kirchnerista, molestó a varios legisladores por considerar que no expresa nada.

La tensión interna alcanzó su pico más alto en la previa a la sesión por la reforma laboral cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció en público al kirchnerismo por llevar a cabo “aprietes” y “presiones” para imponer por la fuerza su postura de rechazo cerrado al proyecto.

“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, afirmó Sáenz, que lleva años enfrentado con la conducción de Cristina Kirchner.

En un despacho de la Cámara alta avalaron los dichos de Sáenz, pero fueron un poco más allá y equipararon la situación con las purgas de la desaparecida Unión Soviética. “Como ven que está perdiendo poder el kirchnerismo está haciendo estalinismo puro y duro, expulsando a todo aquel que disiente con ellos”, se quejó un legislador que hace rato viene amenazando con abandonar el sector kirchnerista de la bancada, pero que siempre encuentra una razón para no hacerlo.

Las palabras del mandatario salteño también encontraron eco durante el debate de la reforma laboral, cuando la jujeña Carolina Moisés se quejó en pleno recinto por las presiones y la persecución que viene sufriendo como consecuencia de su enfrentamiento interno en Jujuy con Leila Chaher, referente de La Cámpora con llegada directa a la expresidenta que cumple condena por corrupción.

“Llevo más de un mes aguantando una campaña tremenda, con aprietes espantosos, de parte de algunos que se dicen compañeros, atacándome y tratando de doblar mi voluntad, poniendo en duda por qué voto lo que voto”, denunció Moisés.

La senadora acusó al kirchnerismo de haberla expulsado del PJ de Jujuy “por las decisiones” que tomó en el ejercicio de su cargo. “La verdad es que no les tengo miedo; mi voluntad está conducida no por una persona ni un partido, sino por la voluntad de los jujeños que me pusieron en esta banca”, desafió.

Moisés votó en contra de la reforma, dando por tierra con versiones periodísticas que la ubicaban apoyando el proyecto. “Eso querían ellos para tener una razón para expulsarnos. Nos vamos a ir, pero cuando lo dispongamos nosotros, y cuando lo hagamos nos vamos a llevar a varios de los que hoy están con los kirchneristas”, advirtió a LA NACION un allegado al bloque Convicción Federal, molesto por la estrategia adoptada por el kirchnerismo de negarse a participar del debate y obligar a sus senadores a tomar posturas extremas, sin grises.

Convicción Federal es uno de los tres bloques en que se divide el interbloque “Popular” y está integrado por Moisés, Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), todos críticos de la praxis política y del modelo de conducción del kirchnerismo.

El grupo acaba de dar otra señal fuerte de disidencia interna, aceptando integrar las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores a contramano de la estrategia de la conducción del interbloque, que se niega a designar representantes en los cuerpos de trabajo legislativo en protesta porque no se le respeta el número que, aseguran, les correspondería en un reparto proporcional.

El mapa peronista del Senado se completa con la mayoría kirchnerista, aglutinada en el Bloque Justicialista y que conducen la troika conformada por Mayans, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), todos con llegada directa a San José 1111; y los dos miembros del boque del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el exgobernador Gerardo Zamora.

Por el momento no hay fecha de ruptura porque nadie quiere dar el primer. Pero la tensión viene en aumento, con gestos de desafíos internos y un tema en la agenda futura del Senado que podría convertirse en el detonante de la ruptura: la elección de los jueces de la Corte Suprema.

El Gobierno ya ha tomado nota de que el kirchnerismo cayó a 21 legisladores puros y, por lo tanto, perdió la llave del tercio del cuerpo (24 legisladores) que lo convertía en factor clave a la hora de negociar los nombres de los candidatos a ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal.

En otras palabras, en la Casa Rosada saben que todavía necesitarán de votos peronistas para conseguir los dos tercios que exige la Constitución para darles acuerdo a los magistrados, pero también tienen claro que Cristina Kirchner ya no tendrá que estar necesariamente sentada en esa mesa. Todo un golpe para la expresidenta.