El Senado sesionará este jueves, a partir de las 12, para tratar una agenda acotada de temas y que tendrá una novedad un tanto amarga para el Poder Ejecutivo. Si bien se incluyó en el temario, el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA sufrirá modificaciones y, por lo tanto, no será ley, ya que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

El otro tema incorporado para el debate tampoco está muy firme. Se trata del proyecto de zonas frías, iniciativa que modifica la ley sancionada en 2021 por el kirchnerismo para recortar los subsidios al gas en amplios sectores el país. El texto plantea una división regional en el recinto que atraviesa de manera transversal los bloques políticos. “Están atados con alambre”, dijeron en el oficialismo sobre los votos para aprobarlo; si los consiguen, será ley.

Los cambios que demorarán la sanción de la reforma del marco regulatorio del Central fueron confirmados por la líder del bloque oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), al término de la reunión de jefes de bloque.

La novedad tiene que ver con la cláusula elaborada por el Poder Ejecutivo que, para blindar y darle estabilidad al BCRA, estableció la necesidad de conseguir el voto de los dos tercios de ambas cámaras para remover a un director de la entidad, una mayoría agravada similar a la que se requiere para el juicio político al Presidente y a los jueces de la Corte.

Una norma tan estricta era la forma en la que la administración libertaria pretendía blindar al actual titular del BCRA, Santiago Bausili.

En el recinto se cambiará ese texto por uno que establecerá la necesidad de reunir mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar −hoy se requiere la mitad más uno de los presentes− como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente.

Además, se excluirá a la Cámara de Diputados del proceso, que quedará limitado al Senado por ser la cámara legislativa que tiene la facultad constitucional de nombrar a los miembros de la conducción del banco, según destacó Bullrich al explicar las modificaciones que se le introducirán al proyecto.

La sesión fue acordada esta tarde en una reunión de Labor Parlamentaria, encuentro en el que Bullrich también propuso incorporar un proyecto que agrava las penas por el delito de falsas denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada (Santa Fe).

Sin embargo, su propuesta se encontró con la oposición del kirchnerismo y del peronismo que, en sintonía con la postura de colectivos feministas, consideran el tema una jugada destinada a desalentar las denuncias por abuso y acoso sexual.

En la reforma de la carta orgánica del Banco Central se involucró el propio presidente Javier Milei, quien la ubicó como una de las prioridades legislativas de su Gobierno al considerarla una iniciativa estratégica.

Su principal reforma es la modificación de la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria para fijarle como principal objetivo la de preservar el valor de la moneda, eliminando las metas fijadas durante el kirchnerismo, que incluían la preservación del empleo y del desarrollo económico con equidad social, entre otras medidas.

En su búsqueda de convertir al Banco Central en el custodio del valor del peso, le restringe la posibilidad de financiamiento al Tesoro, prohibiéndole otorgar adelantos transitorios, limitando su participación en el mercado mediante la compra de títulos públicos y restringiendo la posibilidad de que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.

El proyecto de zonas frías, por su parte, cambia de manera radical el régimen de subsidios al gas que en 2021 votó el kirchnerismo para incluir a ciudades y regiones ubicadas más allá de la zona patagónica, medida que el Gobierno calificó como “electoralista” a la hora de defender su iniciativa.

El texto que llega al recinto reduce el alcance geográfico automático del esquema y reserva la cobertura subsidiada a las regiones de frío más extremo del país, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

A contramano del criterio principalmente territorial, el Gobierno propone focalizar los beneficios por nivel de ingresos y según condiciones de vulnerabilidad.

Así, los hogares alcanzados por los parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarán expuestos a una reducción o eliminación del descuento.

La iniciativa combina una discusión fiscal con otra de fuerte contenido federal. Para el oficialismo, el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente.

En la vereda de enfrente, el kirchnerismo y otras fuerzas provinciales sostienen que la reforma traerá aparejada fuertes aumentos de tarifas para hogares y actividades económicas de zonas con inviernos rigurosos que obligan a consumos elevados de gas.

El Gobierno necesita la sanción de zonas frías por el ahorro que le implicará la reducción de subsidios, lo que le permitirá acercarse a sostener su credo basado en el superávit fiscal.

Con ese objetivo se ha movido el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceptando el reclamo de las provincias del norte para crear un régimen de zonas cálidas: aportes financieros para sustentar el mayor consumo eléctrico en los meses calurosos del año.

Sin embargo, el hecho de que esas inyecciones financieras se dispongan por resolución y no queden asentadas en una ley genera cierta incertidumbre en los gobernadores, lo que podría traducirse este jueves en un retaceo de votos que podría obligar a suspender el debate del proyecto.